Joaquim González Muntadas, Secretario General de Fiteqa-CC.00.
Imaginemos un
país en el que la debilidad de la demanda interna no permite impulsar las
inversiones privadas; en el que el déficit de las cuentas públicas es tan
elevado que impide la realización de un plan de inversiones públicas capaz de
activar el crecimiento económico; un país muy heterogéneo en cuanto a la
competitividad de sus empresas, la calidad de los servicios, los
niveles de rentas y necesidades sociales.
Supongamos que
nos preguntamos acerca de cómo provocar, en este supuesto país, un crecimiento
competitivo basado en la difusión de la innovación. Podríamos pensar en
facilitar el acceso de los sectores productivos a la tecnología, al
conocimiento y a las competencias, confiando en que una mayor
disponibilidad de estos recursos facilitará su mas provechosa utilización. Sin
embargo, poner en marcha esta política precisa una programación nacional e
importantes apoyos presupuestarios públicos y no podríamos hacerlo
puesto que, este imaginario país, ni dispone de recursos públicos, ni su sistema
productivo – posicionado en bienes de bajo valor añadido, con una dimensión
empresarial baja - está en condiciones de absorber eficaz y
eficientemente esos nuevos recursos innovadores.
Si por el
contrario, tuviésemos la fortuna de vivir en un país en el que ya hay
conocimiento (a pesar de los desequilibrios estructurales y la escasez de
recursos públicos), las competencias y la innovación tecnológica ya existen y
están disponibles (prueba de ello son los indicadores de la exportación de
algunos segmentos y de los recursos humanos), pero no se utilizan porque el
sistema productivo tiene dificultad para relanzarse, sería más fácil imaginar
“políticas industriales” de utilización y difusión de la innovación. En este
caso ,resultarían más eficaces actuaciones desde el lado de la oferta
productiva, con posibilidad de identificar las innovaciones y difundirlas.
Sin duda en
España coexisten los rasgos de cada uno de estos países. Pongamos el ejemplo de
un sector central en nuestra economía, la construcción. Existen tecnologías y
conocimiento en materia de construcción sostenible e ingeniería punteras
en algunas de sus prestaciones. Sin embargo, la construcción residencial y de
servicios, no está proyectada para ahorrar energía ni tampoco para producirla,
no tiene una relación estable con la demanda de vivienda. Seguramente impulsar
una gran programación de cambio en el sector es una opción bastante más
eficiente que una deducción en el IPRF, que para lo único que sirve es para
sostener artificialmente las compras. Pero también lo es, y puede ser más
eficaz, impulsar pequeños cambios en los puntos con mayor proyección de
futuro haciendo que las normativas, en todos los ámbitos, vinculen una
parte de las nuevas construcciones con los requisitos de futuro: calidad y
ahorro de energía. Esta es una opción que además de ser económicamente
sostenible para las administraciones públicas, es inmediatamente
aplicable, y favorece una transformación cualitativa del sector, actuando
desde el lado de la demanda.
Se pueden
identificar en muchos campos ejemplos análogos de saltos potenciales de
innovación, suscitados por actos administrativos no onerosos: ciclo de los
residuos y desechos, textiles técnicos, transportes locales, redes intangibles,
seguridad alimentaria, química farmacéutica, asistencia social, seguridad
vial, contaminación atmosférica, etc. En todos estos campos, y seguro que en
muchos más, si se piensa en profundidad en el asunto, la demanda de innovación
puede ser un acicate determinante para la innovación de las empresas.
Esto es lo que nos enseñan los países más avanzados.
La evolución de
la inversión en I+D+i en las dos últimas décadas muestra que la mayor distancia
española con la
Unión Europea
Lógicamente
estas medidas pueden acompañarse de recursos públicos cuando no hay
financiación suficiente, pero lo importante no es su acepción de gasto sino las
facilidades que deben tener las empresas para incorporar estos
planes y ser capaces de atender a sus requerimientos. La innovación
estaría, pues, acompañada de instrumentos de apoyo de naturaleza fiscal y
crediticia: fondos de garantía (capital riesgo) para reducir el riesgo bancario
y facilitar el crédito a las empresas, sobre todo pequeñas que intenten
asociarse, para afrontar el salto tecnológico impuesto por el mercado, y de
conciertos, con financiación pública, entre las empresas (pequeñas y medianas)
con la universidad y los centros de investigación.
El proceso de la
política industrial desde abajo, con identificación de las necesidades y
la difusión de la innovación que hemos ilustrado, presupone que hoy padecemos
de escasez de demanda y no de innovación y, lo más importante: que
debe existir un compromiso claro por la innovación de los gobiernos central,
autonómicos y locales y también una disponibilidad sindical para situar la
innovación y la formación permanentes en el centro de sus políticas, en todos y
cada uno de los ámbitos en los que interviene, empezando en las empresas y los
sectores, siguiendo en los observatorios industriales, en la negociación
colectiva, en el dialogo social, en la concertación local, autonómica y
estatal. Ello implica que debemos impulsar la innovación en todas y cada
una de las plataformas de dialogo: patronales, sindicales y administraciones ;
crear instrumentos que impulsen y faciliten la alianza de las pequeñas y
medianas empresas a fin de mejorar su tamaño, y tener como
objetivo la cooperación innovadora, porque son condiciones hoy todavía posibles
pero no de duración indeterminada.