martes, 24 de abril de 2012

REPSOL NO ES ESPAÑA, PERO 17.000 TRABAJADORES, SÍ


Repsol NO es España, pero 17.000 trabajadores/as SÍ

Joaquim González Muntadas | Secretario General de FITEQA CCOO

Más allá de quienes califican la intervención de YPF como nacionalización revolucionaria de los recursos energéticos o expropiación a una multinacional del petróleo (dándole así su justo merecido, según explica el gobierno argentino), o de quienes entendemos que podría ser legítima si así lo decidiera soberanamente el país con respeto a sus propias leyes y a los tratados internacionales por él suscritos, lo sucedido en Argentina con YPF y REPSOL ha sido una intervención llena de sombras. Sombras en las formas, en las razones esgrimidas y en su previsible resultado final que, sin duda, terminarán por decepcionar las entusiastas expresiones de algunos sectores sociales y políticos que han visto la medida como una acción en favor de la justicia social. El tiempo lo dirá.
Pero no necesitamos esperar para comprobar el fuerte quebranto que para Repsol puede representar si, como parece, la compensación por parte de Argentina no responde al valor objetivo de lo expropiado. Es ahí donde surge la discusión en caliente en las redes sociales, donde se expresan muy diversas opiniones. Unas entienden que es una afrenta a España, por lo que la respuesta debe ser patriota, y ahí caben los boicots a productos argentinos, desagravios o movilizaciones, locuras que siempre nacen de invocar enfáticamente a la patria.
Entonces, ¿debemos ser indiferentes como expresan muchas voces? Para fundamentarlo afirman que, al ser Repsol una empresa privada y extranjeros una parte importante de sus accionistas, su destino es algo que afecta en exclusiva a sus propietarios. Yo afirmo que no, porque solo desde una visión extrema y de lo más ultraliberal se puede identificar exclusivamente a las empresas con sus accionistas o considerar que sus éxitos o fracasos serían ajenos al resto de la sociedad, a sus trabajadores y a los territorios donde están ubicadas.
Repsol no es España, es cierto, tan cierto como sí son España sus 17.000 trabajadores/as directos en el país y muchos de sus 480.000 accionistas minoritarios. Como lo son sus complejos industriales de Euskadi, Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia y Catalunya, donde trabajan cientos de empresas de servicios y en ellas bastantes miles de trabajadores. También su puntero Centro de Tecnología de Móstoles (Madrid) y sus 3.620 estaciones de servicio repartidas por todo el país.
No sabemos cómo va a repercutir en las cuentas de los grandes accionistas, españoles o extranjeros. No es nuestro principal problema, sabemos que nunca pierden. Pero sabemos que precisamente la fortaleza industrial de Repsol y su salud financiera han permitido que, tras varios años de crisis general de la economía, se haya culminado el pasado miércoles la inauguración de la ampliación del complejo industrial de Cartagena, iniciada hace 4 años, y que ha representado la mayor inversión industrial de la historia de nuestro país: 3.150 millones de euros, duplicando la capacidad de destilación de crudo en Cartagena, contribuyendo con ello a una clara mejora de nuestra balanza comercial tan deteriorada.
Igual trascendencia económica y social tienen −para un país como el nuestro de escasa inversión industrial− los 900 millones de euros invertidos en la nueva unidad de coque de la refinería de Petronor, en Bilbao, o los 100 millones de euros anuales de salarios que representa la red de empresas homologadas en torno a su complejo industrial de las Comarcas de Tarragona.
Repsol no es España, pero su presente y futuro no son ajenos a los intereses de sus trabajadores y del conjunto de la ciudadanía. Así lo entiende el sindicalismo cuando no comparte la opinión de los que consideran que las empresas son exclusivamente de sus accionistas, uno de los muchos frentes de nuestra confrontación. Y estas posiciones ultraliberales son las que pueden acabar reforzando algunos argumentos que critican a CC.OO. y UGT porque hemos expresado nuestra preocupación y compromiso con la defensa del proyecto industrial de una de las mayores empresas industriales de nuestro país.
No deberíamos ser indiferentes a lo que le suceda a Repsol, como no lo somos en FITEQA CC.OO respecto a los esfuerzos de internacionalización de empresas del sector de la moda, la energía, la química o la farmacia, como Inditex, Mango, Puig, Gas Natural Fenosa, Gamesa, Maxan, Grupo Esteve, Grifols, etc., empresas que, más allá de la propiedad de sus acciones, se reconocen como españolas. Y que, con su internacionalización, atenúan una de las principales debilidades de nuestro tejido productivo, como es el reducido tamaño de la mayoría de nuestras empresas y el escaso número de compañías internacionales, lo cual nos impide aprovechar las ventajas de ser el país sede, como vemos día a día con las multinacionales de otros países, a la hora de localizar su inversiones, el I+D+i, los nuevos proyectos y también, como en el caso de Repsol ( 8.310 millones de €), los ingresos por impuestos que generan sus beneficios.
Por esto es tan importante arriar las banderas y silenciar himnos patrióticos que nos distraigan del fondo del conflicto, para que REPSOL sea adecuadamente tratada y se refuercen el resto de las numerosas empresas españolas en Argentina. Nos va mucho en ello.

