NUEVO MODELO PRODUCTIVO, NUEVAS RELACIONES LABORALES

Quim González Muntadas

En estos últimos meses son incalculables las veces que leemos y escuchamos las recetas que necesita aplicar nuestro país para afrontar la crisis generada por la pandemia del coronavirus. De todas, la más común, la que está presente en la mayoría de las entrevistas, conferencias, debates políticos y en todos los documentos y dictámenes elaborados por los centros de estudios, las escuelas de negocios, los gabinetes técnicos de los ministerios, partidos políticos, patronales y sindicatos. Es la que afirma que España precisa un cambio de modelo productivo.

Una necesidad que no es nueva, ya que mucho antes de la crisis de 2008 amplios sectores, con más fuerza las Confederaciones Sindicales de CCOO y UGT, apuntaban de su necesidad como condición indispensable para garantizar la generación de riqueza, el empleo estable y de calidad. Pero en estos años, sobre todo, por la timidez de las políticas públicas y la falta de emprendimiento y visión empresarial nos han dejado muy lejos de conseguirlo. Por lo que ha seguido aumentando, en negativo, la brecha en la intensidad innovadora y la productividad de nuestro país respecto a la media europea.

Ojalá que ahora no perdamos esta ocasión, posiblemente la última y definitiva, oportunidad de modernización del país cuando estamos en plena revolución tecnológica y digital que deberían ser la palanca que impulse, refuerce y amplíe nuestra base industrial y el cambio en nuestra economía. Aunque ya sabemos qué proponer un cambio de modelo productivo es más fácil que hacerlo realidad. Y que nos exigirá grandes esfuerzos colectivos para llevarlo a cabo. Porque sus ventajas no serán automáticas y obligarán a renunciar a rentabilidades económicas y sociales presentes e inmediatas para poder invertir en proyectos y sectores más robustos, resilientes y con mayores potencialidades de competitividad a medio y largo plazo.

Como sabemos que tendremos fomentar un aumento generalizado de nuestra productividad, que nos exige que la innovación, la formación y la cualificación de las personas estén en el centro de las preocupaciones sociales y de las políticas públicas. Y también que nada de ello será posible si a la vez no somos capaces de desprendernos de la vieja y pesada losa que representa las actuales relaciones laborales, más propias de un modelo productivo dominado por empresas y sectores de bajo valor añadido que minusvalora el papel del trabajo y de los trabajadores en la empresa. Exige que nos desprendamos de las viejas formas autocráticas y jerárquicas que aún están presentes en tantas y tantas empresas en España y superemos la malsana temporalidad generalizada y nuestro enfermo mercado de trabajo que hace que los jóvenes sean los principales sacrificados en la pérdida de empleo y en sus condiciones de trabajo.

No construiremos un nuevo modelo productivo sin un nuevo Estatuto de los Trabajadores que responda al mundo del trabajo del Siglo XXI, que promueva un cambio profundo de las viejas bases y filosofía que inspira la gestión y las maneras de trabajar y de relacionarse aún en tantas y tantas empresas de nuestro país. No habrá cambio sin unas nuevas relaciones laborales que ayuden a reconocer que cada persona aporta un valor único y diferencial, que es la base de la motivación para mejorar la cualificación profesional, la innovación y la competitividad. No habrá cambio sin una profunda reforma de la actual estructura y contenido de la negociación colectiva, hoy demasiado débil y segregada. Se necesitan convenios colectivos útiles y robustos que atiendan a las nuevas formas de trabajo, que contengan nuevos derechos de formación permanente, de información y participación de los trabajadores y sus sindicatos sobre la marcha de la empresa y los efectos de su transición tecnológica. Y lo más importante, hay fuerza y conocimientos en los sindicatos y las patronales para afrontar este reto.

Aprovechemos la oportunidad, nunca ha habido en España tanta coincidencia política y social sobre la necesidad de impulsar una transición hacia un nuevo modelo económico guiado por la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS). Un nuevo futuro que exige reconocer el valor y la dignidad del trabajo y que las personas y sus maneras de trabajar son el principal factor competitivo de una empresa y un país. No dejemos escapar esta ocasión para humanizar el trabajo y reducir las fuertes desigualdades que hay en las empresas y la sociedad en la distribución del saber y del tener.

