REPSOL NO ES ESPAÑA, PERO 17.000 TRABAJADORES, SÍ

Repsol NO es España, pero 17.000 trabajadores/as SÍ

Joaquim González Muntadas | Secretario General de FITEQA CCOO

Más allá de quienes califican la intervención de YPF como nacionalización revolucionaria de los recursos energéticos o expropiación a una multinacional del petróleo (dándole así su justo merecido, según explica el gobierno argentino), o de quienes entendemos que podría ser legítima si así lo decidiera soberanamente el país con respeto a sus propias leyes y a los tratados internacionales por él suscritos, lo sucedido en Argentina con YPF y REPSOL ha sido una intervención llena de sombras. Sombras en las formas, en las razones esgrimidas y en su previsible resultado final que, sin duda, terminarán por decepcionar las entusiastas expresiones de algunos sectores sociales y políticos que han visto la medida como una acción en favor de la justicia social. El tiempo lo dirá.

Pero no necesitamos esperar para comprobar el fuerte quebranto que para Repsol puede representar si, como parece, la compensación por parte de Argentina no responde al valor objetivo de lo expropiado. Es ahí donde surge la discusión en caliente en las redes sociales, donde se expresan muy diversas opiniones. Unas entienden que es una afrenta a España, por lo que la respuesta debe ser patriota, y ahí caben los boicots a productos argentinos, desagravios o movilizaciones, locuras que siempre nacen de invocar enfáticamente a la patria.

Entonces, ¿debemos ser indiferentes como expresan muchas voces? Para fundamentarlo afirman que, al ser Repsol una empresa privada y extranjeros una parte importante de sus accionistas, su destino es algo que afecta en exclusiva a sus propietarios. Yo afirmo que no, porque solo desde una visión extrema y de lo más ultraliberal se puede identificar exclusivamente a las empresas con sus accionistas o considerar que sus éxitos o fracasos serían ajenos al resto de la sociedad, a sus trabajadores y a los territorios donde están ubicadas.

Repsol no es España, es cierto, tan cierto como sí son España sus 17.000 trabajadores/as directos en el país y muchos de sus 480.000 accionistas minoritarios. Como lo son sus complejos industriales de Euskadi, Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia y Catalunya, donde trabajan cientos de empresas de servicios y en ellas bastantes miles de trabajadores. También su puntero Centro de Tecnología de Móstoles (Madrid) y sus 3.620 estaciones de servicio repartidas por todo el país.

No sabemos cómo va a repercutir en las cuentas de los grandes accionistas, españoles o extranjeros. No es nuestro principal problema, sabemos que nunca pierden. Pero sabemos que precisamente la fortaleza industrial de Repsol y su salud financiera han permitido que, tras varios años de crisis general de la economía, se haya culminado el pasado miércoles la inauguración de la ampliación del complejo industrial de Cartagena, iniciada hace 4 años, y que ha representado la mayor inversión industrial de la historia de nuestro país: 3.150 millones de euros, duplicando la capacidad de destilación de crudo en Cartagena, contribuyendo con ello a una clara mejora de nuestra balanza comercial tan deteriorada.

Igual trascendencia económica y social tienen −para un país como el nuestro de escasa inversión industrial− los 900 millones de euros invertidos en la nueva unidad de coque de la refinería de Petronor, en Bilbao, o los 100 millones de euros anuales de salarios que representa la red de empresas homologadas en torno a su complejo industrial de las Comarcas de Tarragona.

Repsol no es España, pero su presente y futuro no son ajenos a los intereses de sus trabajadores y del conjunto de la ciudadanía. Así lo entiende el sindicalismo cuando no comparte la opinión de los que consideran que las empresas son exclusivamente de sus accionistas, uno de los muchos frentes de nuestra confrontación. Y estas posiciones ultraliberales son las que pueden acabar reforzando algunos argumentos que critican a CC.OO. y UGT porque hemos expresado nuestra preocupación y compromiso con la defensa del proyecto industrial de una de las mayores empresas industriales de nuestro país.

No deberíamos ser indiferentes a lo que le suceda a Repsol, como no lo somos en FITEQA CC.OO respecto a los esfuerzos de internacionalización de empresas del sector de la moda, la energía, la química o la farmacia, como Inditex, Mango, Puig, Gas Natural Fenosa, Gamesa, Maxan, Grupo Esteve, Grifols, etc., empresas que, más allá de la propiedad de sus acciones, se reconocen como españolas. Y que, con su internacionalización, atenúan una de las principales debilidades de nuestro tejido productivo, como es el reducido tamaño de la mayoría de nuestras empresas y el escaso número de compañías internacionales, lo cual nos impide aprovechar las ventajas de ser el país sede, como vemos día a día con las multinacionales de otros países, a la hora de localizar su inversiones, el I+D+i, los nuevos proyectos y también, como en el caso de Repsol ( 8.310 millones de €), los ingresos por impuestos que generan sus beneficios.

