jueves, 21 de junio de 2012

APOSTAR POR LA INDUSTRIA Y MIRAR A LA ECONOMÍA REAL



Joaquim González Muntadas
Secretario General de FITEQA CCOO

Muchos nos preguntamos, con una mezcla de sorpresa, frustración e indignación, qué pieza del reloj ha fallado de nuestra economía y quiénes son los culpables. ¡Si parecía que funcionaba como un reloj suizo! ¡Si éramos envidiados como el generador de más de la mitad del empleo europeo, el mayor receptor de inmigración, el mayor inversor en America Latina! Empezamos a intuir que las razones que nos dimos o nos dieron en los primeros compases de la crisis, a pesar de ser más ciertas que las verdades del barquero, no son suficientes, porque la mayoría de los países afectados por la crisis financiera, hoy están mejor que nosotros, incluso algunos están saliendo de ella.

La particularidad es que nuestra economía había agotado y saturado su crecimiento, impulsado por el potente motor de la construcción y, más en concreto, por la vivienda, que absorbió y agotó nuestros recursos financieros propios y prestados. Porque, en definitiva, hemos embalsado la mayoría de los recursos y ahorros de una generación y media en hipotecas a larguísimo plazo. Nuestra economía era como una gran turbina que, por un lado, expulsaba ingentes cantidades de euros en la importación de productos energéticos, bienes de equipo y de consumo, mientras que por el otro absorbía ingentes masas de recursos en crédito del exterior (proveniente esencialmente de Alemania, Francia y Reino Unido), ya que ni nuestra productividad, ni nuestro ahorro (que no alcanzaba a cubrir el valor de las nuevas hipotecas), eran suficientes para alimentar nuestro crecimiento, el mayor de Europa.

Dicen que nadie se dio cuenta y que nadie advirtió los riesgos futuros, pero es legítimo pensar que quizás la razón reside en que había fuertes intereses, ya que en este gran negocio, se hicieron grandes fortunas, y los bancos generaron enormes beneficios. Todos aplaudían, también los gobiernos, el central, los autonómicos y los locales, cuando afirmaban que el crecimiento era gracias a su política particular. El crecimiento de la economía tenía muchos padres.

Y ahora sería muy útil acudir a las hemerotecas para releer los estudios e informes realizados en estos años por el Gabinete Económico de la Confederación Sindical de CC.OO. que, con mayor detalle desde 2003, anunciaba y denunciaba el error y los peligros de esa política económica y sus previsibles consecuencias. En estas hemerotecas encontraremos también las reacciones y respuestas que muchos economistas de relumbrón, de prestigiosos gabinetes de estudios de los bancos y cajas dieron a estas advertencias. También veremos en las hemerotecas a la flor y nata de nuestra economía felicitando a los gobiernos por su buena política y reclamando solo la eterna Reforma Laboral, el abaratamiento del despido y la bajada de las cotizaciones sociales.

Un  periodo en el que, como denunciamos desde CCOO, se aplicaron erróneas políticas procíclicas, se destruyó la capacidad de recaudación y se creó un sistema tributario profundamente desequilibrado con el nivel de gasto, al considerar como ingresos ordinarios los que tenía un carácter claramente extraordinario ¿Quién? primero, la derecha y, luego, con mucha diligencia, los sucesivos gobiernos de Zapatero que inflaron y exprimieron la burbuja inmobiliaria, apoyados por unas teorías seudo-modernas de los valores de la izquierda, que hoy, al recordarlo y a la vez escuchar a la izquierda francesa o alemana, nos debería como mínimo ruborizar.

La importante tasa de ahorro que tuvo España la malgastó íntegramente en la compra de viviendas a un precio inflado. Tan inflado que necesitó ingentes cantidades de dinero de inversión internacional para financiarlas, generando de esta forma una altísima deuda con el exterior; la deuda privada más alta del mundo, una deuda que genera elevados intereses a pagar y que en su momento nos dejó sin recursos para la ampliación del capital productivo de la economía. Se pinchó la burbuja y nos quedamos con la deuda. Los responsables deberían explicar lo sucedido porque, de otra manera, la sociedad dejará de creer en sus instituciones.

Esta es la razón por la que las soluciones a los problemas actuales son tan difíciles, porque se han agotado los márgenes y hemos quebrado la confianza de quienes nos deberían seguir financiando. Y ahora solo nos queda mirar hacia el tejido productivo, que nunca se debería haber olvidado, y en especial hacia la actividad industrial, donde debemos fijar nuestro futuro, ya que tenemos posibilidades de mejora muy importantes en una parte muy significativa de nuestras empresas y sectores.