lunes, 9 de abril de 2012

Reforma laboral, paro y crisis: con prepotencia y sin diálogo no salimos de ésta


Joaquim González Muntadas | Secretario General de FITEQA CCOO

Si al llegar a nuestro país, una persona leyera lo que publican algunos medios de comunicación, escuchara la opinión de prestigiosos empresarios, o atendiera las reflexiones de los dirigentes del Partido Popular, concluiría que la explicación de nuestros problemas y de la larga lista de déficits que padecemos -altísimo desempleo, baja productividad, escasa inversión en I+D+i, deficiente formación, o nula coordinación entre las  diversas Administraciones Públicas-, es el mercado de trabajo, y los responsables, los sindicatos.
Explicación que, sin un gramo de humildad, han expresado tanto los primeros  ejecutivos de empresas constructoras,  energéticas o bancos, como sus muchos centros de estudios que negaron, informe tras informe, la existencia de burbuja alguna y que, ahora sin rubor, cargan la responsabilidad de todos nuestros males  a los salarios y al coste del despido de los trabajadores. Y por supuesto sin citar que ellos, los ejecutivos españoles, son uno de los colectivos que mejor soportan la comparación de sus condiciones salariales con sus homólogos europeos.
Podemos oírselo a directivos de Cajas de Ahorros que día tras día han reclamado reformas de nuestro sistema de  pensiones por lo elevado de las mismas, para luego descubrir sus indecentes y millonarios planes privados. Leemos y escuchamos a medios de comunicación clamar contra las subvenciones a otros organismos y entidades, mientras siguen subsistiendo gracias a éstas. Escuchamos a catedráticos reclamar el despido más fácil y barato, sin mirar ni por un instante la realidad de sus condiciones de empleo, a quienes si se aplicaran solo un tercio de las recetas que nos extienden a los demás, mejorarían notablemente la competitividad y la calidad de nuestro sistema universitario.
Vemos a partidos políticos, que desde el gobierno o desde la oposición, han estado otorgando o exigiendo multimillonarias inversiones de muy baja productividad, sean éstas AVES sin justificación económica y con trazados que sonrojan al sentido común, aeropuertos que se quedan sin aviones al agotar las subvenciones a las compañías aéreas; autopistas sin tráfico que jamás cubrirán los costes de inversión y de explotación; parques temáticos que hoy son cementerios de cartón piedra; suelo urbanizable sobre el que no se construirá absolutamente nada en muchos años, o  puertos sin barcos. Se ha confundido inversión en investigación con construcción de edificios para investigar, y así nuestros jóvenes investigadores emigran igual que emigraban (no sólo ahora, repasemos las denuncias de los jóvenes becarios en estos últimos 15 años).
Da igual, todo este despilfarro se olvida.
Afrontarlo merecería respuestas demasiado complejas y responsabilidades demasiado compartidas y algo más de modestia. Significaría abandonar la fácil explicación de que casi todos nuestros problemas -el grave desempleo, la baja productividad y las dificultades para mejorar nuestra competitividad- se encuentra en nuestras leyes, en las normas laborales y por extensión en los sindicatos.
Explicación muy útil para exonerar de responsabilidades  a parte de la clase dirigente que en el pasado ciclo económico ha cometido serios errores, colectivos y particulares, por su incapacidad de fijar prioridades sociales, económicas y políticas, de impulsar y promover el tránsito desde un modelo productivo basado en el bajo valor añadido, escasa formación y bajos salarios, dominado por la pequeña empresa y dirigida al consumo interno, hacia un sistema productivo demandante de un mejor sistema educativo, de mayor innovación, de mayor esfuerzo en investigación, de más internacionalización, de mayor tamaño de las empresas y alianzas, y que finalmente ha terminado por dilapidar los mejores años de nuestro crecimiento económico.
Para este objetivo se precisaba empleo estable, se necesitaban trabajadores motivados y comprometidos con el proyecto de su empresa, y se precisaban empresarios fiables y arriesgados. Políticos que tratasen a los ciudadanos como adultos a los que se les dice la verdad por muy cruda que sea. Medios de comunicación sin sectarismos descarados para que sus portadas no se escriban el día antes de la noticia. Se precisaba enterrar, de una vez por todas el combustible que ha movido este país en los últimos 15 años: el fácil discurso del agravio comparativo.
Pero también se precisaban patronales con objetivos más allá de reiterar año tras año la misma consigna, esté el país en crecimiento o en recesión; que por una vez asuman su cuota de responsabilidad en los déficits que denuncian porque, efectivamente, la tienen en las carencias de nuestra negociación colectiva y en los contenidos de los convenios o en el sistema de formación continua; con una relación más autónoma con el poder político y mucho más seguras de su propia capacidad de negociación, defensoras de su autonomía como agentes sociales, como en todos los países de nuestro entorno. 
También los sindicatos debemos analizar con rigor cuál ha sido nuestra actuación, preguntarnos con valentía si nuestras prioridades, durante el pasado ciclo de crecimiento económico, han recogido y expresado los cambios que nos demandaba la nueva realidad en las empresas y en los sectores. Preguntarnos por qué ha sido tan difícil, precisamente en la fase de fuerte crecimiento, reforzar y reformar la débil estructura de la negociación colectiva. Y preguntarnos si hemos sido capaces de ajustar, con la precisión necesaria, las prioridades y demandas de los colectivos de mujeres, jóvenes, becarios, eventuales o trabajadores de pequeñas y pequeñísimas empresas.
Somos conscientes de que también en el sindicalismo tenemos asignaturas pendientes, muchas de ellas comunes a la mayoría del sindicalismo europeo: es necesario afrontar una cambiante realidad que reclama, y seguirá reclamando, nuevas políticas sindicales, que deberían orientarse a conseguir mayores niveles de participación de los trabajadores y trabajadoras, a la implicación en la marcha de la empresa y en la organización del trabajo, hacia los nuevos sistemas de retribución más flexibles y hacia mayores compromisos de los trabajadores con la formación permanente. Y somos conscientes también de la necesidad de cambios en las estructuras organizativas para que respondan con eficacia a las nuevas demandas de los trabajadores y trabajadoras a los que aspiramos  representar.
Los sindicatos hemos dado ya unos primeros pasos, difíciles, costosos y no fácilmente entendidos por amplios sectores de la sociedad. Lo hemos expresado, primero, con el Acuerdo de Pensiones y, hace escasas semanas, con el AENC II. Un acuerdo que supone un acta del compromiso sindical con el empleo, que modifica y adapta lo pactado hace dos años en respuesta  a la nueva realidad de crisis y desempleo, y que en muchas de sus materias, representa un cambio brusco de las tradicionales aspiraciones sindicales: moderación de rentas, vinculación de salarios a la productividad, acuerdo sobre mecanismos de mediación y arbitraje o introducción de nuevos mecanismos de flexibilidad interna.
El Gobierno no ha querido valorar este compromiso solamente unas semanas antes de aprobar su Reforma Laboral, y ha despreciado un instrumento que impulsaba el cambio cultural en las relaciones laborales e industriales, y un método, el diálogo y  el acuerdo, siempre mucho más eficaces que su imposición.
Estamos a tiempo de corregir el camino andado, el del miedo en las empresas, el tiempo de la desconfianza, el de los previsibles abusos, el del enfrentamiento y la conflictividad laboral y social, inevitables si se sigue sin corrección en el camino ahora emprendido.
La gravedad de la situación exige el compromiso de todos los sectores de nuestra sociedad, políticos, económicos, sociales. Precisamos de menos altanería, menos sectarismo, menos verdades inmutables; en una palabra, menos autosuficiencia. Porque las soluciones vendrán de la suma de esfuerzos, de una mayor credibilidad, de una  sincera y real explicación de las causas de la crisis, y para ello necesitamos más generosidad, modestia y humildad, virtudes poco comunes en nuestro quehacer político como país, pero bases imprescindibles hoy para generar el necesario clima de confianza social. Es lo que con contundencia demandó el pasado 29M, en el cierre de la multitudinaria manifestación en la Puerta del Sol de Madrid, el Secretario General de CC.OO. Ignacio Fernández Toxo con su propuesta al Gobierno, a la CEOE y a los grupos políticos del Parlamento, de un PACTO GLOBAL POR EL EMPLEO Y LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
No haría bien el Gobierno manteniendo actitudes que pretenden expresar autoridad y en el fondo esconden debilidad,-la de ser valiente con los débiles y sumiso con los fuertes- si no negocia y corrige la Reforma Laboral y la reorienta hacia la suma de voluntades y al Pacto Social; porque de ésta crisis no saldremos sin altas dosis de humildad y de dialogo.

martes, 20 de marzo de 2012

REFORMA LABORAL, LOS RIESGOS DEL PAPANATISMO


La Real Academia Española define ‘papanatas’ como: persona simple y crédula o demasiado cándida y fácil de engañar. Ingenuidad y candidez se desprenden, encubriendo probablemente mala intención, de algunas de las medidas contempladas en la Reforma Laboral, especialmente las que se refieren a la facilidad, sin control administrativo, bajo coste y difusas razones, para el despido objetivo y los ERES en unos momentos en los que se desarrolla un fuerte proceso de reestructuración de la industria europea por exceso de capacidad. Cambios legales que se defienden con argumentos para la pequeña empresa, pero cuyos efectos pueden ser letales también en la lucha diaria para el futuro de muchos centros de trabajo de las grandes empresas y grupos multinacionales con sedes en España. 

 Es sorprendente escuchar, cuando se argumentan algunas de las medidas contempladas en la Reforma Laboral, las comparaciones con otros países. Todos los profesionales del área de Recursos Humanos de las empresas o grupos multinacionales saben que, en el coste total de la reestructuración al afrontar el cierre de una empresa o realizar despidos colectivos, además de la indemnización, hay que contar con planes sociales. Planes sociales que respondan a exigidos criterios de responsabilidad social, y que incluyan desde la rigurosa justificación y verificación estricta de las razones hasta la obligación de compensar y regenerar con nuevas inversiones los efectos sociales del cierre empresarial en el territorio, incluyendo recolocaciones, empleos alternativos en la multinacional, o indemnizaciones adaptadas según edad, formación y previsibles dificultades futuras para un nuevo empleo. Todo ello, integrado en el "EL PLAN SOCIAL" minimiza, y en algunos casos hasta ridiculiza, nuestra discusión sobre el numero de días año de la indemnización a pagar por las multinacionales si lo relacionamos con el coste que éstas asumen en otros países. 