Por esto es tan importante arriar las banderas y silenciar himnos patrióticos que nos distraigan del fondo del conflicto, para que REPSOL sea adecuadamente tratada y se refuercen el resto de las numerosas empresas españolas en Argentina. Nos va mucho en ello.

Reforma laboral, paro y crisis: con prepotencia y sin diálogo no salimos de ésta

Joaquim González Muntadas | Secretario General de FITEQA CCOO

Si al llegar a nuestro país, una persona leyera lo que publican algunos medios de comunicación, escuchara la opinión de prestigiosos empresarios, o atendiera las reflexiones de los dirigentes del Partido Popular, concluiría que la explicación de nuestros problemas y de la larga lista de déficits que padecemos -altísimo desempleo, baja productividad, escasa inversión en I+D+i, deficiente formación, o nula coordinación entre las  diversas Administraciones Públicas-, es el mercado de trabajo, y los responsables, los sindicatos.

Explicación que, sin un gramo de humildad, han expresado tanto los primeros  ejecutivos de empresas constructoras,  energéticas o bancos, como sus muchos centros de estudios que negaron, informe tras informe, la existencia de burbuja alguna y que, ahora sin rubor, cargan la responsabilidad de todos nuestros males  a los salarios y al coste del despido de los trabajadores. Y por supuesto sin citar que ellos, los ejecutivos españoles, son uno de los colectivos que mejor soportan la comparación de sus condiciones salariales con sus homólogos europeos.

Podemos oírselo a directivos de Cajas de Ahorros que día tras día han reclamado reformas de nuestro sistema de  pensiones por lo elevado de las mismas, para luego descubrir sus indecentes y millonarios planes privados. Leemos y escuchamos a medios de comunicación clamar contra las subvenciones a otros organismos y entidades, mientras siguen subsistiendo gracias a éstas. Escuchamos a catedráticos reclamar el despido más fácil y barato, sin mirar ni por un instante la realidad de sus condiciones de empleo, a quienes si se aplicaran solo un tercio de las recetas que nos extienden a los demás, mejorarían notablemente la competitividad y la calidad de nuestro sistema universitario.

Vemos a partidos políticos, que desde el gobierno o desde la oposición, han estado otorgando o exigiendo multimillonarias inversiones de muy baja productividad, sean éstas AVES sin justificación económica y con trazados que sonrojan al sentido común, aeropuertos que se quedan sin aviones al agotar las subvenciones a las compañías aéreas; autopistas sin tráfico que jamás cubrirán los costes de inversión y de explotación; parques temáticos que hoy son cementerios de cartón piedra; suelo urbanizable sobre el que no se construirá absolutamente nada en muchos años, o  puertos sin barcos. Se ha confundido inversión en investigación con construcción de edificios para investigar, y así nuestros jóvenes investigadores emigran igual que emigraban (no sólo ahora, repasemos las denuncias de los jóvenes becarios en estos últimos 15 años).

Da igual, todo este despilfarro se olvida.

Afrontarlo merecería respuestas demasiado complejas y responsabilidades demasiado compartidas y algo más de modestia. Significaría abandonar la fácil explicación de que casi todos nuestros problemas -el grave desempleo, la baja productividad y las dificultades para mejorar nuestra competitividad- se encuentra en nuestras leyes, en las normas laborales y por extensión en los sindicatos.

Explicación muy útil para exonerar de responsabilidades  a parte de la clase dirigente que en el pasado ciclo económico ha cometido serios errores, colectivos y particulares, por su incapacidad de fijar prioridades sociales, económicas y políticas, de impulsar y promover el tránsito desde un modelo productivo basado en el bajo valor añadido, escasa formación y bajos salarios, dominado por la pequeña empresa y dirigida al consumo interno, hacia un sistema productivo demandante de un mejor sistema educativo, de mayor innovación, de mayor esfuerzo en investigación, de más internacionalización, de mayor tamaño de las empresas y alianzas, y que finalmente ha terminado por dilapidar los mejores años de nuestro crecimiento económico.

Para este objetivo se precisaba empleo estable, se necesitaban trabajadores motivados y comprometidos con el proyecto de su empresa, y se precisaban empresarios fiables y arriesgados. Políticos que tratasen a los ciudadanos como adultos a los que se les dice la verdad por muy cruda que sea. Medios de comunicación sin sectarismos descarados para que sus portadas no se escriban el día antes de la noticia. Se precisaba enterrar, de una vez por todas el combustible que ha movido este país en los últimos 15 años: el fácil discurso del agravio comparativo.