Si no queremos amanecer un día sin industria, precisamos con urgencia apoyar los motores de la innovación para proteger y fomentar el empleo cualificado, que acompañado con  instrumentos de naturaleza fiscal y crediticia, den facilidades a las pequeñas empresas que intenten asociarse para afrontar el salto tecnológico, en definitiva, la causa de  muchas de nuestras debilidades.

Nuestra industria ha perdido competitividad porque sus sectores viven en la competencia global -cada día más global- y, por ello, los efectos de nuestra mayor inflación (la fiebre de nuestra economía enferma) provocada irresponsablemente por el desenfrenado incremento del precio de la vivienda junto con los servicios no sujetos a la competencia global. Mayor inflación que la de nuestros competidores y, en las empresas multinacionales, mayor aumento de los precios españoles que los de otros países con centros que compiten con los nuestros. Mayor inflación que ha empujado, debemos decirlo sin complejos, a un incremento de los costes de los  salarios, de los beneficios distribuidos y de los servicios, un incremento mayor que el de su competencia. Sabedores, y hay que dejarlo claro, que estos mayores costes salariales no han representado mejoras significativas del poder adquisitivo de los salarios cuando se deducía la inflación, como tampoco un mayor peso de las rentas salariales en este periodo. Más bien todo lo contrario.

Hemos padecido una pérdida constante de competitividad de nuestros productos y de nuestra economía, indizada mes a mes de forma estridente por la balanza de pagos, la más descompensada del planeta con excepción de Islandia. Importábamos muchos productos, algunos caros, con valor añadido que nosotros no fabricamos. Tampoco fabricamos aquellos otros productos de bajo valor que se hacen en los países emergentes, frente a los cuales los nuestros por su coste habían perdido competitividad tras la liberalización total de los mercados y la desaparición de los aranceles proteccionistas.

Tenemos márgenes para reforzar y recuperar la competitividad de nuestro tejido productivo si todos acertamos en nuestra acción; si insistimos en la filosofía y el mensaje  reflejados en el preámbulo y el contenido del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que desde CC.OO defendemos como un instrumento para la generación de empleo. Y además porque España necesita un fortísimo control y una bajada de precios que necesariamente implique una fuerte moderación de las rentas para todos (salarios y beneficios distribuidos), y que esta moderación de rentas sea dirigida a la inversión productiva junto con el aumento de los ingresos públicos.

Es imprescindible sumar esfuerzos del conjunto de actores: empresas, sindicatos y los distintos gobiernos, central y autonómicos. Esfuerzos orientados a realizar políticas concertadas para mejorar la competitividad y establecer las acciones que corrijan el insuficiente esfuerzo empresarial en I+D+i, uno de los déficits que más seriamente perjudica nuestra capacidad competitiva. Y precisamos mayores inversiones en capital humano y en investigación, en desarrollo y en educación a todos los niveles – primaria, secundaria, formación profesional y universitaria-, junto con el apoyo a la investigación pública y al I+D empresarial, a la vez que garantizamos los puentes para llevar el conocimiento desde dondequiera que se produzca (universidad, gran empresa, AA.PP) a todos los lugares donde hay espacio para el cambio y muy especialmente hacia la industria y sus sectores tradicionales y a sus pequeñas y medianas empresas porque así y desde ahí podremos crecer, exportar y crear empleo.

Sabemos que la debilidad de la demanda y el elevado déficit público no facilitan que un plan de inversiones active el crecimiento si al mismo tiempo no se acompaña de un cambio en la política europea, y con ella, de nuevos recursos para impulsar nuestro crecimiento. Necesitamos y merecemos el apoyo de nuestros socios europeos con recursos y financiación, sabedores que no nos exime de la necesidad de cambiar nuestras prioridades políticas, para que miremos hacia la economía real y desaparezcan las fantasías de pensar que un país puede progresar desde la economía virtual y sin el apoyo a su industria y el valor al trabajo.