 Para tomar conciencia de la dimensión e importancia del problema y con él de la necesidad de examinar con atención los instrumentos legales para hacerle frente, el impacto de algunas de las medidas que se nos avecinan sobre nuestro empleo y tejido industrial, basta detenernos en el sector del automóvil, por poner un ejemplo entre otros muchos sectores de nuestra economía. En éste, de persistir el actual exceso de su capacidad productiva, la que expresa la diferencia entre la capacidad de ensamblar 25 millones de vehículos en los 241 centros europeos y los solo 20 millones fabricados el pasado año, pueden producirse repercusiones traumáticas en sus plantas europeas y, con ellas, una inmediata traducción en todo su sector auxiliar y de componentes, que incluye miles de empleos de empresas, muchas de ellas también multinacionales, del plástico, vidrio, caucho, pintura, metalúrgico, textil, ingeniería, etc. etc. Las tensiones que se avecinan por la adaptación estratégica de las multinacionales, no solo en el sector del automóvil y su industria auxiliar, también en la química, bienes de equipo, ferroviario, farmacéutico, etc., no serán para resolver en qué país de Europa se ubican sus inmediatas inversiones, sino más bien todo lo contrario. 

Las tensiones vendrán de la decisión sobre los centros y países que se eligen para producir el ajuste. Y tenemos un primer ejemplo: la multinacional UNILEVER, que ya ha decidido y anunciado, unas semanas después de la aprobación de la reforma laboral, que el centro de producción a cerrar es el España para afrontar la adaptación de su capacidad instalada a la demanda en Europa. Es por ello que quienes hayan vivido la dureza de las negociaciones en una multinacional para decidir qué planta y en qué país se aplica el ajuste, dureza también en el ámbito sindical, conocen el peso que tienen las obligaciones legales exigidas en cada país en la toma de decisiones. Y así, los líderes de esos país europeos que mandan, mientras refuerzan día a día la defensa de su tejido productivo y su empleo y ejercen fuertes presiones políticas cuando las reestructuraciones afectan a sus propios países, nos han exigido interesadamente mayores facilidades legales para los despidos en España. Es ahí precisamente donde la Reforma Laboral puede convertir a nuestro país en el mejor candidato para los ajustes de empleo y cierres de plantas. 

 Por ello debemos preguntarnos acerca de la razón que explica la desaparición de la autorización administrativa en los despidos colectivos, y si esa razón no será también un intento de escurrir el bulto por parte de los gobiernos central y autonómicos, para evitar así el desgaste político ante las reestructuraciones que se avecinan y endosar la responsabilidad a los jueces. Pero lo que es seguro, si no se corrige la Reforma Laboral, es que gracias a nuestro papanatismo, contribuiremos a nuevas pérdidas de empleo en nuestro país y aportaremos una nueva ventaja para la defensa de su tejido industrial en otros países, así como para los sindicatos de éstos, en las futuras negociaciones. 

 Joaquim González Muntadas Secretario General de FITEQA CCOO

miércoles, 14 de marzo de 2012

Una opinión sindical sobre REPSOL, sobre YPF y sobre el conflicto planteado por el Gobierno argentino


Joaquim González Muntadas | Secretario General de FITEQA CCOO

Los acontecimientos que están sucediendo estos días en Argentina con las iniciativas, o amagos, de nacionalización de YPF REPSOL, abren algunos interesantes, importantes y no solamente teóricos, interrogantes sobre cuál debería ser la posición de un sindicato de clase frente a una tal iniciativa que, sin meditar demasiado las consecuencias, podría calificarse de medida de izquierdas y progresista, ya que estamos hablando de la nacionalización de una empresa. Si aplicáramos el manual clásico, parece que debería provocar el aplauso, mucho más si estamos hablando de una empresa del sector del petróleo, con todas sus connotaciones económicas, sociales, políticas, y casi ideológicas como tienen las petroleras. En todo caso ésta sería, parece, la inercia pseudoideológica. Pero quizás las cosas no sean tan sencillas y conviene preguntarse y analizar qué intereses están en juego, y, también, cuáles son los intereses que organizamos y representamos desde el sindicalismo, y en nuestro caso, desde FITEQA-CCOO; cuáles son los intereses de los trabajadores españoles de Repsol en particular y los de los trabajadores de la industria, más en general, cuál es el interés de la economía del país, de España y también de Argentina. Cuáles son desde la perspectiva de una empresa cada día más “global”, en el marco de una acción sindical también cada día más global, desde la propia Red Sindical creada a precisamente iniciativa sindical española hace ya algunos años.
La siguiente pregunta que entiendo nos deberíamos hacer es cuales son las causas que motivan esta acción política, con las conocidas “amenazas” de nacionalización. Las causas alegadas son confusas, improvisadas, contradictorias incluso con la política del Gobierno Argentino en los últimos años, también en los últimos meses. Unos dicen que responden a impulsos nacionalistas, otros a juegos de disimulo de problemas más profundos. Es evidente que la gestión pública por sí misma no garantiza lo mejor para los ciudadanos en general o para los trabajadores en particular, como hemos podido comprobar cuando la corrupción, el nepotismo o el despotismo, han sido un elemento determinante en esta política pública, para lo que no es necesario marcharse a Corea del Norte, al Túnez de Ben Ali o al Egipto de Mubarak. Desde aquí no nos corresponde especular sobre ello porque no conocemos suficientemente la realidad Argentina para opinar, pero si conocemos que las inversiones realizadas en los últimos años por Repsol, el destino de los beneficios obtenidos, desmienten las razones que se esgrimen para la nacionalización como son las aducidas faltas de compromiso y de inversión de Repsol en Argentina.
La pregunta necesaria es cómo se sitúa el sindicalismo, en este caso español, cuando el bien que supuestamente se pretende expropiar afecta de forma clara al proyecto y al futuro industrial, y con ello también a los trabajadores. Interés de los trabajadores e interés de la economía nacional a la que de manera tan directa puede afectar una empresa energética como es Repsol.
Nos referimos a trabajadores españoles, y también a no españoles, del petróleo. Ésta es la perspectiva en la que entiendo nos deberíamos situar CCOO como sindicato mayoritario que representa los intereses de los cerca de 20.000  trabajadores de Repsol en España y, más allá,  formamos parte de una estructura sindical supranacional en el ámbito de Repsol en América Latina.
FITEQA-CCOO hemos impulsado la Red Sindical Internacional en el marco de esta empresa ya global, estamos avanzando en la definición de intereses sindicales supranacionales y seguimos con mucho interés la actitud de los trabajadores y los sindicatos de YPF, los que en el momento actual argentino están precisamente adoptando las posturas más prudentes en relación con este tema y planteando como prioridad el desarrollo industrial eficaz en la explotación de los recursos naturales de su país.
Los trabajadores de Repsol España tienen conciencia de que son parte de un Grupo Industrial Global y que las tensiones a muchos kilómetros de su puesto de trabajo también afectan de forma directa a sus condiciones de trabajo, tanto presentes como futuras. Así lo vivieron los trabajadores de Repsol en España, con una congelación salarial pactada en su momento por CCOO y UGT para hacer frente a las consecuencias negativas de la crisis económica (el “corralito”) de Argentina. En aquellos momentos difíciles Repsol, con el apoyo de los Sindicatos españoles, lejos de abandonar sus inversiones, cuando posiblemente era la solución más cómoda y como hicieron muchas otras empresas, saneó la estructura financiera de YPF hasta dejarla sin deuda alguna, mantuvo todos los puestos de trabajo y desarrolló una importante política de inversiones que hasta hace bien poco ha sido bendecida por las instituciones públicas argentinas, gobierno central y regionales.
Pero hoy una, quizás la principal, de las razones, de imposible disimulo, que explica el cambio de actitud del gobierno argentino hacia YPF y es el valor extraordinario de la explotación y del futuro desarrollo del descubrimiento realizado por Repsol en Vaca Muerta, que representa un cambio radical para los activos energéticos  de Argentina
La explotación de Vaca Muerta exige enormes inversiones, lo que obliga a Repsol a la búsqueda  de socios e inversores internacionales de primer nivel. Pero la opción de mérito está en que el esfuerzo no debe situarse sólo en el desarrollo y la explotación de los recursos, sino que la gran oportunidad para Argentina consiste en conseguir (y por los instrumentos de información presentes en la relaciones industriales y laborales de este grupo industrial que garantizan un alto nivel de seguimiento de la política de la empresa, me consta que Repsol está comprometida en ello) la creación y desarrollo de una industria auxiliar con altos niveles de innovación, construyendo así un nuevo sector industrial estratégico de la economía argentina, lo que por supuesto es también interés de Repsol YPF.
Otra podría ser la perspectiva si se asumiera la opción que por ejemplo proclaman en un reciente artículo “Ecologistas en acción”, que afirman: “la expropiación sería una buena noticia ya que un Gobierno en un país con una democracia parlamentaria es más susceptible de avanzar hacia el desmantelamiento de empresas públicas contaminantes”. Desde luego nuestra perspectiva, y nos atrevemos a afirmar que lo es asimismo del sindicalismo español y supranacional, también de los trabajadores argentinos de YPF, no es el desmantelamiento de las empresas de la energía, sino una defensa del medioambiente compatible con el desarrollo industrial. 
Por eso creo que Argentina se equivoca por no aprovechar al máximo la voluntad inversora de Repsol, su demostrada capacidad tecnológica, lo que le ha hecho líder mundial en el descubrimiento de nuevos yacimientos y su capacidad para generar alianzas para ese colosal proyecto que es la explotación de Vaca Muerta.
Por otra parte, mas allá de las decisiones políticas que pueda tomar el Gobierno Argentino, están las reglas y leyes internacionales que deben garantizar que cualquier decisión sea negociada en el marco de colaboración que ha presidido las relaciones de Repsol con la República Argentina a lo largo de más de 12 años.
Los actuales acontecimientos y el conflicto provocado por la actitud del Gobierno Argentino entiendo que sobrepasan la dimensión empresarial de Repsol y constituyen una muy mala noticia para la necesaria estabilidad y seguridad de las empresas españolas en la zona, lo que puede derivar en negativas consecuencias económicas para ambas partes. Por todo ello no deberíamos disimular  nuestro apoyo a las gestiones y esfuerzos que el Gobierno Español esta realizando, uniéndolos al llamamiento a la necesidad de huir de formas estridentes o de una sobreactuación teatral que puedan herir sentimientos o alimentar bajas pasiones de nacionalismos, porque no está el horno para bollos, por eso una vez más el camino es diálogo y diplomacia, mucha diplomacia y por supuesto legalidad.