GOBIERNO PROGRESISTA, CON LA MISMA ESPERANZA

Quim González Muntadas

Ha pasado más de medio año desde que en enero Pedro Sánchez nos presentó a los miembros de su gobierno de coalición. Pocos días después nacía, desde Facebook, la PLATAFORMA de APOYO al PROGRAMA de GOBIERNO PROGRESISTA, con unos 50 promotores del conjunto del Estado, y a la que en pocas semanas se adhirieron más de 5.000 personas de toda España.

Una PLATAFORMA que es el reflejo de las esperanzas que suscitó a millones de personas que sentimos que estamos ante la necesaria oportunidad de abrir un nuevo tiempo de esperanza e ilusión en nuestro país.

La esperanza de un gobierno fiable, solvente y capaz de modernizar y vertebrar una sociedad cada día más plural y diversa. La esperanza de un gobierno se atreva a mirar el mundo tal como es, sin cristales rosas y falsas utopías. Y aún menos con esos cristales de color negro que nos llevan al fatalismo y al conformismo.

La esperanza de un gobierno que vibre con el corazón de tantas personas dispuestas a comprometerse con la justicia, la dignidad social y la igualdad de oportunidades. La esperanza de un gobierno respetuoso con los gobernados y abierto, capaz de asumir que es necesario comprender las muchas incógnitas que la revolución tecnológica y digital nos abre cada día y que están cambiando el mundo y conformando una sociedad casi desconocida.

La esperanza de un gobierno al que le obsesione el alarmante crecimiento de la desigualdad y el empeoramiento de las condiciones de vida de las clases medias y trabajadora. La esperanza de un gobierno que se comprometa a construir un nuevo marco para la regulación de las relaciones laborales acorde con la realidad del mundo del trabajo del siglo XXI. La esperanza de un gobierno que sitúe, de verdad, el valor del trabajo en el centro de la sociedad y que combata la devaluación de salarios y condiciones de trabajo.

La esperanza de un gobierno que sitúe la educación y la cualificación profesional a todos los niveles de la sociedad porque comprenda que son el verdadero motor de la igualdad.

La esperanza de un gobierno valiente para decirle a los ciudadanos y ciudadanas que la educación y la sanidad públicas son y han de ser, ahora y siempre, mejores que las privadas, objetivo para el cual hemos de contribuir en proporción a nuestra renta. De un gobierno que combata el fraude fiscal con todas sus fuerzas.

La esperanza de un gobierno capaz de combinar el autogobierno de nuestras nacionalidades y regiones con la unidad de un Estado con ciudadanos iguales. La esperanza de un gobierno honesto, solvente, que se mantenga muy lejos del populismo y de la demagogia. Qué huya de la retórica nacionalista y del viejo proteccionismo.

La esperanza de un gobierno comprometido con el feminismo, empeñado y comprometido con la igualdad de género.

Y con la esperanza de un gobierno que sepa hacer pedagogía y cumpla lo que promete. Y, por supuesto, con un gobierno que sepa actuar unido.

Esperanzas que siguen vivas después de estos meses excepcionales provocados por la pandemia sanitaria y que nos han hecho vivir lo inesperado e incluso lo inimaginable que algún día nos pudiera suceder. Unos meses en los que la crisis sanitaria ha traído nuevas urgencias y ha recolocado y trastocado muchas de las prioridades contempladas en el Programa de Gobierno. Unos meses que han dado lugar a una nueva realidad y nuevas prioridades para las cuales sin embargo sigue siendo muy necesario y muy útil  el espíritu que llevó a configurar la actual coalición de gobierno. Unos meses que han puesto a prueba al conjunto de la sociedad y a todas y cada una de sus instituciones públicas y privadas. Una nueva etapa en la que se han puesto de manifiesto los verdaderos valores y la valía de cada institución y de cada entidad social, económica y política, de cada gobierno, desde el estatal hasta el municipal, pasando por todos los autonómicos.