miércoles, 13 de junio de 2012

LA EFICACIA DEL DIÁLOGO EN LAS EMPRESAS


Joaquim González Muntadas | Secretario General de FITEQA CCOO

No es habitual desde el sindicalismo resaltar el valor de un acuerdo como el alcanzado en estos días en la empresa gallega de moda Adolfo Domínguez (AD) que, tras una compleja negociación, contempla una rebaja salarial. Lo habitual es dar solo publicidad a aquellos acuerdos que contengan mejoras salariales y sociales para que puedan ser referencia positiva e intentar disimular el contenido de los otros por el temor de que se conviertan en un mal referente.
¿Donde está, entonces, el valor positivo de este acuerdo que afecta a más de 600 personas, mayoritariamente mujeres? En que ha sido aprobado por el 69% de las personas afectadas y ha sido el resultado de una negociación trasparente; en que ha facilitado compartir las debilidades y también las fortalezas de la empresa; en que sus duras medidas de sacrificio son parte de un Plan Estratégico que apuesta por el futuro en las difíciles circunstancias de un sector de consumo como es el de la moda; en que las medidas intentan en lo posible la proporcionalidad del esfuerzo entre los diversos colectivos, en que la vigencia responde al tiempo que duren las circunstancias que lo motivan y, en justicia, introduce también, recuperación y mejoras en proporción a los beneficios de la empresa, con un lógico grado de variabilidad según los resultados de la empresa.
Este Acuerdo es una expresión clara hacia el público, los clientes, las administraciones públicas, los bancos y especialmente hacia los accionistas, del compromiso de los trabajadores y trabajadoras por el futuro de AD como una de las referencias más potentes de la moda gallega y española. El Acuerdo expresa la exigencia de los trabajadoras/es para que los gestores de la empresa redoblen sus esfuerzos en una apuesta por la internacionalización y mejora de sus actuales sistemas de gestión, que deberán garantizar el futuro.
Este Acuerdo enseña a los sectores políticos que ven las Reformas Laborales solo como elementos de debilitamiento de la capacidad de representación colectiva de los sindicatos, y también enseña a los empresarios que tan solo saben afrontar las situaciones difíciles con sus trabajadores desde el autoritarismo y el abuso de poder. Ambos deben saber que jamás obtendrán los resultados positivos y los compromisos que producen el diálogo y la negociación equilibrada y transparente.
AD es parte de un sector industrial, el textil y la moda, que vive un largo periodo de práctica paralización del consumo en nuestro país, y que debe atacar grandes retos que le exigen día a día mejorar la calidad, la innovación, la formación y abrir nuevos mercados internacionales. También deben corregir errores de comunicación, ya que los mensajes fuera de contexto, transmiten una imagen distorsionada de la marca y, sin duda también, de su principal accionista. Las trabajadoras y trabajadores de AD y con ellos FITEQA CCOO queremos que la marca sea reconocida por su ética, su estética y su transparencia porque de ello depende su empleo de hoy y del futuro.


sábado, 9 de junio de 2012

ACUERDO EN NAVARRA, UNA BUENA NOTICIA Y UN BUEN EJEMPLO



Joaquim González Muntadas | Secretario General de FITEQA CCOO


La recientemente aprobada Reforma Laboral contiene el falaz mensaje de que el problema de nuestras relaciones laborales son los trabajadores y la solución los empresarios, o que el problema son los sindicatos y la patronal, y la solución el gobierno. Por su parte, en Navarra los agentes sociales CEN, UGT y CCOO se están esforzando en desmentir este mensaje y han alcanzado un acuerdo que pone en valor el diálogo y el consenso: "Los firmantes de este acuerdo, más allá de los condicionantes citados, consideramos que estamos obligados ante la sociedad navarra a hacer frente a la situación desde el compromiso de todas las partes y desde la búsqueda de consenso, que rompa la inercia de conflicto que está asentándose en nuestras relaciones sociales y laborales."

Un acuerdo que aspira a reforzar los instrumentos de diálogo y compromiso de los trabajadores con las dificultades y los éxitos de sus empresas, justo lo contrario que inspira la recién aprobada Reforma Laboral. De ahí viene la especial importancia de que la Patronal, CCOO y UGT de Navarra expresen su sincero convencimiento de las bondades de que "reglas pactadas y no impuestas en las relaciones laborales, son el mejor impulso a la competitividad de las empresas y de la economía regional".

Es muy relevante que los firmantes compartan el diagnóstico de la crisis y sus efectos, su preocupación por el retroceso de conquistas sociales de los trabajadores, y por los riesgos que están viviendo la mayoría de las empresas. Lo más esperanzador es comprobar que, como en las sociedades maduras y avanzadas, la apuesta para hacer frente a las dificultades es la suma, el diálogo y el esfuerzo común. Navarra saldrá mejor y antes de esta grave situación porque los agentes sociales más representativos aspiran en el Acuerdo a: "ser protagonistas del cambio de modelo productivo necesario para poder competir y afrontar el dinamismo del mercado global como elementos clave para la salida de la crisis y la creación de empleo".

