REFORMA LABORAL, LOS RIESGOS DEL PAPANATISMO

La Real Academia Española define ‘papanatas’ como: persona simple y crédula o demasiado cándida y fácil de engañar. Ingenuidad y candidez se desprenden, encubriendo probablemente mala intención, de algunas de las medidas contempladas en la Reforma Laboral, especialmente las que se refieren a la facilidad, sin control administrativo, bajo coste y difusas razones, para el despido objetivo y los ERES en unos momentos en los que se desarrolla un fuerte proceso de reestructuración de la industria europea por exceso de capacidad. Cambios legales que se defienden con argumentos para la pequeña empresa, pero cuyos efectos pueden ser letales también en la lucha diaria para el futuro de muchos centros de trabajo de las grandes empresas y grupos multinacionales con sedes en España. 

 Es sorprendente escuchar, cuando se argumentan algunas de las medidas contempladas en la Reforma Laboral, las comparaciones con otros países. Todos los profesionales del área de Recursos Humanos de las empresas o grupos multinacionales saben que, en el coste total de la reestructuración al afrontar el cierre de una empresa o realizar despidos colectivos, además de la indemnización, hay que contar con planes sociales. Planes sociales que respondan a exigidos criterios de responsabilidad social, y que incluyan desde la rigurosa justificación y verificación estricta de las razones hasta la obligación de compensar y regenerar con nuevas inversiones los efectos sociales del cierre empresarial en el territorio, incluyendo recolocaciones, empleos alternativos en la multinacional, o indemnizaciones adaptadas según edad, formación y previsibles dificultades futuras para un nuevo empleo. Todo ello, integrado en el "EL PLAN SOCIAL" minimiza, y en algunos casos hasta ridiculiza, nuestra discusión sobre el numero de días año de la indemnización a pagar por las multinacionales si lo relacionamos con el coste que éstas asumen en otros países. 

 Para tomar conciencia de la dimensión e importancia del problema y con él de la necesidad de examinar con atención los instrumentos legales para hacerle frente, el impacto de algunas de las medidas que se nos avecinan sobre nuestro empleo y tejido industrial, basta detenernos en el sector del automóvil, por poner un ejemplo entre otros muchos sectores de nuestra economía. En éste, de persistir el actual exceso de su capacidad productiva, la que expresa la diferencia entre la capacidad de ensamblar 25 millones de vehículos en los 241 centros europeos y los solo 20 millones fabricados el pasado año, pueden producirse repercusiones traumáticas en sus plantas europeas y, con ellas, una inmediata traducción en todo su sector auxiliar y de componentes, que incluye miles de empleos de empresas, muchas de ellas también multinacionales, del plástico, vidrio, caucho, pintura, metalúrgico, textil, ingeniería, etc. etc. Las tensiones que se avecinan por la adaptación estratégica de las multinacionales, no solo en el sector del automóvil y su industria auxiliar, también en la química, bienes de equipo, ferroviario, farmacéutico, etc., no serán para resolver en qué país de Europa se ubican sus inmediatas inversiones, sino más bien todo lo contrario. 

Las tensiones vendrán de la decisión sobre los centros y países que se eligen para producir el ajuste. Y tenemos un primer ejemplo: la multinacional UNILEVER, que ya ha decidido y anunciado, unas semanas después de la aprobación de la reforma laboral, que el centro de producción a cerrar es el España para afrontar la adaptación de su capacidad instalada a la demanda en Europa. Es por ello que quienes hayan vivido la dureza de las negociaciones en una multinacional para decidir qué planta y en qué país se aplica el ajuste, dureza también en el ámbito sindical, conocen el peso que tienen las obligaciones legales exigidas en cada país en la toma de decisiones. Y así, los líderes de esos país europeos que mandan, mientras refuerzan día a día la defensa de su tejido productivo y su empleo y ejercen fuertes presiones políticas cuando las reestructuraciones afectan a sus propios países, nos han exigido interesadamente mayores facilidades legales para los despidos en España. Es ahí precisamente donde la Reforma Laboral puede convertir a nuestro país en el mejor candidato para los ajustes de empleo y cierres de plantas. 