Han sido unos duros y difíciles meses que han dado lugar a una nueva realidad que nos exige renovar las esperanzas que encendimos hace unos meses, y con ello activar con fuerza la PLATAFORMA de APOYO al PROGRAMA de GOBIERNO PROGRESISTA, así como todas aquellas iniciativas que sirvan para responder al pesimismo y combatir a los pájaros del mal agüero empeñados en que miremos por sus negros cristales una realidad que si bien está llena de dificultades, también lo está de esperanzas y posibilidades. No para conformarnos en reconstruir lo viejo, sino para construir un país y una sociedad mejor. Porque, visto el comportamiento de algunos en estos meses, el gobierno puede afirmar con toda rotundidad: “Es verdad que estamos mal, pero menos mal que estamos”.

PODEMOS, UNA BUENA OCASIÓN PARA LA REFLEXIÓN

Quim González Muntadas

Acto de Podemos en Galicia el 29 de febrero de 2020.

“Podemos ha sufrido una derrota sin paliativos, en las últimas elecciones de Galicia y Euskadi”, tal y como se expresó su máximo líder Pablo Iglesias. La mayoría de los dirigentes de Unidas Podemos, junto al reconocimiento de este fracaso, han hecho un llamamiento a realizar una profunda reflexión autocrítica de lo sucedido. Son expresiones casi idénticas a las realizadas tras las últimas elecciones municipales y autonómicas: “nos toca hacer una profunda autocrítica y aprender de los errores que sin duda hemos cometido” (Pablo Iglesias, marzo 2019). "Nuestro espacio político ha sufrido hoy una derrota sin paliativos. Perdemos buena parte de nuestra representación en el Parlamento Vasco y quedamos fuera del Parlamento de Galicia. Nos toca hacer una profunda autocrítica y aprender de los errores que sin duda hemos cometido" (Pablo Iglesias julio 2020).

Es de esperar, para el bien de la izquierda de este país, que, en está ocasión, la reflexión y las conclusiones, vayan más allá de las realizadas en abril de 2019, en las que, por ejemplo, la conclusión de Podemos de Castilla León de su autocrítica fue “nuestro error ha sido pensar antes en clave de país que como formación política”. “Es decir, hemos dado prioridad a solucionar los problemas que tiene la gente en este país antes que a obtener más votos como formación política”. Conclusión que se asemeja a lo que sería responder ante la pregunta, en una entrevista de trabajo, de ¿cuál es tú principal defecto?,  y respondes: la obsesión por el trabajo bien hecho y la puntualidad.

Podemos es una organización joven, creada en marzo 2014, por un grupo de brillantes jóvenes politólogos. Desde su constitución ha vivido una constante noria de emociones. Ha pasado de la euforia que representó lograr a las pocas semanas de su constitución un 8% de los votos en las elecciones europeas y reunir, en seis meses, más de doscientos mil inscritos y situarse, en la encuesta de Metroscopia, de noviembre de 2014, como la fuerza de mayor voto potencial con un 27%, por delante de PSOE y PP…, de haber conquistado las alcaldías de Madrid, Barcelona y otras importantes capitales de provincia. Hasta llegar a ostentar varios ministerios y la segunda vicepresidencia del Gobierno de España.

La pregunta que seguro se hace la dirección y la militancia de Podemos es ¿qué nos está pasando?, ¿qué explicación nos damos para que elección tras elección vayamos perdiendo apoyos a raudales?, sobre todo en estas últimas, de tan espectacular resultado, como es  que en Galicia sólo el 20% de las personas que nos votaron en Marea en 2016 hayan repetido esta vez, y en Euskadi, sólo el 45% de los que optaron por UP. ¿Qué ha pasado? 

La respuesta, como siempre en política, tendrá mil caras y cada cual subrayará su razón. Desde quien dentro de la organización considere, si ya estaba en contra de la entrada de Podemos en el Gobierno, que ahí está el motivo.  Los más ortodoxos de la organización, las razones las buscarán fuera: “las cloacas, los medios de comunicación, los recursos para la campaña...”, y así lo más probable es que pasen días, semanas, hasta que la anunciada necesidad de “una reflexión profunda y autocrítica”, como se repite en estos días en caliente, quede olvidada por nuevos acontecimientos y urgencias.