Alguien puede decir ‘Palabras, sólo palabras’ y si Patronal y Sindicatos perciben este Acuerdo como la rutina y uno más de los firmados durante los últimos 20 años así es, o lo que es peor, si se mantiene la actitud, que se compadece poco con este Acuerdo, por la dureza de los empresarios en sus empresas y las patronales en los convenios de sector en Navarra puede que tenga razón, solo palabras y se pierda una oportunidad. Y sin embargo este Acuerdo puede ser de especial utilidad para avanzar por su contenido, y en especial considerando su continente -la actual situación política, económica, industrial, de empleo- que estamos viviendo al representar una referencia alternativa a las negativas consecuencias que provocará el nuevo marco legal que impone la Reforma Laboral que generará gruesas barreras para el diálogo y fuerte conflictividad en las empresas.
Navarra es una economía con industrias muy exigentes en la mejora constante de su productividad, innovación y formación. Objetivos que requieren, como contempla el Acuerdo de "la apertura de espacios de diálogo y participación permanentes que fomenten el consenso frente al conflicto desde una visión capaz de articular los diferentes intereses en un proceso de suma positiva".
Ahí reside el principal valor de este Acuerdo si todas las partes al final lo ven con la pretensión de servir de acicate para el compromiso común ante la situación gravísima de destrucción de empleo y ante la urgente necesidad de producir más y con mejor empleo como se expresa con ambición y nitidez: "La competitividad de las empresas, y su mejora, debe construirse sobre la valorización del trabajo y en el compromiso compartido por el futuro de la empresa".

La ambición es mucha y su gestión compleja. Los frutos para Navarra serán seguros si las palabras y buenas intenciones se convierten en hechos que refuercen el empleo como elemento básico de inclusión social. Esta es la opinión desde de la Federación Sindical de CCOO que organiza a múltiples sectores industriales en Navarra y en el conjunto del estado: químicos, auxiliar del automóvil, energéticos, textil, etc todos sujetos a la fuerte competencia global y conscientes que la prioridad para el sindicalismo de clase hoy es salvar y reforzar, como contempla este Acuerdo, los instrumentos de regulación que son los convenios colectivos y que la Reforma Laboral debilita cuando no disuelve, por esto este Acuerdo es una buen mensaje más allá de Navarra, en estos momentos de saturación de malas noticias, desconcierto, enfrentamientos y prepotencias, donde las altas esferas de la gobernación no son capaces de construir referentes positivos de estimulo al entendimiento, el esfuerzo común y a la generosidad política que destierre el sectarismo tan dañino en la historia de España.