 Por ello debemos preguntarnos acerca de la razón que explica la desaparición de la autorización administrativa en los despidos colectivos, y si esa razón no será también un intento de escurrir el bulto por parte de los gobiernos central y autonómicos, para evitar así el desgaste político ante las reestructuraciones que se avecinan y endosar la responsabilidad a los jueces. Pero lo que es seguro, si no se corrige la Reforma Laboral, es que gracias a nuestro papanatismo, contribuiremos a nuevas pérdidas de empleo en nuestro país y aportaremos una nueva ventaja para la defensa de su tejido industrial en otros países, así como para los sindicatos de éstos, en las futuras negociaciones. 

 Joaquim González Muntadas Secretario General de FITEQA CCOO

Una opinión sindical sobre REPSOL, sobre YPF y sobre el conflicto planteado por el Gobierno argentino

Joaquim González Muntadas | Secretario General de FITEQA CCOO

Los acontecimientos que están sucediendo estos días en Argentina con las iniciativas, o amagos, de nacionalización de YPF REPSOL, abren algunos interesantes, importantes y no solamente teóricos, interrogantes sobre cuál debería ser la posición de un sindicato de clase frente a una tal iniciativa que, sin meditar demasiado las consecuencias, podría calificarse de medida de izquierdas y progresista, ya que estamos hablando de la nacionalización de una empresa. Si aplicáramos el manual clásico, parece que debería provocar el aplauso, mucho más si estamos hablando de una empresa del sector del petróleo, con todas sus connotaciones económicas, sociales, políticas, y casi ideológicas como tienen las petroleras. En todo caso ésta sería, parece, la inercia pseudoideológica. Pero quizás las cosas no sean tan sencillas y conviene preguntarse y analizar qué intereses están en juego, y, también, cuáles son los intereses que organizamos y representamos desde el sindicalismo, y en nuestro caso, desde FITEQA-CCOO; cuáles son los intereses de los trabajadores españoles de Repsol en particular y los de los trabajadores de la industria, más en general, cuál es el interés de la economía del país, de España y también de Argentina. Cuáles son desde la perspectiva de una empresa cada día más “global”, en el marco de una acción sindical también cada día más global, desde la propia Red Sindical creada a precisamente iniciativa sindical española hace ya algunos años.

La siguiente pregunta que entiendo nos deberíamos hacer es cuales son las causas que motivan esta acción política, con las conocidas “amenazas” de nacionalización. Las causas alegadas son confusas, improvisadas, contradictorias incluso con la política del Gobierno Argentino en los últimos años, también en los últimos meses. Unos dicen que responden a impulsos nacionalistas, otros a juegos de disimulo de problemas más profundos. Es evidente que la gestión pública por sí misma no garantiza lo mejor para los ciudadanos en general o para los trabajadores en particular, como hemos podido comprobar cuando la corrupción, el nepotismo o el despotismo, han sido un elemento determinante en esta política pública, para lo que no es necesario marcharse a Corea del Norte, al Túnez de Ben Ali o al Egipto de Mubarak. Desde aquí no nos corresponde especular sobre ello porque no conocemos suficientemente la realidad Argentina para opinar, pero si conocemos que las inversiones realizadas en los últimos años por Repsol, el destino de los beneficios obtenidos, desmienten las razones que se esgrimen para la nacionalización como son las aducidas faltas de compromiso y de inversión de Repsol en Argentina.

La pregunta necesaria es cómo se sitúa el sindicalismo, en este caso español, cuando el bien que supuestamente se pretende expropiar afecta de forma clara al proyecto y al futuro industrial, y con ello también a los trabajadores. Interés de los trabajadores e interés de la economía nacional a la que de manera tan directa puede afectar una empresa energética como es Repsol.

Nos referimos a trabajadores españoles, y también a no españoles, del petróleo. Ésta es la perspectiva en la que entiendo nos deberíamos situar CCOO como sindicato mayoritario que representa los intereses de los cerca de 20.000  trabajadores de Repsol en España y, más allá,  formamos parte de una estructura sindical supranacional en el ámbito de Repsol en América Latina.

