Tras
el brutal accidente industrial de Bangladesh del pasado 24 de abril en el que
murieron 1.127 personas y provocó más de 2.500 heridos, se ha demostrado que la
Responsabilidad Social no
es una cuestión de segundo orden en el debate social. Esta tragedia ha traído a
la actualidad muchas preguntas en relación con las responsabilidades
empresariales y el papel que cada colectivo puede jugar en este campo: empresas
y organizaciones empresariales, sindicatos, consumidores, ONGs, Instituciones
Internacionales y Gobiernos,
Los
1.127 muertos han colocado en el centro de la
RSC al
empleo y la calidad del trabajo, y han gritado a los consumidores de todo el
mundo algo que ya deberían saber cuando se trata de un sector de consumo como
es el de la
Moda , un sector donde la fuerza del trabajo
es determinante del precio del producto, y explica que se fabrique en países en
los que los costes laborales son infinitamente menores que si se fabricara en la
esquina de su casa.
Cuando
el consumidor compra tres pares de calcetines a 1 euro, dos pantalones a 20
euros, una camisa a 10 euros y unos zapatos a 25 euros, por poner algunos
ejemplos, tanto si los compra en un mercadillo, en la tienda de la esquina de
su barrio o en la céntrica tienda de una marca mundial, debería saber que a ese
precio ninguna de estas prendas ha sido fabricada por trabajadores y
trabajadoras europeos, sino que se habrán producido en Turquía, en el Norte de
África o en Asia.
Esta
ha sido la realidad de la globalización de los mercados y de la producción,
para bien y para mal.
La
industria manufacturera se ha desplazado de nuestro país presionada por la
bajada de los precios, unos precios que nuestros costes salariales y sociales
no pueden soportar. Así lo demuestran los miles de cierres de empresas y las
decenas de miles de empleos perdidos en el sector del textil y de la confección
en los últimos 12 años en España. Lo que demuestra que los consumidores no
están dispuestos a pagar por un pantalón el coste de ser fabricado con los
salarios del Convenio del Textil Confección español, con telas producidas en
telares de Sabadell y confeccionadas en un taller de Toledo, como se hacía hace
ya 25 años ya a un precio superior a los actuales 10 euros.
La
exigencia en el precio ha desplazado de forma acelerada y definitiva la
producción fuera de Europa y de España y a perder miles de empleos
industriales, quedando sólo aquellas empresas que han sabido y podido pasar de
fabricar a diseñar, distribuir y vender el producto acabado en un mercado
global. Aunque también, todo hay que decirlo y reconocerlo, creando miles de
nuevos empleos en diseño, administración, logística y servicios, que desde
nuestro país atienden a todo al mercado mundial.
Por
esto lo determinante en relación a la
RSC no
debería ser en dónde se produce porque no volverán a Europa y a España la
mayoría de esas fabricaciones. Y por ello la garantía de responsabilidad social
no se deberían identificar con el lugar donde se fabrica, sino esencialmente,
en cómo se produce, porque es posible y ahí está el verdadero mérito y esfuerzo
de aquellas realidades, que las hay y lo demuestran, fabricar en Marruecos,
Turquía, Asia, también en Bangladesh, con responsabilidad social, con salarios
dignos, seguridad y respeto a los derechos humanos.
Es
el momento de aprovechar la especial sensibilidad social, esperemos que también
empresarial, y el mayor activismo social y sindical que vivimos tras el
accidente de Bangladesh, para exigir a las empresas el cumplimiento estricto
del respeto de los derechos humanos y fundamentales del trabajo, estableciendo
los mecanismos de control necesarios y de intervención sindical, y garantizar
los derechos sindicales, en especial el derecho a la libertad sindical y
a la negociación colectiva, así como que las retribuciones respeten el concepto
de “mínimo vital”.
Conscientes
de que si bien el consumidor no cambiará sus pautas de consumo y que
mayoritariamente seguirá buscando el pantalón a 10 euros, ello jamás debería
significar la complicidad de admitir que el precio del producto justifica el
trabajo precario y sin derechos, ni en nuestro país, ni en cualquier
parte del mundo. Por esto, los consumidores no pueden darle entender
al fabricante que admiten que comprar su moda low cost están
aceptando que las prendas no han sido fabricadas con trabajo decente y
respetando la ley. Los consumidores no pueden aceptarlo de la misma forma
que no lo aceptan cuando embarcan en un vuelo low cost y exigen todas las
medidas de seguridad contempladas en la ley que regula la seguridad en la
aviación y que el bajo precio no exime a la compañía aérea de
respetarlas.