miércoles, 30 de mayo de 2012

LOS DERECHOS SINDICALES SON LA PRINCIPAL GARANTÍA PARA EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNDO


Joaquim González Muntadas | Secretario General de FITEQA CCOO


Vivimos tiempos preocupantes en los que a diario sufrimos iniciativas políticas y legislativas que golpean los derechos laborales, sociales y sindicales; tiempos de reformas laborales que refuerzan el autoritarismo empresarial y debilitan a las organizaciones sindicales como instrumentos democráticos de representación colectiva de los trabajadores y trabajadoras; tiempos en los que los sectores más reaccionarios confunden sus deseos con la realidad y afirman la superación de las organizaciones sindicales; tiempos donde poderosos sectores económicos y políticos no regatean esfuerzos para debilitar la negociación colectiva como fuente de regulación en las relaciones laborales en las empresas y sectores.
Pero también vivimos tiempos de esperanza: la iniciativa sindical internacional está a punto de culminar en Copenhague los próximos días 19 y 20 de junio el proceso de construcción de la nueva Federación Sindical de Industria Mundial (“IndustriALL Global Union”) que será el resultado de sumar y unir a los sectores industriales que hoy organizan las actuales Federaciones Sindicales Internacionales del Metal, la Industria Química y Energía y los sectores del Textil y Piel. Una nueva Federación Internacional de Industria que nace con el objetivo de reforzar la acción sindical global, y con ello mejorar y equilibrar la interlocución del sindicalismo con las grandes empresas y grupos industriales multinacionales en la economía global.
Tiempos donde cobra especial relevancia todo avance de la negociación colectiva que refuerce al sindicato como vehículo democrático de representación de los intereses de los trabajadores en todos los rincones del mundo. A ese objetivo responde el acuerdo firmado el 4 de mayo en Arteixo en el Grupo INDITEX y la Federación Sindical Internacional del Textil-Vestuario y Cuero (ITGLWF) y en el que FITEQA-CCOO hemos sido un activo motor. Un acuerdo que reafirma y refuerza el sindicalismo internacional y local aportando un nuevo instrumento de trabajo, dirigido a garantizar los derechos del trabajo en los aproximadamente 1.500 proveedores que trabajan en la producción de prendas comercializadas por esta multinacional gallega, convertida ya en la primera empresa distribuidora de ropa en el mundo, y que ocupan a unos 700.000 trabajadores de unos 30 países.
El valor del Acuerdo Marco Internacional suscrito en 2007 entre la Federación Sindical Internacional e Inditex, reforzado por el Protocolo firmado el pasado 4 de Mayo, no solamente fue el primero, y aún el único, en los sectores de la industria de la moda, sino también el primero en el conjunto de los Acuerdos Marcos entre empresas y sindicatos firmados hasta hoy, en el que se incorpora explícitamente toda su cadena de producción (proveedores, contratas y subcontratas) al espacio en el que se aplican los compromisos de Responsabilidad Social.
Con el protocolo ahora firmado con Inditex, no solo se afirma la plena aplicación de los derechos del trabajo en toda la cadena de producción sino - y esto es lo más importante- se concreta cómo hacerlo: se establece el seguimiento anual de la evolución de la cadena industrial y se asegura el acceso sindical a los centros de trabajo de cualquier país del mundo, se concreta el acceso a los programas de auditorías, se define cómo abordar y corregir los incumplimientos detectados, y se programan planes de formación en relación con los derechos del trabajo, dirigidos a trabajadores y sindicalistas, pero también a los directivos de las empresas.
Y esos derechos de intervención se establecen para toda la estructura sindical de la propia cadena de producción, es decir desde los sindicatos locales de cada país hasta las estructuras regionales de la Federación Sindical Mundial y la propia dirección de ésta, que es quien asume además la responsabilidad de dirección y coordinación de todo el proceso. Todo ello supone una nueva y muy rica aportación sindical desde los sectores del textil-confección a la nueva Federación Sindical Mundial de la Industria.
