La Real Academia Española define ‘papanatas’ como: persona simple y crédula o demasiado cándida y fácil de engañar. Ingenuidad y candidez se desprenden, encubriendo probablemente mala intención, de algunas de las medidas contempladas en la Reforma Laboral, especialmente las que se refieren a la facilidad, sin control administrativo, bajo coste y difusas razones, para el despido objetivo y los ERES en unos momentos en los que se desarrolla un fuerte proceso de reestructuración de la industria europea por exceso de capacidad. Cambios legales que se defienden con argumentos para la pequeña empresa, pero cuyos efectos pueden ser letales también en la lucha diaria para el futuro de muchos centros de trabajo de las grandes empresas y grupos multinacionales con sedes en España.
Es sorprendente escuchar, cuando se argumentan algunas de las medidas contempladas en la Reforma Laboral, las comparaciones con otros países. Todos los profesionales del área de Recursos Humanos de las empresas o grupos multinacionales saben que, en el coste total de la reestructuración al afrontar el cierre de una empresa o realizar despidos colectivos, además de la indemnización, hay que contar con planes sociales. Planes sociales que respondan a exigidos criterios de responsabilidad social, y que incluyan desde la rigurosa justificación y verificación estricta de las razones hasta la obligación de compensar y regenerar con nuevas inversiones los efectos sociales del cierre empresarial en el territorio, incluyendo recolocaciones, empleos alternativos en la multinacional, o indemnizaciones adaptadas según edad, formación y previsibles dificultades futuras para un nuevo empleo. Todo ello, integrado en el "EL PLAN SOCIAL" minimiza, y en algunos casos hasta ridiculiza, nuestra discusión sobre el numero de días año de la indemnización a pagar por las multinacionales si lo relacionamos con el coste que éstas asumen en otros países.
Para tomar conciencia de la dimensión e importancia del problema y con él de la necesidad de examinar con atención los instrumentos legales para hacerle frente, el impacto de algunas de las medidas que se nos avecinan sobre nuestro empleo y tejido industrial, basta detenernos en el sector del automóvil, por poner un ejemplo entre otros muchos sectores de nuestra economía. En éste, de persistir el actual exceso de su capacidad productiva, la que expresa la diferencia entre la capacidad de ensamblar 25 millones de vehículos en los 241 centros europeos y los solo 20 millones fabricados el pasado año, pueden producirse repercusiones traumáticas en sus plantas europeas y, con ellas, una inmediata traducción en todo su sector auxiliar y de componentes, que incluye miles de empleos de empresas, muchas de ellas también multinacionales, del plástico, vidrio, caucho, pintura, metalúrgico, textil, ingeniería, etc. etc. Las tensiones que se avecinan por la adaptación estratégica de las multinacionales, no solo en el sector del automóvil y su industria auxiliar, también en la química, bienes de equipo, ferroviario, farmacéutico, etc., no serán para resolver en qué país de Europa se ubican sus inmediatas inversiones, sino más bien todo lo contrario.
Las tensiones vendrán de la decisión sobre los centros y países que se eligen para producir el ajuste. Y tenemos un primer ejemplo: la multinacional UNILEVER, que ya ha decidido y anunciado, unas semanas después de la aprobación de la reforma laboral, que el centro de producción a cerrar es el España para afrontar la adaptación de su capacidad instalada a la demanda en Europa. Es por ello que quienes hayan vivido la dureza de las negociaciones en una multinacional para decidir qué planta y en qué país se aplica el ajuste, dureza también en el ámbito sindical, conocen el peso que tienen las obligaciones legales exigidas en cada país en la toma de decisiones. Y así, los líderes de esos país europeos que mandan, mientras refuerzan día a día la defensa de su tejido productivo y su empleo y ejercen fuertes presiones políticas cuando las reestructuraciones afectan a sus propios países, nos han exigido interesadamente mayores facilidades legales para los despidos en España. Es ahí precisamente donde la Reforma Laboral puede convertir a nuestro país en el mejor candidato para los ajustes de empleo y cierres de plantas.
Por ello debemos preguntarnos acerca de la razón que explica la desaparición de la autorización administrativa en los despidos colectivos, y si esa razón no será también un intento de escurrir el bulto por parte de los gobiernos central y autonómicos, para evitar así el desgaste político ante las reestructuraciones que se avecinan y endosar la responsabilidad a los jueces. Pero lo que es seguro, si no se corrige la Reforma Laboral, es que gracias a nuestro papanatismo, contribuiremos a nuevas pérdidas de empleo en nuestro país y aportaremos una nueva ventaja para la defensa de su tejido industrial en otros países, así como para los sindicatos de éstos, en las futuras negociaciones.