Pero también se precisaban patronales con objetivos más allá de reiterar año tras año la misma consigna, esté el país en crecimiento o en recesión; que por una vez asuman su cuota de responsabilidad en los déficits que denuncian porque, efectivamente, la tienen en las carencias de nuestra negociación colectiva y en los contenidos de los convenios o en el sistema de formación continua; con una relación más autónoma con el poder político y mucho más seguras de su propia capacidad de negociación, defensoras de su autonomía como agentes sociales, como en todos los países de nuestro entorno. 

También los sindicatos debemos analizar con rigor cuál ha sido nuestra actuación, preguntarnos con valentía si nuestras prioridades, durante el pasado ciclo de crecimiento económico, han recogido y expresado los cambios que nos demandaba la nueva realidad en las empresas y en los sectores. Preguntarnos por qué ha sido tan difícil, precisamente en la fase de fuerte crecimiento, reforzar y reformar la débil estructura de la negociación colectiva. Y preguntarnos si hemos sido capaces de ajustar, con la precisión necesaria, las prioridades y demandas de los colectivos de mujeres, jóvenes, becarios, eventuales o trabajadores de pequeñas y pequeñísimas empresas.

Somos conscientes de que también en el sindicalismo tenemos asignaturas pendientes, muchas de ellas comunes a la mayoría del sindicalismo europeo: es necesario afrontar una cambiante realidad que reclama, y seguirá reclamando, nuevas políticas sindicales, que deberían orientarse a conseguir mayores niveles de participación de los trabajadores y trabajadoras, a la implicación en la marcha de la empresa y en la organización del trabajo, hacia los nuevos sistemas de retribución más flexibles y hacia mayores compromisos de los trabajadores con la formación permanente. Y somos conscientes también de la necesidad de cambios en las estructuras organizativas para que respondan con eficacia a las nuevas demandas de los trabajadores y trabajadoras a los que aspiramos  representar.

Los sindicatos hemos dado ya unos primeros pasos, difíciles, costosos y no fácilmente entendidos por amplios sectores de la sociedad. Lo hemos expresado, primero, con el Acuerdo de Pensiones y, hace escasas semanas, con el AENC II. Un acuerdo que supone un acta del compromiso sindical con el empleo, que modifica y adapta lo pactado hace dos años en respuesta  a la nueva realidad de crisis y desempleo, y que en muchas de sus materias, representa un cambio brusco de las tradicionales aspiraciones sindicales: moderación de rentas, vinculación de salarios a la productividad, acuerdo sobre mecanismos de mediación y arbitraje o introducción de nuevos mecanismos de flexibilidad interna.

El Gobierno no ha querido valorar este compromiso solamente unas semanas antes de aprobar su Reforma Laboral, y ha despreciado un instrumento que impulsaba el cambio cultural en las relaciones laborales e industriales, y un método, el diálogo y  el acuerdo, siempre mucho más eficaces que su imposición.

Estamos a tiempo de corregir el camino andado, el del miedo en las empresas, el tiempo de la desconfianza, el de los previsibles abusos, el del enfrentamiento y la conflictividad laboral y social, inevitables si se sigue sin corrección en el camino ahora emprendido.

La gravedad de la situación exige el compromiso de todos los sectores de nuestra sociedad, políticos, económicos, sociales. Precisamos de menos altanería, menos sectarismo, menos verdades inmutables; en una palabra, menos autosuficiencia. Porque las soluciones vendrán de la suma de esfuerzos, de una mayor credibilidad, de una  sincera y real explicación de las causas de la crisis, y para ello necesitamos más generosidad, modestia y humildad, virtudes poco comunes en nuestro quehacer político como país, pero bases imprescindibles hoy para generar el necesario clima de confianza social. Es lo que con contundencia demandó el pasado 29M, en el cierre de la multitudinaria manifestación en la Puerta del Sol de Madrid, el Secretario General de CC.OO. Ignacio Fernández Toxo con su propuesta al Gobierno, a la CEOE y a los grupos políticos del Parlamento, de un PACTO GLOBAL POR EL EMPLEO Y LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.

No haría bien el Gobierno manteniendo actitudes que pretenden expresar autoridad y en el fondo esconden debilidad,-la de ser valiente con los débiles y sumiso con los fuertes- si no negocia y corrige la Reforma Laboral y la reorienta hacia la suma de voluntades y al Pacto Social; porque de ésta crisis no saldremos sin altas dosis de humildad y de dialogo.