Es una buena noticia -y también un serio reto- para la futura Federación Internacional de Industria y también para cada uno de los sindicatos de la treintena de países a los que la aplicación y desarrollo de este Acuerdo Marco aporta un valioso instrumento de información y control de las condiciones de trabajo en los más de 1500 proveedores , y garantía para defender y proteger los Derechos Humanos y Laborales Fundamentales de los cientos de miles de personas que en ellos trabajan.
Un nuevo paso que ejemplifica cómo CC.OO. entendemos en la práctica la acción sindical internacional y, con ello, la efectiva solidaridad internacionalista desde la acción sindical diaria, que es lo que da sentido al noble y necesario compromiso que los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo adquirimos en la militancia sindical por los derechos del trabajo.

jueves, 10 de mayo de 2012

PASAR OLÍMPICAMENTE DE NUESTRA INDUSTRIA


Joaquim González Muntadas | Secretario General de FITEQA CCOO

La actualidad nos proporciona un ejemplo valioso de que no hay política industrial útil sin innovación. La noticia sobre el chándal que lucirán nuestros deportistas en los próximos Juegos Olímpicos de Londres es el ejemplo de que, por segunda vez en ocho años, se ha perdido la oportunidad de aprovechar este estímulo innovador para nuestro sector de la moda.
No hago esta referencia por el hecho de que los uniformes parezcan salidos de un concurso de disfraces. Lo relevante es que el Comité Olímpico Español no ha encontrado respuesta en la industria de la moda española y nadie, ni Gobierno, ni sector, han intuido lo que un encargo de estas características podría representar para las empresas en la proyección de marca.
Siendo cierto que España no es líder en prendas y marcas deportivas -pero no menos que Rusia- tenemos el gran potencial de primeras firmas internacionales en moda de calzado, perfumería, complementos, piel, confección y género de punto; empresas punteras en textiles técnicos y también algunos buenos centros tecnológicos especializados en textil y calzado. Y, en el caso de los uniformes de las próximas Olimpiadas, el potencial de tener buenos y admirados deportistas.
En estos tiempos en que las esperanzas para salir de la crisis están depositadas en el carácter emprendedor, si existiera más voluntad política y menos conformismo empresarial, quizás habríamos detectado oportunidades para reforzar un sector industrial que solo tendrá futuro desde la innovación.
Nos cuesta trabajar en red, promoviendo alianzas y aprovechando sinergias de entornos y proyectos comunes. En este sector marcado por el pequeño tamaño de las empresas, hay que superar hábitos poco cooperativos ante los grandes esfuerzos que se exigen en materia de innovación, diseño, comercialización, promoción, distribución e internacionalización. Hábitos que superen la división de los sectores que hasta ayer han navegado en su propia barca y que hoy, por la crisis pero también por la amplitud de los mares de la globalización, obligan a navegar en un trasatlántico común que construya el conjunto del sector de ‘Moda España’, reconocido por su calidad y por su ética de respeto de los derechos del trabajo.
Este sector de nuestra economía está lleno de potencialidades. Ya contó durante unos años con un fuerte diálogo entre patronales y sindicatos, que, con el objetivo de amortiguar los efectos sociales y acompañar la adaptación del sector al mercado global, permitió acordar los Planes de Apoyo con los anteriores gobiernos del PP y del PSOE.
Aprovechemos el debate social -chistes incluidos- que han provocado nuestros chándales olímpicos y el sonrojo de ver cómo otros países no han desaprovechado la ocasión para reforzar su industria. Una industria que en España requiere de esfuerzos e inversiones, también de las Administraciones Públicas, para reactivar la productividad y el empleo estable del que estamos tan necesitados.
Precisamos una nueva cultura industrial que apueste por la cooperación entre los diversos protagonistas que conforma el amplio sector de la moda, aunando los esfuerzos de patronal, sindicatos, gobiernos y de toda la cadena de producción: creación, diseño, fabricación, distribución, promoción, pasarelas y comercialización. Nos urge dar el paso ya consolidado en otros países, que entienden el sector como la integración de todas sus actividades, que van más allá del vestuario, e incluye accesorios, joyería, cuero, calzado, marroquinería, etc. Ya que la moda, además de una realidad económica y tecnológica, es también una manifestación cultural donde se expresan factores psicológicos y sociales, estéticos y simbólicos.