viernes, 10 de febrero de 2012

UNA REFORMA LABORAL SECTARIA Y DOGMÁTICA


Joaquim González Muntadas
Secretario General de FITEQA CCOO

Decía Giuseppe Federico Manzini  que el principio ordenador de las sociedades libres y la condición de su desarrollo, es el conflicto. En las relaciones de trabajo el conflicto se produce entre quien tiene información  y decide, y quien no la tiene y no decide, entre el propietario de los medios de producción y quien vende su fuerza de trabajo y sus conocimientos. Mancini añadía  y << Sin embargo, hay que estar atentos, porque el conflicto carente de reglas y de procedimientos es barbarie, provoca en el mundo escasez y angustia >>.  En las sociedades modernas y democráticas quien ha de evitar el abuso de poder, la escasez y la angustia que provoca el inevitable desequilibrio de fuerzas entre el empresario y el trabajador individual, es el Derecho del Trabajo.

Como ha escrito Soledad Gallego en su excelente artículo en El País del pasado 19 de febrero con referencia a la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno del PP y CiU, titulado ¿Nada que hacer ? dice: " lo que llama la atención del Decreto Ley es que entregue la única llave al empresario y que haga casi desaparecer las reglas que, con grandes luchas y sufrimientos, han ido ordenando las relaciones laborales, como si los empleados y trabajadores fueran un elemento extraño al mundo de la empresa, algo irracional, que hay que disciplinar, y no un elemento fundamental dotado igualmente de intereses dignos de defender y, sobre todo, de raciocinio.".

Precisamente ahí se encuentra el elemento más agresivo hacia los derechos básicos de la Reforma Laboral: su nada disimulada intención de romper el equilibrio de la acción sindical y la capacidad de la negociación colectiva para regular las condiciones de trabajo mínimas y necesarias. 

Más allá de los cambios que provoca la Reforma en el mercado de trabajo para abaratar y dar mayor facilidad al despido  individual y colectivo, la novedad más significativa, la esencia misma de esta reforma, reside en que modifica el -comparado con los países de nuestro entorno- débil equilibrio entre las partes que conviven en la empresa. Equilibrio que distingue a las sociedades avanzadas y ricas de las atrasadas y pobres; que hace de la empresa y del mundo del trabajo un espacio para convivir y no para sobrevivir;  equilibrio que aunque no siempre ha determinado la línea de derecha e izquierda política, ha generado leyes y normas que conjugan derechos y competitividad, participación y cogestión con mejora de la productividad de las empresas y de la economía.

La música que inspira y acompaña la letra de la reforma es la que considera que el empresario es el amo y dueño y, de la misma forma que lo es de la maquinaria y del mobiliario, es propietario de la fuerza de trabajo. Y así, toda regulación que pretenda reducir el desequilibrio entre las partes, se entiende como un estorbo para la buena gestión de la empresa, y por ende, y ahí empieza el silogismo cargado de ideología, un supuesto estorbo para la competitividad, la generación de riqueza y el empleo.

Al margen de la opinión que le merezca a cada cual, la idea del Derecho del Trabajo y las organizaciones sindicales como estorbos para el progreso, no es nueva en la historia de España ni, por supuesto, en el mundo. En algunos casos, se añade incluso a las organizaciones  patronales como elementos distorsionadores de las relaciones del empresario con sus trabajadores en la empresa. Desde esa lógica, y al margen de su contenido e historia, se valoran los convenios colectivos sectoriales como corsés despegados de la realidad de las empresas, y a sus negociadores como cúpulas burocráticas ajenas a los intereses de los empresarios y de los trabajadores. Y por tanto, prescindibles. Porque ahí está el Partido Popular, el partido de los trabajadores, como han afirmado algunos de sus dirigentes, y por supuesto también el de los empresarios, como demuestra esta reforma.

Los demócratas deberíamos sentir decepción ante el sectarismo de algunos argumentos. Tristeza al leer indocumentadas comparaciones con la realidad del conjunto del sistema de relaciones laborales y protección social de países como Alemania, Francia, Holanda o Dinamarca. Y preocupación, mucha preocupación, porque algunos argumentos que acompañan la defensa de la reforma hacen que la música sea peor que su letra.

Identificar el paro con el Derecho del Trabajo y responsabilizar cínicamente a los sindicatos de la crisis y de los cinco millones y medio de parados, significa indultar de un plumazo a nuestro débil sistema productivo y al muy débil tejido empresarial español, con mucha pequeña empresa poco internacionalizada y con escasa reinversión de beneficios, a nuestros bajísimos niveles de I+D+i, al deteriorado sistema financiero, y eliminar las responsabilidades políticas que lleva aparejado. Ahí están las explicaciones de nuestra particular crisis, no en el mercado de trabajo y las relaciones laborales que son reflejo y consecuencia de esta realidad y no su causa. 

Estos poco edificantes argumentos dificultan un debate constructivo, especialmente cuando se descalifica el desacuerdo de los sindicatos argumentando que defienden intereses particulares y espúreos, intereses que contrastan con las nobles razones de quienes defienden que estas medidas son buenas para todo y para todos, porque las han decidido ellos, los buenos.