Pero mientras llega ese momento, sería útil que se respondiera a la pregunta de ¿qué ha quedado de aquel impulso que supo aprovechar la ilusión, la riqueza, la pluralidad y el activismo del movimiento 15 M? ¿Qué ha pasado para que hoy, una organización joven y dirigida esencialmente por personas jóvenes, se perciba como una organización viejuna, rígida y con formas de gestión y dirección tradicional, en todos los sentidos? Da igual, por muchas votaciones online, asambleas permanentes en red, referéndums internos y primarias: el patrón es el común a cualquier partido tradicional.

¿En cuánto se ha transformado el mensaje inicial de Podemos con el que se fundó? El mensaje con el cual pudo aprovechar que el PSOE estaba en el gobierno, en plena crisis económica y social, explotando en monopolio un fuerte discurso de denuncia de los efectos de la crisis que estaba afectando especialmente a las jóvenes generaciones, con niveles de paro escandalosos cercanos al 60% mientras se extendía la precarización de las condiciones laborales de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, provocando el también escandaloso incremento  de la desigualdad social de nuestro país, la mayor de Europa.

Quizás una parte de las respuestas las podrán extraer de la sentencia enfatizada por Juan Carlos Monedero cuando afirma: “la izquierda nacionalista vasca y gallega se han podemizado. El discurso de Bildu y BNG no se diferencia del que antaño criticaban...”. Bien, probablemente sea verdad, que estos partidos nacionalistas han reforzado su discurso social junto al identitario y soberanista. Pero la pregunta de mérito, la de fondo que igual se deberían hacer los dirigentes de Podemos, es: ¿qué diferencias hay, entre ellos y Bildu, BNG y, por supuesto, con ERC en materia territorial y soberanista? Si la respuesta es, ninguna o muy poca diferencia, como a mí me parece, ahí podría estar una de las razones de esa “derrota sin paliativos”. Y que muchos de sus potenciales electores se pregunten, ¿para qué votaros si sois prácticamente lo mismo cuando hablamos de Galicia, Euskadi y Catalunya?

TELETRABAJO, NO ESTAMOS EN EL AÑO CERO

Quim González Muntadas

Teletrabajo, un término que desde hace unos meses se ha convertido en tema común en nuestras conversaciones. La crisis sanitaria ha provocado que se extienda esta modalidad de trabajo, y con ello que empezara el debate de sus pros y sus contras, así como sobre las condiciones con las que debería regularse. También sobre las consecuencias económicas y sociales que puede representar la generalización de esta modalidad de trabajo. Muchas de estas opiniones y propuestas se están planteando como si habláramos de algo inédito y desconocido en las relaciones laborales de nuestro país.

Pues no, el teletrabajo no es algo inédito. No sólo porque ya en los años 70 el físico estadounidense Jack Nilles creaba el concepto “telecommuting”, algo así como llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo, y con ello ahorrar el doble desplazamiento diario entre casa y oficina. No fue sin embargo hasta mediados de los años 90 cuando los avances en las tecnologías de la información permitieron que grandes empresas estadounidenses empezaran a implantar esta modalidad de trabajo.

Desde entonces, el teletrabajo se ha ido extendiendo en Europa, en unos países de forma más rápida y amplia que en otros, como España, en los que su implantación resultó más lenta, restringida prácticamente a algunas grandes corporaciones empresariales. Pero no estamos en el año cero del teletrabajo en la negociación colectiva en nuestro país. La mayoría, por no decir la práctica totalidad, de las cuestiones que hoy se están poniendo sobre la mesa en las propuestas para una Ley a aprobar por el Parlamento, están apuntadas y recogidas desde hace más de diez años en algunos convenios colectivos de sector o de empresa.

No han faltado referencias para ordenar el teletrabajo desde que en julio del 2002 se firmara el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo. Menos de un año después se firmaba el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (ANC 2003) en el que se recogía un extenso apartado relacionado con el teletrabajo, con los criterios y la apuesta compartida de CCOO, UGT, CEOE y CEPYME para avanzar en la negociación de los convenios colectivos, su promoción y regulación. Un Acuerdo en cuya argumentación se decía que “si bien aún se trata de una práctica muy incipiente en España, esta podría representar una buena respuesta a las peculiaridades de muchos puestos de trabajo y también un medio, entre otros muchos, de modernizar la organización del trabajo para las empresas y facilitar la conciliación de la vida profesional y personal de muchos trabajadores y trabajadoras al permitir una mayor autonomía en la realización de sus tareas”.