FITEQA-CCOO hemos impulsado la Red Sindical Internacional en el marco de esta empresa ya global, estamos avanzando en la definición de intereses sindicales supranacionales y seguimos con mucho interés la actitud de los trabajadores y los sindicatos de YPF, los que en el momento actual argentino están precisamente adoptando las posturas más prudentes en relación con este tema y planteando como prioridad el desarrollo industrial eficaz en la explotación de los recursos naturales de su país.

Los trabajadores de Repsol España tienen conciencia de que son parte de un Grupo Industrial Global y que las tensiones a muchos kilómetros de su puesto de trabajo también afectan de forma directa a sus condiciones de trabajo, tanto presentes como futuras. Así lo vivieron los trabajadores de Repsol en España, con una congelación salarial pactada en su momento por CCOO y UGT para hacer frente a las consecuencias negativas de la crisis económica (el “corralito”) de Argentina. En aquellos momentos difíciles Repsol, con el apoyo de los Sindicatos españoles, lejos de abandonar sus inversiones, cuando posiblemente era la solución más cómoda y como hicieron muchas otras empresas, saneó la estructura financiera de YPF hasta dejarla sin deuda alguna, mantuvo todos los puestos de trabajo y desarrolló una importante política de inversiones que hasta hace bien poco ha sido bendecida por las instituciones públicas argentinas, gobierno central y regionales.

Pero hoy una, quizás la principal, de las razones, de imposible disimulo, que explica el cambio de actitud del gobierno argentino hacia YPF y es el valor extraordinario de la explotación y del futuro desarrollo del descubrimiento realizado por Repsol en Vaca Muerta, que representa un cambio radical para los activos energéticos  de Argentina

La explotación de Vaca Muerta exige enormes inversiones, lo que obliga a Repsol a la búsqueda  de socios e inversores internacionales de primer nivel. Pero la opción de mérito está en que el esfuerzo no debe situarse sólo en el desarrollo y la explotación de los recursos, sino que la gran oportunidad para Argentina consiste en conseguir (y por los instrumentos de información presentes en la relaciones industriales y laborales de este grupo industrial que garantizan un alto nivel de seguimiento de la política de la empresa, me consta que Repsol está comprometida en ello) la creación y desarrollo de una industria auxiliar con altos niveles de innovación, construyendo así un nuevo sector industrial estratégico de la economía argentina, lo que por supuesto es también interés de Repsol YPF.

Otra podría ser la perspectiva si se asumiera la opción que por ejemplo proclaman en un reciente artículo “Ecologistas en acción”, que afirman: “la expropiación sería una buena noticia ya que un Gobierno en un país con una democracia parlamentaria es más susceptible de avanzar hacia el desmantelamiento de empresas públicas contaminantes”. Desde luego nuestra perspectiva, y nos atrevemos a afirmar que lo es asimismo del sindicalismo español y supranacional, también de los trabajadores argentinos de YPF, no es el desmantelamiento de las empresas de la energía, sino una defensa del medioambiente compatible con el desarrollo industrial. 

Por eso creo que Argentina se equivoca por no aprovechar al máximo la voluntad inversora de Repsol, su demostrada capacidad tecnológica, lo que le ha hecho líder mundial en el descubrimiento de nuevos yacimientos y su capacidad para generar alianzas para ese colosal proyecto que es la explotación de Vaca Muerta.

Por otra parte, mas allá de las decisiones políticas que pueda tomar el Gobierno Argentino, están las reglas y leyes internacionales que deben garantizar que cualquier decisión sea negociada en el marco de colaboración que ha presidido las relaciones de Repsol con la República Argentina a lo largo de más de 12 años.

Los actuales acontecimientos y el conflicto provocado por la actitud del Gobierno Argentino entiendo que sobrepasan la dimensión empresarial de Repsol y constituyen una muy mala noticia para la necesaria estabilidad y seguridad de las empresas españolas en la zona, lo que puede derivar en negativas consecuencias económicas para ambas partes. Por todo ello no deberíamos disimular  nuestro apoyo a las gestiones y esfuerzos que el Gobierno Español esta realizando, uniéndolos al llamamiento a la necesidad de huir de formas estridentes o de una sobreactuación teatral que puedan herir sentimientos o alimentar bajas pasiones de nacionalismos, porque no está el horno para bollos, por eso una vez más el camino es diálogo y diplomacia, mucha diplomacia y por supuesto legalidad.