Esta posición sectaria y dogmática (el mercado siempre cumple con sus funciones) explica que el argumento de mayor fuerza tenga que sustentarse en un acto de fe. El que afirma  que, como la reforma laboral aprobada hace menos de un año por el anterior Gobierno no ha creado empleo -y ahí están las cifras que evidencian su fracaso- este Gobierno hace otra. Una reforma que, de antemano advierten, tampoco creará empleo en un año, pero que, realizando un triple salto mortal, aseguran que ésta sí es necesaria para crear empleo en el futuro. Sólo desde ese sectarismo ideológico, tan perjudicial en nuestra historia, se pueden resolver las dudas de un plumazo, como las resuelve ese hombre de la metáfora que les cuenta a sus amigos que su rabino es un santo porque habla todos los días con Dios. Los amigos, escépticos,  le preguntan: ¿y tú como lo sabes? porque me lo ha dicho él mismo, responde.  ¿Y cómo sabes que no te engaña? ¿Como me iba a engañar un hombre que habla todos los días con Dios?.

Desde los actos de fe no afrontaremos los grandes retos a los que debe responder nuestra economía, ni tampoco, como hace la Reforma, dinamitando, los débiles puentes del diálogo social, tan costosamente construidos en torno a objetivos comunes reflejados en el último AENC. Un Acuerdo que, si le dejaran, podría demostrar su capacidad y utilidad para moderar las rentas y bajar la inflación, mejorar la productividad y la estabilidad del empleo. Un pacto que aspira a cumplir sus objetivos reforzando la negociación colectiva pero al que, incomprensiblemente, la Reforma aprobada impide desarrollar los capítulos relacionados con la eficacia del convenio sectorial y su articulación en la empresa, una eficacia compatible con la posibilidad prevista de la inaplicación de su contenido en la empresa cuando se dan concretas circunstancias que lo justifican. Si no se corrige el contenido de la reforma en estas materias se está cuestionando de plano el valor y sentido mismo del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva,  convirtiéndolo en una oportunidad perdida para configurar unas relaciones laborales modernas que permitan trabajar por una mayor cohesión social tan necesaria en momentos de crisis, y evitar que perdamos el gran activo y ventaja competitiva  que hasta hoy ha sido, la paz social que sorprendentemente reprochan a los sindicatos los dirigentes del Partido Popular.

Pero volvamos a la acusación que ha derivado en el argumento central de defensa de la Reforma por parte de las más altas instancias del gobierno: el supuesto miedo de los sindicatos a perder privilegios. Más exacto sería afirmar que no se trata tanto de privilegios como de “cuotas de poder”, como acertadamente señala el amigo José Luis López Bulla cuando escribe en un reciente artículo: “No vayamos con zarandajas nosotros: pues claro que el problema central es una lucha de poderes. Como ha sido siempre, faltaría más. De poderes: derechos e instrumentos”.. Porque efectivamente de esto se trata. Y hemos de plantearlo abiertamente, sin miedo a las palabras, explicándolo a la opinión pública, a las trabajadoras y trabajadores en primer lugar.

Por ello, el movimiento sindical español no debería tener ningún complejo en asumir el reto de esta supuesta denuncia del miedo a la pérdidas de derechos sindicales, y afirmar con claridad, en primer lugar ante los trabajadores y trabajadoras, que sí, que quieren cercenar nuestros “privilegios”, es decir el privilegio de defender los derechos e intereses de cada uno y cada una de las personas que realizan un trabajo a cambio de un salario, de los “privilegios” necesarios para la defensa de la dignidad de su condición de trabajador porque en la empresa no deben estar ausentes los derechos fundamentales, ni se puede amparar la arbitrariedad que resulte del  autoritarismo y de la imposición sobre las personas que trabajan.

Quizás, y como efecto ciertamente no querido por sus autores, la reforma laboral se convierta en un estímulo para asumir que, ante las nuevas y mayores posibilidades objetivas del empresario, la mejor y casi única defensa que tenemos es organizarnos en el sindicato, como lo están la mayoría de nuestros compañeros y compañeras de los países que miramos como referencia de derechos y cohesión.

jueves, 2 de febrero de 2012

ANEC II: nos dimos la mano, no cojan el brazo


Joaquim González Muntadas,  Secretario general de Fiteqa-CC.00.  
El reciente acuerdo AENC II firmado por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas supone una importante apuesta para contribuir al mantenimiento y creación de empleo. Así lo hemos valorado los sindicatos firmantes y lo explicamos como un acuerdo útil y necesario para detener la acelerada y constante destrucción de empleo, mejorar la productividad de nuestra economía y nuestras empresas, y contribuir al control de precios.  

El avance de estos apartados constituye, a corto plazo, el único instrumento a nuestro alcance para combatir el gravísimo problema del desempleo, mientras intentamos transitar hacia un tejido productivo más denso, más grande y con mayor valor añadido: incrementar la productividad, mejorar la competitividad y controlar los precios, con la mejora de las relaciones laborales. Y con la negociación colectiva como el mejor instrumento para alcanzar estos objetivos desde la cooperación, la suma de voluntades y el reparto equitativo de esfuerzos y sacrificios. 

A estos objetivos responde el AENC II, y a ello responde la moderación de precios y rentas. Pero no sólo moderación de los salarios, sino también de los beneficios distribuidos en esta situación excepcional, de modo que la mayor parte del excedente empresarial se dirija a inversiones en instalaciones y mejora de la gestión. 
Con esta voluntad y con la esperanza de su eficacia, los sindicatos hemos asumido en este Acuerdo la incorporación de cambios muy notables en las normas que regulan las relaciones laborales e industriales, conscientes de que para muchas empresas y sectores representan cambios bruscos. Unos cambios que aspiran a influir de lleno en la organización del trabajo, en la distribución de la jornada, en la clasificación profesional. 
Hemos apostado por regular y extender mecanismos que potencien la flexibilidad interna como alternativa real a la desregulación laboral, al trabajo precario, al despido fácil, a la eventualidad abusiva. Hemos apostado porque la flexibilidad sea regulada y participada, porque esta potente herramienta facilite la adaptación competitiva de las empresas, favoreciendo con ello una mayor estabilidad en el empleo. Y hemos apostado por potenciar los cauces de participación, información y cooperación en la empresa como alternativa al autoritarismo, a la ausencia de reglas y a la precariedad, que tanto daño han hecho y siguen haciendo a nuestra economía. 

Por todo ello, el AENC II incorpora propuestas que deben ser desarrolladas y pactadas en los convenios, dirigidas a facilitar la atención a  las razones de aquellas empresas que consideren imposible la plena aplicación del convenio colectivo. Al mismo tiempo, se ha querido reforzar el valor del propio convenio colectivo y, en especial, la competencia de los agentes sociales para definir la estructura, las reglas de articulación y vertebración de los sectores y las empresas según sus particularidades. El convenio de sector y la negociación de su aplicación y adaptación a la empresa son dos ámbitos complementarios no sólo en situaciones de crisis, sino también en las situaciones de crecimiento y beneficios. 

En este nuevo marco que abre el AENC II, adquieren especial importancia muchas materias hasta hoy ausentes en la mayoría de los convenios colectivos, como son la regulación de la subcontratación, la externalización productiva y la subrogación de actividades, del empleo y las condiciones de trabajo, de los derechos de información, consulta y participación, materias que deberían estar presentes en las mesas negociadoras con fuerza. 

Más aún, en este nuevo marco deben incorporarse acuerdos formales en relación al destino de los excedentes y beneficios. Y para ello habrá que informar con detalle a los representantes de los trabajadores de sus cuantías, estableciendo a través de la negociación su reinversión expresamente orientada a mejorar la tecnología, la organización del trabajo y la gestión, así como una formación  profesional que permita a las trabajadoras y trabajadores adaptarse al presente y al futuro.  