Con la misma filosofía, el XIV Convenio General de la Industria Química, firmado en 2004, ya incluyó un extenso y detallado artículo, el 10º, donde se tratan la mayoría de los temas que hoy están en la discusión de la nueva ley, empezando por el carácter voluntario o la responsabilidad de la empresa en todo lo referido a la revisión del puesto de trabajo en el domicilio y la protección de la salud y seguridad del teletrabajador, etc.

Por seguir con otro ejemplo, entre los muchos que seguro podríamos encontrar, en el que la negociación colectiva ha sabido abordar con éxito la regulación del teletrabajo es el “Libro Blanco del Teletrabajo” en Repsol, firmado por la empresa, CC.OO y UGT en el año 2009. En éste se define con positiva flexibilidad el uso de 5 modalidades de teletrabajo (1 día/semana, 2 días/semana, 3 días/semana, 20% de la jornada diaria y 2 tardes/semana con la jornada del viernes) y se fijan las estrictas condiciones de salud y seguridad del puesto de trabajo con la evaluación de riesgos laborales.

El teletrabajo ha venido para quedarse, con sus ventajas que son muchas, como es la mayor autonomía y flexibilidad positiva, la menor contaminación ambiental de los desplazamientos, las mayores facilidades de conciliación vida personal..., sus inconvenientes, que también son muchos, como puede ser la dificultad de desconectar el trabajo, largas jornadas laborales, riesgos psicosociales, incluyendo el estrés tecnológico o las adicciones tecnológicas...

También el riesgo de perder el sentido colectivo y la relación con los compañeros y compañeras de trabajo, lo que constituye además la base de la organización y acción de los sindicatos. Para todo ello, junto a tantas nuevas realidades que aparecen en la organización y el mercado de trabajo, el sindicalismo deberá innovar y encontrar las formas de incrementar su afiliación y su representatividad en los centros de trabajo, para ser más fuerte y útil ahora, cuando es más necesario que nunca, o al menos como siempre. 

APROVECHEMOS LA OPORTUNIDAD

Quim González Muntadas

Si política industrial es la acción de los gobiernos dirigida a apoyar que las empresas y sectores se doten de las capacidades y los recursos necesarios que les permitan competir y afrontar la evolución de los mercados, creo que podemos afirmar, con rotundidad y mucho pesar, que en España la política industrial real y efectiva ha estado ausente durante décadas. Aunque de lo que no hemos estado escasos es Resoluciones, Declaraciones y Pactos por la Industria con los agentes sociales y económicos cada dos o tres años, y a todos los niveles, Gobierno Central, autonómicos e incluso locales. Pactos siempre genéricos, sin ninguna coordinación entre sí y llenos de frases comunes. Y, sobre todo, faltos de recursos económicos y de un mínimo balance de seguimiento de los objetivos planteados y alcanzados o no.

En mayo de 2011 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que en su preámbulo decía: “El modelo productivo español (…) se ha agotado, con lo que es necesario impulsar un cambio a través de la apuesta por la investigación y la innovación como medios para conseguir una economía basada en el conocimiento…”

El Parlament de Catalunya, por poner otro ejemplo, aprobó, en septiembre de 2009 “impulsar el desarrollo en Catalunya de un nuevo modelo de progreso económico basado en la educación, la investigación y la innovación, que deben convertirse en prioridades estratégicas de primer orden en las agenda política, social y económica de Catalunya.”

No habrá cambio productivo sin nuevos y específicos instrumentos políticos, sociales y legales que impliquen mayores inversiones en capital humano, en desarrollo y en educación a todos los niveles del sistema educativo y en la formación profesional permanente.

Y así, podríamos recorrer la geografía española para repasar las decenas de resoluciones y pactos políticos y sociales en los que se repiten, con escaso éxito, los mismos objetivos y prioridades que hoy volvemos a leer y escuchar cuando se inicia la reflexión, discusión y negociación en la Comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica en búsqueda de un Pacto que la ciudadanía tenemos el derecho a esperar que, esta vez, vaya más allá de las grandes declaraciones de buena voluntad ya conocidas. Porque llevamos un costoso retraso desde aquel Libro Blanco de Jaques Delors de hace 23 años sobre Empleo, Crecimiento y Competitividad, en cuya su introducción ya nos emplazaba a los europeos al esfuerzo de "Invertir en lo inmaterial y valorizar el recurso humano que es el que aumentará la competitividad global, desarrollará el empleo y permitirá conservar las conquistas sociales”. Una advertencia que, vista nuestra realidad y sus resultados, parece que otros países la entendieron mejor que nosotros. Lo vivimos y padecimos ya en la crisis de 2008 y en sus graves consecuencias sociales.