martes, 24 de abril de 2012

REPSOL NO ES ESPAÑA, PERO 17.000 TRABAJADORES, SÍ


Repsol NO es España, pero 17.000 trabajadores/as SÍ

Joaquim González Muntadas | Secretario General de FITEQA CCOO

Más allá de quienes califican la intervención de YPF como nacionalización revolucionaria de los recursos energéticos o expropiación a una multinacional del petróleo (dándole así su justo merecido, según explica el gobierno argentino), o de quienes entendemos que podría ser legítima si así lo decidiera soberanamente el país con respeto a sus propias leyes y a los tratados internacionales por él suscritos, lo sucedido en Argentina con YPF y REPSOL ha sido una intervención llena de sombras. Sombras en las formas, en las razones esgrimidas y en su previsible resultado final que, sin duda, terminarán por decepcionar las entusiastas expresiones de algunos sectores sociales y políticos que han visto la medida como una acción en favor de la justicia social. El tiempo lo dirá.
Pero no necesitamos esperar para comprobar el fuerte quebranto que para Repsol puede representar si, como parece, la compensación por parte de Argentina no responde al valor objetivo de lo expropiado. Es ahí donde surge la discusión en caliente en las redes sociales, donde se expresan muy diversas opiniones. Unas entienden que es una afrenta a España, por lo que la respuesta debe ser patriota, y ahí caben los boicots a productos argentinos, desagravios o movilizaciones, locuras que siempre nacen de invocar enfáticamente a la patria.
Entonces, ¿debemos ser indiferentes como expresan muchas voces? Para fundamentarlo afirman que, al ser Repsol una empresa privada y extranjeros una parte importante de sus accionistas, su destino es algo que afecta en exclusiva a sus propietarios. Yo afirmo que no, porque solo desde una visión extrema y de lo más ultraliberal se puede identificar exclusivamente a las empresas con sus accionistas o considerar que sus éxitos o fracasos serían ajenos al resto de la sociedad, a sus trabajadores y a los territorios donde están ubicadas.
Repsol no es España, es cierto, tan cierto como sí son España sus 17.000 trabajadores/as directos en el país y muchos de sus 480.000 accionistas minoritarios. Como lo son sus complejos industriales de Euskadi, Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia y Catalunya, donde trabajan cientos de empresas de servicios y en ellas bastantes miles de trabajadores. También su puntero Centro de Tecnología de Móstoles (Madrid) y sus 3.620 estaciones de servicio repartidas por todo el país.
No sabemos cómo va a repercutir en las cuentas de los grandes accionistas, españoles o extranjeros. No es nuestro principal problema, sabemos que nunca pierden. Pero sabemos que precisamente la fortaleza industrial de Repsol y su salud financiera han permitido que, tras varios años de crisis general de la economía, se haya culminado el pasado miércoles la inauguración de la ampliación del complejo industrial de Cartagena, iniciada hace 4 años, y que ha representado la mayor inversión industrial de la historia de nuestro país: 3.150 millones de euros, duplicando la capacidad de destilación de crudo en Cartagena, contribuyendo con ello a una clara mejora de nuestra balanza comercial tan deteriorada.
Igual trascendencia económica y social tienen −para un país como el nuestro de escasa inversión industrial− los 900 millones de euros invertidos en la nueva unidad de coque de la refinería de Petronor, en Bilbao, o los 100 millones de euros anuales de salarios que representa la red de empresas homologadas en torno a su complejo industrial de las Comarcas de Tarragona.
Repsol no es España, pero su presente y futuro no son ajenos a los intereses de sus trabajadores y del conjunto de la ciudadanía. Así lo entiende el sindicalismo cuando no comparte la opinión de los que consideran que las empresas son exclusivamente de sus accionistas, uno de los muchos frentes de nuestra confrontación. Y estas posiciones ultraliberales son las que pueden acabar reforzando algunos argumentos que critican a CC.OO. y UGT porque hemos expresado nuestra preocupación y compromiso con la defensa del proyecto industrial de una de las mayores empresas industriales de nuestro país.
No deberíamos ser indiferentes a lo que le suceda a Repsol, como no lo somos en FITEQA CC.OO respecto a los esfuerzos de internacionalización de empresas del sector de la moda, la energía, la química o la farmacia, como Inditex, Mango, Puig, Gas Natural Fenosa, Gamesa, Maxan, Grupo Esteve, Grifols, etc., empresas que, más allá de la propiedad de sus acciones, se reconocen como españolas. Y que, con su internacionalización, atenúan una de las principales debilidades de nuestro tejido productivo, como es el reducido tamaño de la mayoría de nuestras empresas y el escaso número de compañías internacionales, lo cual nos impide aprovechar las ventajas de ser el país sede, como vemos día a día con las multinacionales de otros países, a la hora de localizar su inversiones, el I+D+i, los nuevos proyectos y también, como en el caso de Repsol ( 8.310 millones de €), los ingresos por impuestos que generan sus beneficios.
Por esto es tan importante arriar las banderas y silenciar himnos patrióticos que nos distraigan del fondo del conflicto, para que REPSOL sea adecuadamente tratada y se refuercen el resto de las numerosas empresas españolas en Argentina. Nos va mucho en ello.