Acorde con la moderación de rentas, es preciso concretar la fijación de criterios de reparto de los dividendos en las sociedades anónimas, lo cual, concretado en el convenio, debe contar además con los instrumentos adecuados para la verificación sindical. 
En este nuevo marco, es asimismo preciso un cambio radical en lo que hasta hoy representa la nula política de información del conjunto de los salarios pagados por las empresas, en especial los que están fuera de convenio (incluidas las retribuciones del personal directivo). No siendo imprescindible la especificación individual, sí lo es concretar la cuantía global y establecer el criterio de su evolución, de modo que las cifras se puedan cotejar y verificar con las cuentas de explotación de los últimos y próximos años. 
Todos estos aspectos deberían estar presentes en las negociaciones, como a buen seguro estarán la jornada laboral, las condiciones para la inaplicación salarial y otras condiciones laborales, el 0,5% de subida salarial, los nuevos criterios para la cláusula de garantía salarial o el salario variable. 
He titulado este artículo “nos dimos la mano, no cojan el brazo”, porque los documentos de criterios que CEOE y diversas patronales han editado para orientar a sus asociados y a las empresas en la aplicación del AENC II expresan, cuando menos, una lectura muy parcial del Acuerdo. Así lo indican también las decisiones precipitadas de no pocas patronales y empresas que han querido entender que lo que debe hacerse en la negociación de sus convenios es sólo un escaso incremento de las tablas salariales, al margen de que éstas no alcancen en muchos casos el 60% del coste salarial real. Constituye una grave distorsión de la realidad que no se distinga el incremento sobre tablas salariales de la masa salarial efectiva, diferencia necesaria incluso en convenios colectivos con cláusulas de absorción y compensación.  

Defiendo que se ha firmado un cambio radical no solo de moderación salarial, sino de política de rentas, ya que se han incorporando nuevos criterios y referencias para la evolución de los salarios. Por ello nosotros, los sindicatos, hemos de incorporar nuevos criterios salariales que atiendan a la realidad, y a la estructura retributiva efectiva de las empresas. Y cuando hablemos de flexibilidad salarial o de jornada, hagámoslo con iniciativa y reforcemos los derechos de información, participación y transparencia, y desde ellos de negociación, que deben acompañar las nuevas políticas salariales.  
No hemos firmado solamente el 0,5 % de subida salarial, ni el duro capitulo de flexibilidad, ni tampoco la nueva fórmula de revisión o la aplicación del descuelgue, y no vamos a abordar la negociación desde el AENC II sin incorporar las materias que más arriba he apuntado. Y afirmamos que es necesario considerar los cambios y modificaciones que se incorporan en la organización del trabajo y en la jornada para mejorar, como apunta también el AENC II, la conciliación de la vida familiar y laboral. 

El acuerdo es de carácter “obligacional”, “no normativo”, es decir que no es de aplicación directa, sino que requiere que en las negociaciones, las partes - sindicales y empresariales- se ajusten a sus contenidos. Pero el acuerdo obliga a cada una de las organizaciones firmantes a su cumplimiento, como expresión de coherencia y, en definitiva, de fuerza de los agentes sociales. Es necesario que desde la mano con que los sindicatos hemos estrechado la de la patronal no se nos pretenda coger el brazo en los convenios. Porque de hacerlo arruinaríamos lo que entiendo que es la mejor herramienta para mejorar la productividad, la competitividad y con ellas, combatir el desempleo. 

El éxito o el fracaso del AENC II se medirá tanto por los datos objetivos de inflación y de empleo -quebrando la tendencia destructora actual y creando nuevos puestos de trabajo- como por el rigor en su plena aplicación, abordando todas las cuestiones, muchas novedosas, en él planteadas.
 

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jueves, 12 de enero de 2012

LA FLEXIBILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA INDUSTRIA


Joaquím González Muntadas.

Agradezco sinceramente a los organizadores de este ciclo de conferencias la posibilidad de participar en ellas, ya que pretenden -y sinceramente creo que lo consiguen-, situar la defensa de nuestro tejido industrial en el centro de atención y preocupación de la sociedad y de la acción política (1). 

Una vez más parece que sólo se aprecia lo que se ha perdido, y quizás sea lo que le está sucediendo a nuestra sociedad de nuevos ricos: el humo de las fábricas y la grasa de las máquinas ha provocado grima, y ahora, con sorpresa infantil, nos preguntamos con preocupante ingenuidad ¿qué ha pasado con nuestro tejido industrial?, ¿dónde queda nuestra tradición industrial?, ¿donde está nuestra industria, la que fue el motor de nuestro progreso social?... 

Y la respuesta no es otra que nuestra industria está donde la hemos dejado con la complicidad de todos, de los gobiernos municipales, que han puesto dificultades una tras otra para liberar terreno industrial y destinarlo al uso de servicios o residencial. Comprenderán que desde mi actividad de responsable de una Federación Sindical de Industria tengo anécdotas que nos deberían hacer enrojecer, casos de administraciones de todos los colores expulsando a centros fabriles con futuro porque eran notas disonantes respecto al modelo de ciudad al que aspiraban, disonantes en una ciudad de alta tecnología, de industria limpia y de servicios de alta cualificación, pero nadie se preguntaba a quién prestarán los servicios si cerrábamos la principal receptora de estos servicios, que lógicamente emigran siguiendo a la industria. He vivido movimientos ciudadanos y vecinales que han empujado al cierre de empresas con futuro porque no eran propias del barrio residencial al que habían ido a vivir hacía un año mientras la fábrica estaba allí cien años atrás.  

La industria, nuestra industria, está donde la hemos querido llevar con la escasa potenciación de la formación técnica universitaria y, no sé cómo calificarla, nula, escasa o deficiente y devaluada política de formación profesional. 
Tenemos la industria que ha querido apoyar nuestro sector financiero, la que se ha querido grabar con unos precios del terreno industrial que doblaban los del sur de Francia, por poner un ejemplo cercano. Tenemos la industria que ha soportado el lastre de una política deficiente en infraestructuras de puerto y ferrocarril que encarece el transporte de nuestros productos. Y tenemos la industria que hemos castigado con un coste energético más caro y de peor calidad que la de nuestros competidores. Esta es la industria que tenemos. Parece que está cambiando la sensibilidad social y política, parece que hemos entendido que no hay riqueza sin industria, aprovechamos la ocasión. 
Pero yo he venido aquí a hablar de una de las materias centrales de las relaciones laborales en las empresas y sectores, la Organización del Trabajo, en unas fechas de máxima expectación porque estamos en la recta final de las negociaciones de la concertación social y que, en mi opinión, las futuras medidas que puedan salir de esta reforma, sean con acuerdo o sin él, una vez más corren el peligro de las exageradas expectativas que se espera de ellas. 
  
El peligro y  el error que representa entender que la explicación principal de nuestros males económicos y del paro está en nuestras normas y leyes, y sinceramente creo que no es así. Podríamos coincidir en que quizás representan las medidas más fáciles y más cómodas de tomar, pero oí una vez a un médico que explicaba que peor que no encontrar la enfermedad era que te trataran de una equivocada. Nuestra enfermedad no está en el mercado de trabajo -a pesar de precisar urgentes reformas-, la fiebre de nuestra economía refleja una grave infección motivada por la baja productividad, la falta de financiación, la escasa innovación y los débiles esfuerzos en  la formación.  

Pero el título de la mesa es LA FLEXIBILIDAD LOS RRHH EN LA INDUSTRIA, y para ayudarme a entrar en materia, permítanme que use el truco de los malos oradores y lo haga ayudado de una pregunta retórica: ¿Para qué industria? o mejor dicho ¿para qué empresa industrial queremos hablar de flexibilidad de los RR HH? Y si me apuran  ¿para qué empresario? 

Para ese empresario de la Revolución Industrial de principios del siglo XX y finales del XIX, que describe el profesor Guillermo de la Dehesa (El Empresario del Siglo XXI) como un perfecto "Homo economicus", es decir “hedonista en el consumo, egoísta en la riqueza, individualista en la gestión y estajanovista en su trabajo”?. O hablamos del empresario del Siglo XXI que el mismo profesor define como quien “se adapta a un nuevo entorno económico más abierto, global y complejo, donde los valores del egoísmo comienzan a dar paso al altruismo, a quien su flexibilidad, capacidad creativa y de innovación sustituyen a la rigidez y el trabajo en equipo, un empresario que ya no vive aislado, tiene responsabilidades sociales respecto a sus empleados, los clientes, los suministradores, y un entorno cada vez más competitivo, que le exige una excelencia que sobrepasa sus tradicionales dotes de mando”.? 