Ahora estamos ante una nueva oportunidad, la de poder aprovechar el impulso de la Reconstrucción y los importantes recursos previsiblemente disponibles para ello. De cómo se gestionen estos recursos y de las prioridades que se fijen, dependerá nuestro éxito o fracaso como sociedad. Aprovechemos que partimos de un importante consenso entre la mayoría de la sociedad y las organizaciones políticas, sociales y económicas. Un consenso colectivo sobre la necesidad de aunar esfuerzos para un cambio profundo en nuestro modelo productivo, para superar la debilidad industrial y el bajo valor añadido que padecen muchos de nuestros sectores productivos, lo que explica su baja productividad y los alarmantes niveles estructurales de desempleo que padecemos y que no acabamos de ser capaces de superar.

Pero no habrá cambio productivo sin nuevos y específicos instrumentos políticos, sociales y legales que impliquen mayores inversiones en capital humano, en desarrollo y en educación a todos los niveles del sistema educativo y en la formación profesional permanente.

No hay urgencia mayor para nuestro futuro que la inversión en capital humano, con un esfuerzo extraordinario similar al que hicimos durante veinte años, desde mediados de los 80, en capital físico, muy especialmente con algunas de las infraestructuras de transporte, comunicación y urbanismo, que hoy constituyen nuestro mejor recurso estratégico.

No habrá nueva economía sin unas nuevas relaciones laborales que sitúen la búsqueda del conocimiento y la creatividad en el centro mismo de la gestión empresarial. Que promuevan nuevas formas de flexibilidad interna sustentada en el diálogo y el pacto social con permanente información sobre la marcha de la empresa a los trabajadores y la participación de sus sindicatos. Que faciliten nuevas políticas retributivas relacionadas con los objetivos compartidos, el trabajo en equipo e la innovación.

No dejemos perder esta oportunidad para no repetir, una vez más, los viejos errores con los que, después de tantos papeles y discursos hablando de innovación, Industria 4.0, digitalización, inteligencia artificial …, sigamos sin desprendernos de la vieja y pesada losa de unas relaciones laborales que impiden el necesario cambio del modelo producto.

Aprovechemos esta oportunidad.

POR LA ACCIÓN SINDICAL GLOBAL EN LA NUEVA REALIDAD

Isidor Boix Lluch

Quim González Muntadas 

Hemos recibido estos días un mail personalizado de Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI (que cuenta con 200 millones de afiliados de 332 organizaciones en 163 países y territorios), adjuntando un documento por el que nos invita a participar en una iniciativa nueva, el “Día mundial de acción para adaptar nuestro trabajo al clima y al empleo”, convocado para el próximo 24 de junio.

En su misiva la Secretaria General nos invita a una “conversación a escala mundial”: «Únanse a nuestra iniciativa participando, junto con su empleador, con pequeñas empresas que apoyen, y/o con representantes de Gobiernos locales y nacionales, en la mayor conversación a escala mundial sobre nuestro futuro. Su participación puede tener lugar en persona o de forma virtual.»

Hace pocos días la propia CSI, frente a la pandemia del Covid-19, llamaba también a una acción virtual en un documento titulado «Creemos economías resilientes con un nuevo contrato social.» Para su consecución nos proponía marcar 5 casillas de una larga lista de “elementos de un posible contrato social”, y añadía “y compare su respuesta con las del resto del mundo”. Terminaba este mensaje con una solemne afirmación: “El contrato social se ha roto. Pero juntos podemos crear economías resilientes y escribir uno nuevo.”

