lunes, 1 de abril de 2013

OÍDO SINDICATOS: CON LA CABEZA BIEN ALTA



Joaquim González Muntadas

Había una vez un hombre que al cruzarse con otro por la acera le sujeta por el brazo y le exclama con alegría: ¡Hola Manuel, cuánto tiempo y qué cambiado estás! Y ante el silencio de éste, el hombre, con la misma alegría, le continúa diciendo, «muchacho qué cambiado estás, tan delgado y calvo que eras antes, y ahora tan gordo y con esa melena». Y ante la falta de respuesta, el hombre  sigue insistiendo: que cambio chico, si incluso eres mucho más alto, dónde vas a parar Manuel, vaya cambio que has hecho, nadie diría que eres tú. Disculpe señor, le contesta el otro, lamento decirle que no le conozco de nada, y además debo aclararle también que yo no me llamo Manuel, me llamo Juan. Lo ves Manuel, lo que has cambiado, lo que  yo te digo, si incluso te has cambiado el nombre, Manuel.

Esta simpática fábula expresa bien lo difícil que es conseguir que se cambie de opinión cuando está predefinida y más aún si responde a un interés, pero lo que sucede en la realidad política y social de nuestro país, donde los niveles de sectarismo irracional en la cosa pública son habituales y se agravan de día en día, no es un chiste.

Es normal que desde su ideología y perspectiva particular, cada persona analice la actualidad política y social, pero no debería ser tan normal el extendido hábito de negar la más mínima razón al que no coincide con las ideas de uno, ni tampoco debería ser lógico que lo que hagan ‘los de uno’ sea siempre impecable, y lo que hagan ‘los del otro’ siempre sea negativo, cuando no corrupción.

No es sensato ni sano socialmente el sectarismo extremo que se ha apoderado del panorama de nuestras relaciones políticas, que en gran medida explica que seamos incapaces de acordar y compartir soluciones comunes ante la grave situación de crisis económica, social e institucional que estamos padeciendo. Este panorama debería obligar a los líderes políticos y sociales a tomar conciencia y corregir esta negativa realidad. De lo contrario, acabaremos yendo a paso firme hacia un país donde despreciar al otro será la norma y los valores sólo servirán para agredirnos.

Lo más grave es que se ha instalado en una parte de los dirigentes políticos, y en sus medios de comunicación afines, que la permanecía en el poder o su conquista sólo depende de haber destruido  al contrario. Esto explica el todo vale, sea verdad, mentira o medio pensionista, y que se pida la dimisión, responsabilidades políticas, comisiones de investigación parlamentaria o comparecencias, por ejemplo, por una noticia de prensa no contrastada, si ésta se refiere a los otros.

Un ejemplo de lo anterior lo vemos casi cada día ante las noticias que se refieren a denuncias, escándalos o procesos judiciales. En el caso de los ERES de Andalucía estas últimas semanas, con especial virulencia e instrumentalización por parte de algunos sectores que han visto una ocasión de oro para intentar la destrucción de uno de sus principales enemigos, el sindicalismo. ¡Qué mejor que poder presentar como espuria la legítima actividad sindical y como delictivo el legal cobro de sus servicios!.

Mezclando comportamientos graves y delictivos de personas ajenas a las organizaciones sindicales y calificando como soborno o comisiones ilegales y tráfico de influencias lo que es parte de la actividad propia de la responsabilidad y la actividad sindical: el asesoramiento, participación y negociación en las, por desgracia, demasiadas  empresas en crisis, sin recursos, con trabajadores excedentes, quienes en ocasiones precisan de ayudas de las Administraciones Públicas para tratar una solución menos traumática que los 20 días por año trabajados contemplados en la Ley, como es la jubilación anticipada. 

Es verdad que se trata de una opción más cara, pero gracias también a la acción sindical ha sido utilizada por miles de empresas españolas de todos los sectores y en todos los territorios. Una fórmula que ha beneficiando a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, en su gran mayoría, sin ayudas públicas, y en otras, sin recursos propios, gracias a esas ayudas del Gobierno Central o Autonómicos, que han permitido que miles de trabajadores y trabajadoras pudieran  evitar lo que hoy están padeciendo la gran mayoría de los despidos individuales y colectivos: personas  de cincuenta y cinco años que resultan condenadas al paro permanente y a un futuro con una  fortísima pérdida del valor de su jubilación por la que han cotizado durante más treinta años.

Los sindicatos tienen que hacer un esfuerzo muy especial para aclarar a quienes las últimas noticias pueden haber producido preocupación o incluso decepción, estos malos entendidos. Deben explicar su trabajo con la cabeza bien alta, deben explicar que cuando intervienen en los expedientes de crisis de una empresa, han cobrado, cobran y seguirán cobrando por los servicios y el trabajo que prestan sus abogados, sus economistas, sus técnicos, sus actuarios y sus sindicalistas.

Los sindicatos deben hacer un esfuerzo para explicar su función legitima y legal aunque sepan  que es  difícil, por no decir imposible, convencer a nadie de su error cuando cree que ha encontrado una eficaz munición, como es la acusación de corrupción, contra uno de sus principales enemigos, los sindicatos, en un momento especialmente sensible por la saturación de casos y por la grave crisis.

Es tan difícil como intentar convencer al hombre de la fábula que Juan  no es Manuel, pero ahí tienen hoy CCOO y UGT una de sus prioridades: la de evidenciar, porque hay razones y hechos suficientes para demostrarlo, que los sindicatos españoles son parte de lo más sano de este país y por esto deben afrontar estos momentos difíciles con la cabeza muy alta.