Si política
industrial es la acción de los gobiernos dirigida a apoyar que las empresas y
sectores se doten de las capacidades y los recursos necesarios que les permitan
competir y afrontar la evolución de los mercados, creo que podemos afirmar, con
rotundidad y mucho pesar, que en España la política industrial real y efectiva
ha estado ausente durante décadas. Aunque de lo que no hemos estado escasos
es Resoluciones, Declaraciones y Pactos por la Industria con
los agentes sociales y económicos cada dos o tres años, y a todos los
niveles, Gobierno Central, autonómicos e incluso locales. Pactos
siempre genéricos, sin ninguna coordinación entre sí y llenos de frases
comunes. Y, sobre todo, faltos de recursos económicos y de un mínimo balance de
seguimiento de los objetivos planteados y alcanzados o no.
En mayo de
2011 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que en su preámbulo decía: “El
modelo productivo español (…) se ha agotado, con lo que es necesario impulsar
un cambio a través de la apuesta por la investigación y la innovación como
medios para conseguir una economía basada en el conocimiento…”
El Parlament
de Catalunya, por poner otro ejemplo, aprobó, en septiembre de 2009
“impulsar el desarrollo en Catalunya de un nuevo modelo de progreso económico
basado en la educación, la investigación y la innovación, que deben convertirse
en prioridades estratégicas de primer orden en las agenda política, social y
económica de Catalunya.”
No habrá
cambio productivo sin nuevos y específicos instrumentos políticos, sociales y
legales que impliquen mayores inversiones en capital humano, en desarrollo y en
educación a todos los niveles del sistema educativo y en la formación
profesional permanente.
Y así,
podríamos recorrer la geografía española para repasar las decenas de
resoluciones y pactos políticos y sociales en los que se repiten, con escaso
éxito, los mismos objetivos y prioridades que hoy volvemos a leer y escuchar
cuando se inicia la reflexión, discusión y negociación en la Comisión
del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica en búsqueda de
un Pacto que la ciudadanía tenemos el derecho a esperar que, esta vez, vaya más
allá de las grandes declaraciones de buena voluntad ya conocidas. Porque
llevamos un costoso retraso desde aquel Libro Blanco de Jaques Delors de
hace 23 años sobre Empleo, Crecimiento y Competitividad, en
cuya su introducción ya nos emplazaba a los europeos al esfuerzo de
"Invertir en lo inmaterial y valorizar el recurso humano que es el que
aumentará la competitividad global, desarrollará el empleo y permitirá
conservar las conquistas sociales”. Una advertencia que, vista nuestra realidad
y sus resultados, parece que otros países la entendieron mejor que nosotros. Lo
vivimos y padecimos ya en la crisis de 2008 y en sus graves consecuencias
sociales.
Ahora
estamos ante una nueva oportunidad, la de poder aprovechar el impulso de la
Reconstrucción y los importantes recursos previsiblemente disponibles para
ello. De cómo se gestionen estos recursos y de las prioridades que se fijen,
dependerá nuestro éxito o fracaso como sociedad. Aprovechemos que partimos de
un importante consenso entre la mayoría de la sociedad y las organizaciones
políticas, sociales y económicas. Un consenso colectivo sobre la necesidad de
aunar esfuerzos para un cambio profundo en nuestro modelo productivo, para
superar la debilidad industrial y el bajo valor añadido que padecen muchos de
nuestros sectores productivos, lo que explica su baja productividad y los
alarmantes niveles estructurales de desempleo que padecemos y que no acabamos
de ser capaces de superar.
Pero no habrá
cambio productivo sin nuevos y específicos instrumentos políticos, sociales y
legales que impliquen mayores inversiones en capital humano, en desarrollo y en
educación a todos los niveles del sistema educativo y en la formación
profesional permanente.
No hay
urgencia mayor para nuestro futuro que la inversión en capital humano, con un
esfuerzo extraordinario similar al que hicimos durante veinte años, desde
mediados de los 80, en capital físico, muy especialmente con algunas de las
infraestructuras de transporte, comunicación y urbanismo, que hoy constituyen
nuestro mejor recurso estratégico.
No habrá
nueva economía sin unas nuevas relaciones laborales que sitúen la búsqueda del
conocimiento y la creatividad en el centro mismo de la gestión empresarial. Que
promuevan nuevas formas de flexibilidad interna sustentada en el diálogo y el
pacto social con permanente información sobre la marcha de la empresa a los
trabajadores y la participación de sus sindicatos. Que faciliten nuevas
políticas retributivas relacionadas con los objetivos compartidos, el trabajo
en equipo e la innovación.
No dejemos
perder esta oportunidad para no repetir, una vez más, los viejos errores con
los que, después de tantos papeles y discursos hablando de innovación,
Industria 4.0, digitalización, inteligencia artificial …, sigamos sin
desprendernos de la vieja y pesada losa de unas relaciones laborales que
impiden el necesario cambio del modelo producto.
Aprovechemos
esta oportunidad.