Ante el método y el eje de ambos documentos surge una preocupación, para emplear una expresión prudente. Porque el objetivo es muy ambicioso, nada menos que un “nuevo contrato social”, pero descansa, prácticamente en exclusiva, en la acción virtual. Esta constituye sin duda un instrumento que el movimiento sindical debe utilizar en toda su amplitud, pero no creemos que pueda convertirse en el medio y marco esencial de una movilización, aunque parece ser esta una tendencia cada vez más extendida en el movimiento sindical, con el riesgo de perder el sentido de la acción social colectiva, que no es solo ni principalmente la suma de acciones individuales, como sí podría ser la base de muchas ONGs.

El sindicalismo impulsó desde sus orígenes el concepto y la práctica de la acción colectiva con una referencia básica, el centro de trabajo. Con la huelga, expresión clara de la confrontación de intereses colectivos en las relaciones de trabajo, que solo puede ejercerse de forma colectiva. No es una anécdota que el derecho de huelga aparezca en los Convenios de la OIT, así como en las constituciones de los países más avanzados, como un derecho humano fundamental.

Es cierto que el concepto de “centro de trabajo” está teniendo hoy un particular desarrollo al que hay que prestar atención, y aplicarlo a las también nuevas formas de acción colectiva. Pero acción colectiva en defensa de intereses colectivos, que, insistimos, son la tutela, pero no la suma, de derechos individuales.

Todo ello lo abordamos en unos momentos de aguda crisis, acentuada sin duda por la pandemia del Covid-19, pero no solo causada por ésta. La emergencia del clima, el trabajo “indecente”, la crisis de los derechos de las personas, de género, la crisis migratoria, …, a las que habría que sumar ya una apuntada crisis de los heterogéneos modelos de consumo.

Todas estas crisis están estrechamente interrelacionadas. Será difícil abordarlas, y menos aún avanzar en su superación, de forma separada, como si fueran compartimentos estancos. Crisis en estos momentos, con problemas de empleo, de consumo, monetarios y de equilibrios presupuestarios, en los países más desarrollados. Problemas que se agravan aún más en los países emergentes para los millones de trabajadores y trabajadoras de las cadenas de producción de las multinacionales y de sus economías “informales”, expulsados muchos de sus puestos de trabajo, con agudos problemas de seguridad y salud, empujados más allá del umbral de pobreza; una realidad ante la cual el sindicalismo global, particularmente el de los países y las empresas globales, no puede reducir su acción a piadosos mensajes de solidaridad o de denuncias de papel.

Son sin duda necesarias medidas inmediatas para construir esta “nueva y mejor normalidad” mundial que plantea Guy Ryder desde la dirección de la OIT. Un PACTO GLOBAL DE RECONSTRUCCIÓN con iniciativas inmediatas y a medio plazo, un pacto en el que la Confederación Sindical Internacional (CSI), junto con las organizaciones de empleadores y las grandes empresas multinacionales, debería jugar un papel determinante. Para ello es necesario un profundo proceso de movilización, y de reflexión en la movilización, en el mundo del trabajo.

En esta situación la clase trabajadora mundial, puede, y debería, estar en condiciones de ser el colectivo esencial para conducir la recuperación del planeta, para sentar las bases de un futuro “nuevo y mejor”. Estamos convencidos que de la experiencia diaria de las 332 organizaciones sindicales que integran la CSI, de los 200 millones de trabajadores afiliados, pueden derivar ideas e iniciativas que vayan más allá, mucho más allá, de las encuestas individuales que se nos propone.

Porque la emergencia de este momento puede estimular las incontables energías que la historia del sindicalismo mundial ha ido acumulando. Es una buena ocasión para que la Confederación Sindical Internacional lance una potente campaña que movilice a los miles de sus estructuras a todos los niveles, a los millones de trabajadores que organiza.

Contribuir a construir la “nueva y mejor normalidad”, plasmarla en un nuevo CONTRATO SOCIAL GLOBAL, constituye sin duda una tarea esencial de la CSI, pero las iniciativas a las que nos hemos referido al inicio de estas líneas nos parecen claramente insuficientes. Es necesario, y estamos convencidos de que es posible, conseguir un también “nuevo y mejor” desarrollo de las energías históricas de la clase trabajadora.

