Joaquim González Muntadas
Director de Ética Organizaciones SL
En estas fechas, ya prácticamente de convocatoria a las urnas, cada propuesta y cada palabra pronunciada por los diversos partidos políticos tiene, más allá de su envoltorio, una clara intención electoral y en muchos casos electoralista. Ya ha empezado el concurso de cometas, que es lo que parecen muchas propuestas de los programas electorales que se presentan al electorado como "soluciones fáciles y rápidas".
Por eso, tiene interés oír una iniciativa política y electoral que por su calado debería merecer atención, reflexión y debate. Me refiero a la que ha presentado el PSOE, concretamente su responsable de Empleo, María Luz Rodríguez, al afirmar que, en caso de gobernar, su partido se compromete a abrir y dirigir un proceso de diálogo y negociación con los agentes sociales para abordar la construcción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Una propuesta que va mucho más allá de la promesa, como se venía afirmado hasta ahora, de que su primera medida, si gobierna, sería dejar sin efecto la última reforma laboral del Partido Popular.
Es meritorio comprometer hoy la iniciativa de construir un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Es una propuesta ambiciosa, y muy arriesgada también, como podemos apreciar si repasamos la historia, llena de dificultades y conflictos, que se ha vivido en todas y cada una de las modificaciones que ha sufrido el actual Estatuto de los Trabajadores, nacido ahora hace 35 años.
Elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores es una propuesta, por compleja y difícil, muy poco electoralista. Pero es una buena iniciativa proponer la elaboración de nuevas reglas que respondan a las diferencias entre aquella economía, aquella empresa y aquel mercado laboral de los años 80, cuando se aprobó el actual Estatuto de los Trabajadores, nacido para reformar las viejas y no democráticas leyes laborales del franquismo, y la realidad de hoy, en la que además inciden centenares de normas dela Unión Europea. Proponer nuevas reglas que atiendan la realidad de las nuevas tecnologías presentes en los centros y en los nuevos empleos, que respondan a las nuevas formas de trabajar y que regulen nuevos instrumentos de participación e información de los trabajadores y sus sindicatos, es una necesidad.
Significa atreverse a afrontar la realidad del actual mercado de trabajo, tan distinto de aquel donde apenas había tres millones de mujeres con empleo, frente a los ocho millones actuales tras su masiva incorporación, lo cual ha transformado las relaciones sociales, familiares y laborales profundamente, que nos exige una nueva mirada hacia los derechos y las obligaciones, como son la igualdad, la conciliación o la salud. Poco tiene que ver con aquel mercado de trabajo de los años 80 donde el 18% eran jóvenes menores de 25 años, cuando hoy, los de esta edad, no alcanzan el 5%.
Un nuevo Estatuto de los Trabajadores que, además de regular las relaciones laborales, actualice los derechos sindicales de información y participación y la negociación colectiva. Dos capítulos que hace muchos años esperan reformas profundas, pero en la dirección contraria a las producidas en la última reforma laboral, ya que precisan cambios que aclaren y fortalezcan el papel de los sindicatos en los centros de trabajo, cambios que ayuden a racionalizar y mejorar la calidad de nuestra negociación colectiva, la que en los países más avanzados constituye el instrumento más importante y eficaz para afrontar los cambios, una asignatura pendiente desde hace mucho en nuestro país.
Así que es una buena noticia que en el acalorado debate político que vivimos, centrado en reformas territoriales y modelos de estado, se coloque también en el centro la discusión sobre el modelo de relaciones laborales e industriales que queremos y necesita nuestro país, y evitar así lo que ha sido nuestra costumbre, los parches y las reformas improvisadas, cuando no impuestas, con nefasto resultado.
Esperemos que esta difícil propuesta --aunque muy necesaria, que necesitará de un fuerte liderazgo, autoridad y credibilidad de quien aspire dirigir su negociación-- tenga suerte y pueda contar con el compromiso de todos, especialmente de los agentes sociales, para construir unas relaciones laborales del siglo XXI, más justas y útiles para impulsar el cambio de modelo productivo que necesitamos.
Por eso, tiene interés oír una iniciativa política y electoral que por su calado debería merecer atención, reflexión y debate. Me refiero a la que ha presentado el PSOE, concretamente su responsable de Empleo, María Luz Rodríguez, al afirmar que, en caso de gobernar, su partido se compromete a abrir y dirigir un proceso de diálogo y negociación con los agentes sociales para abordar la construcción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Una propuesta que va mucho más allá de la promesa, como se venía afirmado hasta ahora, de que su primera medida, si gobierna, sería dejar sin efecto la última reforma laboral del Partido Popular.
Es meritorio comprometer hoy la iniciativa de construir un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Es una propuesta ambiciosa, y muy arriesgada también, como podemos apreciar si repasamos la historia, llena de dificultades y conflictos, que se ha vivido en todas y cada una de las modificaciones que ha sufrido el actual Estatuto de los Trabajadores, nacido ahora hace 35 años.
Elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores es una propuesta, por compleja y difícil, muy poco electoralista. Pero es una buena iniciativa proponer la elaboración de nuevas reglas que respondan a las diferencias entre aquella economía, aquella empresa y aquel mercado laboral de los años 80, cuando se aprobó el actual Estatuto de los Trabajadores, nacido para reformar las viejas y no democráticas leyes laborales del franquismo, y la realidad de hoy, en la que además inciden centenares de normas de
Significa atreverse a afrontar la realidad del actual mercado de trabajo, tan distinto de aquel donde apenas había tres millones de mujeres con empleo, frente a los ocho millones actuales tras su masiva incorporación, lo cual ha transformado las relaciones sociales, familiares y laborales profundamente, que nos exige una nueva mirada hacia los derechos y las obligaciones, como son la igualdad, la conciliación o la salud. Poco tiene que ver con aquel mercado de trabajo de los años 80 donde el 18% eran jóvenes menores de 25 años, cuando hoy, los de esta edad, no alcanzan el 5%.
Un nuevo Estatuto de los Trabajadores que, además de regular las relaciones laborales, actualice los derechos sindicales de información y participación y la negociación colectiva. Dos capítulos que hace muchos años esperan reformas profundas, pero en la dirección contraria a las producidas en la última reforma laboral, ya que precisan cambios que aclaren y fortalezcan el papel de los sindicatos en los centros de trabajo, cambios que ayuden a racionalizar y mejorar la calidad de nuestra negociación colectiva, la que en los países más avanzados constituye el instrumento más importante y eficaz para afrontar los cambios, una asignatura pendiente desde hace mucho en nuestro país.
Así que es una buena noticia que en el acalorado debate político que vivimos, centrado en reformas territoriales y modelos de estado, se coloque también en el centro la discusión sobre el modelo de relaciones laborales e industriales que queremos y necesita nuestro país, y evitar así lo que ha sido nuestra costumbre, los parches y las reformas improvisadas, cuando no impuestas, con nefasto resultado.
Esperemos que esta difícil propuesta --aunque muy necesaria, que necesitará de un fuerte liderazgo, autoridad y credibilidad de quien aspire dirigir su negociación-- tenga suerte y pueda contar con el compromiso de todos, especialmente de los agentes sociales, para construir unas relaciones laborales del siglo XXI, más justas y útiles para impulsar el cambio de modelo productivo que necesitamos.