Y si hablamos de la empresa, lo hacemos de la empresa taylorista que define el propio Frederick Winslow Taylor como aquella en la que “el trabajo consiste principalmente es una serie de tareas sencillas y no especialmente interesantes y la única manera de conseguir que la gente lo haga es darle incentivos con el perfil apropiado y controlarlos cuidadosamente”?. Para resumir, con palabras del propio Taylor, el promotor de la organización científica del trabajo, cuyas  bases, lamentablemente, están todavía vigentes en muchas de nuestras empresas, cuando define el perfil del trabajador como: "el hombre es un ser tonto que se motiva a través de un interés económico". 
Para esta empresa que existe y para el empresario descrito por Guillermo de la Dehesa del pasado Siglo, donde la base de su organización del trabajo es rígida, autoritaria o no, pero donde encaja mal la iniciativa y la participación de los trabajadores y de sus representantes?. 
  
Para esta empresa que responde a trabajos rutinarios, poco estimulantes, demandantes de poca formación, que responde a trabajos ALGORÍTMICOS, entendiendo éstos como que para resolver un problema difícil, se divide en partes más simples tantas veces como sea necesario, hasta que la resolución se haga obvia?.  

Para esta empresa los instrumentos de flexibilidad que demanda son los que le proporciona la Flexibilidad Externa, la que proporciona al empresario la capacidad para aumentar o disminuir el empleo sin incurrir en grandes costes o sin grandes obstáculos de tipo normativo. Nos estamos refiriendo a empresas asociadas a bajo desarrollo profesional y también bajos esfuerzos en materia de capacitación y de formación específica, como consecuencia de la constante rotación  interna de los trabajadores.  

Una empresa que, descrita así, se nos representa antipática o, como mínimo, poco atractiva para trabajar en ella, es para la que responde en gran medida, por desgracia,  nuestro actual cuerpo normativo y contractual, es decir, nuestras leyes y la mayoría de nuestros convenios colectivos, pensados ​​para la empresa de ayer, pensados para trabajos de bajo valor añadido, de poca formación, y por ello, para trabajadores fáciles de sustituir. Pensados para una industria que podría resolver la flexibilidad que le exige su mercado por la vía de la contratación eventual, a tiempo parcial, y con despido rápido y, a poder ser, barato. Así es como se ha resuelto una parte muy importante de nuestro crecimiento,  basado en sectores como la construcción y sus derivados, con cuotas de eventualidad del 50, 60 ó el 70% en muchas empresas.  

Pero para el empresario del Siglo XXI y para la empresa donde el trabajo requiere de formación permanente, versatilidad, iniciativa de todas las personas que en ella trabajan más allá de su responsabilidad, la empresa de hoy, con jerarquías difusas y organigramas planos, la empresa donde su trabajo es Heurístico porque no hay manual de instrucciones, porque tiene relativos niveles de autonomía y responsabilidad, que necesita formación permanente e implicación y compromiso con la marcha de la empresa, para esta empresa cada vez más compleja, más dinámica y que sobrevive sólo a través de su capacidad de innovación, de reacción y de flexibilidad, para esa empresa nuestro actual mercado de trabajo ha representado su perdición, ya que le ha facilitado, cuando no empujado y viciado, a la flexibilidad cómoda, la flexibilidad externa, la que proporciona poder disponer del 40 y 60% de eventualidad, pero que lleva acompañado que los niveles de compromiso del trabajador con el proyecto de la empresa sean mínimos por no decir nulos. 

Este entorno normativo no ha favorecido la resolución de las necesidades de nuestras industrias, que necesitan flexibilidad interna, entendida como la posibilidad de que los trabajadores puedan realizar unas u otras tareas dentro de la empresa, adaptándose a las necesidades de las nuevas técnicas productivas o a las cambiantes exigencias de los mercados de productos. 

Una flexibilidad basada en el mercado de trabajo interno donde las cualificaciones requeridas de la mano de obra se obtienen fundamentalmente por el reciclaje del personal y la formación permanente, porque la redefinición de las tareas y la reconversión de los trabajadores también es permanente. 

Para esta flexibilidad interna los instrumentos son más complejos, como lo es la propia organización del trabajo, porque son cambios en el tiempo de trabajo, en la rotación de personal en diferentes lugares y tareas, en la polivalencia de actividades, el uso de horas extras, los trabajos en turnos, en fines de semana,  las pausas en la jornada diaria y las semanas de trabajo comprimidas, la redistribución de los permisos anuales (permisos sabáticos, por maternidad y aquellas necesidades de conciliación y privadas que la flexibilidad también debe permitir atender), el teletrabajo, y un largo etcétera, que no se logra con la imposición de las normas y sí con el diálogo y la cooperación en la empresa, que representa el más serio déficit cuando hablamos de las relaciones laborales de nuestro país. 

Solo hay que mirar en el interior de muchas empresas para ver nuestras debilidades, que unidas a nuestro agotado y débil modelo productivo (lo que producimos, cómo lo producimos y a qué precio lo producimos), explican unas relaciones laborales llenas de desconfianza o de confrontación entre empresario y trabajador. Si el objetivo es construir un nuevo modelo que represente una fortaleza para la permanente mejora de la competitividad de nuestras empresas, no hay otro eje que la implicación y la participación de los trabajadores y trabajadoras y de sus sindicatos. 

Detectado el principal escollo, el de la desconfianza mutua, es hora de preguntarnos cómo se articula un modelo que permita a la empresa establecer la adecuada relación entre los costes laborales y la situación de ésta y que, al mismo tiempo, genere confianza en el trabajador y eleve su nivel de compromiso con la mejora de la productividad. Pero eso sí, conscientes de que la productividad es un mix de esfuerzo del trabajador, mejora formativa, aplicación de tecnología, reinversión de excedentes y eficaz gestión, lo que exige compromiso por ambas partes. Y cuando las cosas vayan bien, los beneficios deben ser para todos. 

Necesitamos nuevos convenios colectivos que incorporen, en justa correspondencia a sus instrumentos de flexibilidad, los necesarios derechos de participación e información de los trabajadores y sus representantes, sobre los resultados, los proyectos y la marcha de la empresa. Sólo estos convenios pueden ser la base del cambio de modelo de relaciones laborales, basado en la cooperación y el esfuerzo común. El ejemplo lo tenemos en estos países a los que envidiamos su capacidad de adaptación y su positiva combinación de flexibilidad y seguridad. Pero demasiadas veces se mira sólo una cara de la moneda y se oculta que éstos son también los países con mayor equilibrio, protección social, empleo estable, sindicalización y derechos de formación, de información y participación. 

Dos caras de la misma moneda de las relaciones laborales cooperativas. En una, la necesaria flexibilidad, adaptación permanente e implicación y, en la otra, seguridad, transparencia, información y participación. 

Un modelo de relaciones laborales de cooperación y de flexibilidad interna que precisa más diálogo y de soluciones negociadas desde el necesario equilibrio entre los interlocutores. 

A través de la negociación colectiva se pueden abordar con claridad y valentía los problemas clave de la flexibilidad, tanto en relación con la ordenación del tiempo de trabajo, como los sistemas de contratación y retribución, afirmando la necesidad de tener en cuenta la evolución económica de las empresas y los sectores, la situación de los mercados, la inflación, la productividad, la variación de costes, las inversiones y la modernización tecnológica, etc., así como la relación entre retribuciones variables y objetivos de la empresa. 

Es posible y necesario que los convenios no sólo posibiliten, también estimulen la relación con la formación, la movilidad funcional, el absentismo, la política de igualdad, la apuesta reforzada de solución extrajudicial de conflictos etc. Y todo ello en el marco de una activa y transparente interlocución de las empresas con los representantes de los trabajadores. Y tenemos algunas experiencias no sólo de sectores, también de empresas, grandes y pequeñas. 

