Joaquim González Muntadas
Había una vez un hombre que al cruzarse con otro por la
acera le sujeta por el brazo y le exclama con alegría: ¡Hola Manuel, cuánto
tiempo y qué cambiado estás! Y ante el silencio de éste, el hombre, con la
misma alegría, le continúa diciendo, «muchacho qué cambiado estás, tan delgado
y calvo que eras antes, y ahora tan gordo y con esa melena». Y ante la falta de
respuesta, el hombre sigue insistiendo: que cambio chico, si incluso eres
mucho más alto, dónde vas a parar Manuel, vaya cambio que has hecho, nadie
diría que eres tú. Disculpe señor, le contesta el otro, lamento decirle que no
le conozco de nada, y además debo aclararle también que yo no me llamo Manuel,
me llamo Juan. Lo ves Manuel, lo que has cambiado, lo que yo te digo, si
incluso te has cambiado el nombre, Manuel.
Esta simpática fábula expresa bien lo difícil que es
conseguir que se cambie de opinión cuando está predefinida y más aún si
responde a un interés, pero lo que sucede en la realidad política y social de
nuestro país, donde los niveles de sectarismo irracional en la cosa pública son
habituales y se agravan de día en día, no es un chiste.
Es normal que desde su ideología y perspectiva particular,
cada persona analice la actualidad política y social, pero no debería ser tan
normal el extendido hábito de negar la más mínima razón al que no coincide con
las ideas de uno, ni tampoco debería ser lógico que lo que hagan ‘los de uno’
sea siempre impecable, y lo que hagan ‘los del otro’ siempre sea negativo,
cuando no corrupción.
No es sensato ni sano socialmente el sectarismo extremo
que se ha apoderado del panorama de nuestras relaciones políticas, que en gran
medida explica que seamos incapaces de acordar y compartir soluciones comunes
ante la grave situación de crisis económica, social e institucional que estamos
padeciendo. Este panorama debería obligar a los líderes políticos y sociales a
tomar conciencia y corregir esta negativa realidad. De lo contrario, acabaremos
yendo a paso firme hacia un país donde despreciar al otro será la norma y los
valores sólo servirán para agredirnos.
Lo más grave es que se ha instalado en una parte de los
dirigentes políticos, y en sus medios de comunicación afines, que la permanecía
en el poder o su conquista sólo depende de haber destruido al contrario.
Esto explica el todo vale, sea verdad, mentira o medio pensionista, y que se
pida la dimisión, responsabilidades políticas, comisiones de investigación
parlamentaria o comparecencias, por ejemplo, por una noticia de prensa no
contrastada, si ésta se refiere a los otros.
Un ejemplo de lo anterior lo vemos casi cada día ante las
noticias que se refieren a denuncias, escándalos o procesos judiciales. En el
caso de los ERES de Andalucía estas últimas semanas, con especial virulencia e
instrumentalización por parte de algunos sectores que han visto una ocasión de
oro para intentar la destrucción de uno de sus principales enemigos, el
sindicalismo. ¡Qué mejor que poder presentar como espuria la legítima actividad
sindical y como delictivo el legal cobro de sus servicios!.
Mezclando comportamientos graves y delictivos de personas
ajenas a las organizaciones sindicales y calificando como soborno o comisiones
ilegales y tráfico de influencias lo que es parte de la actividad propia de la
responsabilidad y la actividad sindical: el asesoramiento, participación y
negociación en las, por desgracia, demasiadas empresas en crisis, sin
recursos, con trabajadores excedentes, quienes en ocasiones precisan de ayudas
de las Administraciones Públicas para tratar una solución menos traumática que
los 20 días por año trabajados contemplados en la Ley , como es
la jubilación anticipada.
Es verdad que se trata de una opción más cara, pero
gracias también a la acción sindical ha sido utilizada por miles de empresas
españolas de todos los sectores y en todos los territorios. Una fórmula que ha
beneficiando a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, en su gran
mayoría, sin ayudas públicas, y en otras, sin recursos propios, gracias a esas
ayudas del Gobierno Central o Autonómicos, que han permitido que miles de
trabajadores y trabajadoras pudieran evitar lo que hoy están padeciendo
la gran mayoría de los despidos individuales y colectivos: personas de
cincuenta y cinco años que resultan condenadas al paro permanente y a un futuro
con una fortísima pérdida del valor de su jubilación por la que han
cotizado durante más treinta años.
Los sindicatos tienen que hacer un esfuerzo muy especial
para aclarar a quienes las últimas noticias pueden haber producido preocupación
o incluso decepción, estos malos entendidos. Deben explicar su trabajo con la
cabeza bien alta, deben explicar que cuando intervienen en los expedientes de
crisis de una empresa, han cobrado, cobran y seguirán cobrando por los
servicios y el trabajo que prestan sus abogados, sus economistas, sus técnicos,
sus actuarios y sus sindicalistas.
Los sindicatos deben hacer un esfuerzo para explicar su
función legitima y legal aunque sepan que es difícil, por no decir
imposible, convencer a nadie de su error cuando cree que ha encontrado una
eficaz munición, como es la acusación de corrupción, contra uno de sus
principales enemigos, los sindicatos, en un momento especialmente sensible por
la saturación de casos y por la grave crisis.
Es tan difícil como intentar convencer al hombre de la
fábula que Juan no es Manuel, pero ahí tienen hoy CCOO y UGT una de sus
prioridades: la de evidenciar, porque hay razones y hechos suficientes para
demostrarlo, que los sindicatos españoles son parte de lo más sano de este país
y por esto deben afrontar estos momentos difíciles con la cabeza muy alta.