LLAMAMIENTO A LOS SINDICATOS NACIONALES Y EUROPEOS POR UNA UNIÓN EUROPEA FEDERAL Y UNA POLÍTICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Sergio Cofferati, Joaquim González Montadas, José Luis López Bulla y Gaetano Sateriale

Los firmantes de este Llamamiento expresan, en primer lugar, su plena solidaridad con los que, a causa de Covid19, sufren los efectos de la pandemia, a quien ha perdido su propio trabajo y a quienes han puesto sus conocimientos, competencias y su tiempo al servicio de los demás. La crisis que estamos viviendo requiere respuestas adecuadas por parte de la política y de las instituciones nacionales y europeas. 

  

Frente a los soberanismos y regionalismos que, en los últimos años, han imaginado y difundido la idea de que se podía tirar adelante sin el euro, sin la Unión Europea y, en cualquier caso, sin Estados nacionales, la izquierda ha permanecido demasiado en silencio arriesgándose a ser condescendiente con la idea de que la clausura de «cada uno a lo suyo» podía ser una vía para un nuevo bienestar de las poblaciones. Y sin decir, como hubiera sido conveniente, qué reformas eran necesarias en los Estados y en la Unión Europea para sobrevivir en un nuevo sistema federal o confederal.  

Cuando la gestión de la crisis económica de 2008 la UE adoptó políticas insolidarias haciendo de los vínculos del Presupuesto de los respectivos Estados la única variable para decidir las políticas económicas que debían adoptarse. Sin respetar los vínculos del Presupuesto no se podían hacer inversiones públicas para el crecimiento, era lo contrario de una normal política económica expansiva.  Fuera de esta regla (que destruyó la economía y el welfare griego) sólo se podía conceder flexibilidad a tiempo parcial. De ello se beneficiaron, a menudo, más los países fuertes que los que estaban en dificultades.

Con la crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo a causa del Covid19, las dificultades de la EU para dotarse de nuevas políticas homogéneas y unitarias se han hecho todavía más macroscópicas. Dando la sensación (o la certeza) de que algunos países de la UE piensen, una vez superada la crisis, poder volver a aplicar las reglas y el modelo de desarrollo de siempre sin reforzar las políticas fiscales comunes y dotarse de un nuevo “Plan Marshall” que garantice desarrollo y ocupación en los países más golpeados.  La idea, afirmando nuevamente, que es posible «el europeismo en un solo país».

Frente este auténtico riesgo de disolución de la idea de Europa (independientemente de los tratados, que se van reescribiendo completamente para transferir importantes competencias de los Estados a la UE), la izquierda política está  silente y muy débil, y donde cada partido  o coalición prefiere dialogar con sus propios gobiernos nacionales y no buscar una propuesta común. Lo mismo se puede decir, desgraciadamente, del Sindicato europeo, que tiene la desventaja de no estar presente en ningún lugar institucional y que aparece, por tanto, callado o incluso inexistente.  En cambio, sería necesario y urgente  que los sindicatos nacionales definieran una plataforma común para medirse con las instituciones europeas y construir un necesario New Deal.

¿Cuáles podrían ser las líneas estratégicas de esta nueva política económica y social? En nuestra opinión debería ser la Agenda para el desarrollo sostenible 2030 de la ONU. Entendida en toda su globalidad, a partir de las políticas de sostenibiliad ambiental, pero sin limitarse a aquellas. Basta ojear la plataforma ONU (firmada por todos los Estados europeos) para darse cuenta que la ventaja de sus contenidos es muy amplia, pues van de las cuestiones ambientales a las sociales y económicas.  Poniendo en primer lugar la lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales. Y en todo ello, tras la crisis sanitaria, es necesario introducir el tema del welfare.  El welfare universal ha sido, por lo menos desde la segunda mitad del siglo pasado, una característica peculiar del modelo social europeo e, incluso, un factor de ciudadanía y de identidad cultural. No hay duda que frente a las pandemias este modelo social deba ser mejorado y reforzado para una mayor eficacia y homogénea extensión territorial.

Cambiar las políticas y las estretegias de desarrollo es la condición necesaria para crear nuevos trabajos frente a los procesos de trasformación de las necesidades y de los mercados  que ya no soportan la simple repetición de los modelos de consumo que hsta ahora hemos conocido.

Este es un llamamiento para que las fuerzas sindicales nacionales y europeas inicien la tarea de preparar su futuro y el nuestro.