Avanzar en esta línea exige a los empresarios confiar en ellos mismos y en su capacidad de negociación y acuerdo, no esperando todo de las reformas legislativas por muy bien que les suene la música que se avecina, porque para que sea eficaz, la letra debe estar escrita conjuntamente por los que después tendrán que llevarla a la práctica. Y a nosotros, los sindicatos, también nos exige tomar clara conciencia de que no estamos jugando en campo contrario cuando hablamos de mejorar la eficiencia del trabajo, ni cuando hablamos de mejorar la productividad y la competitividad de la empresa. 

Pero si queremos avanzar hacia un marco de relaciones laborales que sea una fortaleza para nuestra economía y nuestras empresas, es imprescindible superar la vagancia negociadora de los empresarios, patronales, trabajadores y sindicatos, y de aquellos que siempre han esperado que sean las reformas legislativas las que muevan los obstáculos de un terreno donde prima por definición la autonomía de las partes, de donde han salido y saldrán las mejores prácticas. 
  
Y lo preocupante y criticable que nos debería hacer reflexionar a los agentes sociales es el  hecho, digamos paradójico, de que no haya sido durante el largo periodo de crecimiento, con más y mejores instrumentos, los que dan los beneficios empresariales y, por ello también, la mejor correlación de fuerzas sindical, cuando hayamos acometido la verdadera y útil reforma de la negociación colectiva, de su estructura y de sus contenidos y tengamos que afrontarlo en plena crisis cuando se nos amontonan los problemas. 

Pero como suele suceder muchas veces en la vida y en la historia de las comunidades, lo difícil lo hacemos en los momentos, precisamente, más difíciles. Esperamos que sean estas dificultades un acicate y no una barrera para la modernización de nuestras relaciones laborales. 

Muchas gracias por su atención. 

Joaquim González Muntadas
Secretario general de Fiteqa – CC.OO.


(1) Conferencia organizada por la Fundació Privada del Gremi de Fabricants de Sabadell. 10 de Enero de 2012

jueves, 29 de diciembre de 2011

NO HAY POLÍTICA INDUSTRIAL SIN INNOVACIÓN ÚTIL



Joaquim González Muntadas, Secretario General de Fiteqa-CC.00.


Imaginemos un país en el que la debilidad de la demanda interna no permite impulsar las inversiones privadas;  en el que el déficit de las cuentas públicas es tan elevado que impide la realización de un plan de inversiones públicas capaz de activar el crecimiento económico; un país muy heterogéneo en cuanto a la competitividad de sus empresas,  la calidad de los servicios,  los niveles de rentas y necesidades sociales. 

Supongamos que nos preguntamos acerca de cómo provocar, en este supuesto país,  un crecimiento competitivo basado en la difusión de la innovación. Podríamos pensar en facilitar el acceso de los sectores productivos a la tecnología, al conocimiento y  a las competencias, confiando en que una mayor disponibilidad de estos recursos facilitará su mas provechosa utilización. Sin embargo, poner en marcha esta política precisa una programación nacional e importantes apoyos presupuestarios públicos y  no podríamos hacerlo  puesto que, este imaginario país, ni dispone de recursos públicos, ni su sistema productivo – posicionado en bienes de bajo valor añadido, con una dimensión empresarial baja -  está en condiciones de absorber eficaz y eficientemente esos nuevos recursos innovadores.

Si por el contrario, tuviésemos la fortuna de vivir en un país en el que ya hay conocimiento (a pesar de los desequilibrios estructurales y la escasez de recursos públicos), las competencias y la innovación tecnológica ya existen y están disponibles (prueba de ello son los indicadores de la exportación de algunos segmentos y de los recursos humanos), pero no se utilizan porque el sistema productivo tiene dificultad para relanzarse, sería más fácil imaginar “políticas industriales” de utilización y difusión de la innovación. En este caso ,resultarían más eficaces actuaciones desde el lado de la oferta productiva,  con posibilidad de identificar las innovaciones y difundirlas.

Sin duda en España coexisten los rasgos de cada uno de estos países. Pongamos el ejemplo de un sector central en nuestra economía, la construcción. Existen tecnologías y conocimiento  en materia de construcción sostenible e ingeniería punteras en algunas de sus prestaciones. Sin embargo, la construcción residencial y de servicios, no está proyectada para ahorrar energía ni tampoco para producirla, no tiene una relación estable con la demanda de vivienda. Seguramente impulsar una gran programación de cambio en el sector es una opción bastante más eficiente que una deducción en el IPRF, que para lo único que sirve es para sostener artificialmente las compras. Pero también lo es, y puede ser más eficaz,  impulsar pequeños cambios en los puntos con mayor proyección de futuro haciendo que las normativas,  en todos los ámbitos, vinculen una parte de las nuevas construcciones con los requisitos de futuro: calidad y ahorro de energía. Esta es una opción que además de ser económicamente sostenible para las  administraciones  públicas, es inmediatamente aplicable, y favorece una transformación cualitativa del sector,  actuando desde el lado de la demanda.

Se pueden identificar en muchos campos ejemplos análogos de saltos potenciales de innovación, suscitados por actos administrativos no onerosos: ciclo de los residuos y desechos, textiles técnicos, transportes locales, redes intangibles, seguridad alimentaria, química  farmacéutica, asistencia social, seguridad vial, contaminación atmosférica, etc. En todos estos campos, y seguro que en muchos más, si se piensa en profundidad en el asunto, la demanda de innovación puede ser un acicate determinante para la innovación de las empresas.  Esto es lo que nos enseñan los países más avanzados.

La evolución de la inversión en I+D+i en las dos últimas décadas muestra que la mayor distancia española con la Unión Europea no está en el componente público sino en el privado. Las empresas españolas invierten poco en investigación, desarrollo e innovación, siendo obvio que progresarían mucho más si lo hicieran, puesto que ganarían competitividad con terceros. La tesis, en consecuencia, consiste en reconocer de un lado, la urgente necesidad de superar nuestra historia, llena de tópicos y grandilocuentes definiciones genéricas, muchas veces vacías cuando de la  política industrial y la innovación se trata y , de otro,  sostener que el crecimiento competitivo se puede activar con políticas que impulsen una demanda cualificada que facilite “encontrar” y transferir conocimiento e innovación y actuar sobre la dinámica general del mercado y la demanda del producto. Es decir, analizar con detalle las deficiencias para intentar cubrirlas con medidas concretas y cercanas.

Lógicamente estas medidas pueden acompañarse de recursos públicos cuando no hay financiación suficiente, pero lo importante no es su acepción de gasto sino las facilidades que deben tener  las empresas para incorporar  estos planes y ser capaces  de atender a sus requerimientos. La innovación estaría, pues,  acompañada de instrumentos de apoyo de naturaleza fiscal y crediticia: fondos de garantía (capital riesgo) para reducir el riesgo bancario y facilitar el crédito a las empresas, sobre todo pequeñas que intenten asociarse, para afrontar el salto tecnológico impuesto por el mercado, y de conciertos, con financiación pública, entre las empresas (pequeñas y medianas) con la universidad y los centros de investigación.

El proceso de la política industrial desde abajo, con  identificación de las necesidades y la difusión de la innovación que hemos ilustrado, presupone que hoy padecemos de escasez de demanda y no de innovación y,  lo más  importante: que debe existir un compromiso claro por la innovación de los gobiernos central, autonómicos y locales y también una disponibilidad sindical para situar la innovación y la formación permanentes en el centro de sus políticas, en todos y cada uno de los ámbitos en los que interviene, empezando en las empresas y los sectores, siguiendo en los observatorios industriales, en la negociación colectiva, en el dialogo social, en la concertación local, autonómica y estatal. Ello implica que debemos impulsar  la innovación en todas y cada una de las plataformas de dialogo: patronales, sindicales y administraciones ; crear  instrumentos que impulsen y faciliten la alianza de las pequeñas y medianas empresas  a fin de  mejorar su  tamaño, y tener como objetivo la cooperación innovadora, porque son condiciones hoy todavía posibles pero no de duración indeterminada.