lunes, 9 de abril de 2012

Reforma laboral, paro y crisis: con prepotencia y sin diálogo no salimos de ésta


Joaquim González Muntadas | Secretario General de FITEQA CCOO

Si al llegar a nuestro país, una persona leyera lo que publican algunos medios de comunicación, escuchara la opinión de prestigiosos empresarios, o atendiera las reflexiones de los dirigentes del Partido Popular, concluiría que la explicación de nuestros problemas y de la larga lista de déficits que padecemos -altísimo desempleo, baja productividad, escasa inversión en I+D+i, deficiente formación, o nula coordinación entre las  diversas Administraciones Públicas-, es el mercado de trabajo, y los responsables, los sindicatos.
Explicación que, sin un gramo de humildad, han expresado tanto los primeros  ejecutivos de empresas constructoras,  energéticas o bancos, como sus muchos centros de estudios que negaron, informe tras informe, la existencia de burbuja alguna y que, ahora sin rubor, cargan la responsabilidad de todos nuestros males  a los salarios y al coste del despido de los trabajadores. Y por supuesto sin citar que ellos, los ejecutivos españoles, son uno de los colectivos que mejor soportan la comparación de sus condiciones salariales con sus homólogos europeos.
Podemos oírselo a directivos de Cajas de Ahorros que día tras día han reclamado reformas de nuestro sistema de  pensiones por lo elevado de las mismas, para luego descubrir sus indecentes y millonarios planes privados. Leemos y escuchamos a medios de comunicación clamar contra las subvenciones a otros organismos y entidades, mientras siguen subsistiendo gracias a éstas. Escuchamos a catedráticos reclamar el despido más fácil y barato, sin mirar ni por un instante la realidad de sus condiciones de empleo, a quienes si se aplicaran solo un tercio de las recetas que nos extienden a los demás, mejorarían notablemente la competitividad y la calidad de nuestro sistema universitario.
Vemos a partidos políticos, que desde el gobierno o desde la oposición, han estado otorgando o exigiendo multimillonarias inversiones de muy baja productividad, sean éstas AVES sin justificación económica y con trazados que sonrojan al sentido común, aeropuertos que se quedan sin aviones al agotar las subvenciones a las compañías aéreas; autopistas sin tráfico que jamás cubrirán los costes de inversión y de explotación; parques temáticos que hoy son cementerios de cartón piedra; suelo urbanizable sobre el que no se construirá absolutamente nada en muchos años, o  puertos sin barcos. Se ha confundido inversión en investigación con construcción de edificios para investigar, y así nuestros jóvenes investigadores emigran igual que emigraban (no sólo ahora, repasemos las denuncias de los jóvenes becarios en estos últimos 15 años).
Da igual, todo este despilfarro se olvida.
Afrontarlo merecería respuestas demasiado complejas y responsabilidades demasiado compartidas y algo más de modestia. Significaría abandonar la fácil explicación de que casi todos nuestros problemas -el grave desempleo, la baja productividad y las dificultades para mejorar nuestra competitividad- se encuentra en nuestras leyes, en las normas laborales y por extensión en los sindicatos.
Explicación muy útil para exonerar de responsabilidades  a parte de la clase dirigente que en el pasado ciclo económico ha cometido serios errores, colectivos y particulares, por su incapacidad de fijar prioridades sociales, económicas y políticas, de impulsar y promover el tránsito desde un modelo productivo basado en el bajo valor añadido, escasa formación y bajos salarios, dominado por la pequeña empresa y dirigida al consumo interno, hacia un sistema productivo demandante de un mejor sistema educativo, de mayor innovación, de mayor esfuerzo en investigación, de más internacionalización, de mayor tamaño de las empresas y alianzas, y que finalmente ha terminado por dilapidar los mejores años de nuestro crecimiento económico.
Para este objetivo se precisaba empleo estable, se necesitaban trabajadores motivados y comprometidos con el proyecto de su empresa, y se precisaban empresarios fiables y arriesgados. Políticos que tratasen a los ciudadanos como adultos a los que se les dice la verdad por muy cruda que sea. Medios de comunicación sin sectarismos descarados para que sus portadas no se escriban el día antes de la noticia. Se precisaba enterrar, de una vez por todas el combustible que ha movido este país en los últimos 15 años: el fácil discurso del agravio comparativo.
Pero también se precisaban patronales con objetivos más allá de reiterar año tras año la misma consigna, esté el país en crecimiento o en recesión; que por una vez asuman su cuota de responsabilidad en los déficits que denuncian porque, efectivamente, la tienen en las carencias de nuestra negociación colectiva y en los contenidos de los convenios o en el sistema de formación continua; con una relación más autónoma con el poder político y mucho más seguras de su propia capacidad de negociación, defensoras de su autonomía como agentes sociales, como en todos los países de nuestro entorno. 
También los sindicatos debemos analizar con rigor cuál ha sido nuestra actuación, preguntarnos con valentía si nuestras prioridades, durante el pasado ciclo de crecimiento económico, han recogido y expresado los cambios que nos demandaba la nueva realidad en las empresas y en los sectores. Preguntarnos por qué ha sido tan difícil, precisamente en la fase de fuerte crecimiento, reforzar y reformar la débil estructura de la negociación colectiva. Y preguntarnos si hemos sido capaces de ajustar, con la precisión necesaria, las prioridades y demandas de los colectivos de mujeres, jóvenes, becarios, eventuales o trabajadores de pequeñas y pequeñísimas empresas.
Somos conscientes de que también en el sindicalismo tenemos asignaturas pendientes, muchas de ellas comunes a la mayoría del sindicalismo europeo: es necesario afrontar una cambiante realidad que reclama, y seguirá reclamando, nuevas políticas sindicales, que deberían orientarse a conseguir mayores niveles de participación de los trabajadores y trabajadoras, a la implicación en la marcha de la empresa y en la organización del trabajo, hacia los nuevos sistemas de retribución más flexibles y hacia mayores compromisos de los trabajadores con la formación permanente. Y somos conscientes también de la necesidad de cambios en las estructuras organizativas para que respondan con eficacia a las nuevas demandas de los trabajadores y trabajadoras a los que aspiramos  representar.
Los sindicatos hemos dado ya unos primeros pasos, difíciles, costosos y no fácilmente entendidos por amplios sectores de la sociedad. Lo hemos expresado, primero, con el Acuerdo de Pensiones y, hace escasas semanas, con el AENC II. Un acuerdo que supone un acta del compromiso sindical con el empleo, que modifica y adapta lo pactado hace dos años en respuesta  a la nueva realidad de crisis y desempleo, y que en muchas de sus materias, representa un cambio brusco de las tradicionales aspiraciones sindicales: moderación de rentas, vinculación de salarios a la productividad, acuerdo sobre mecanismos de mediación y arbitraje o introducción de nuevos mecanismos de flexibilidad interna.
El Gobierno no ha querido valorar este compromiso solamente unas semanas antes de aprobar su Reforma Laboral, y ha despreciado un instrumento que impulsaba el cambio cultural en las relaciones laborales e industriales, y un método, el diálogo y  el acuerdo, siempre mucho más eficaces que su imposición.
Estamos a tiempo de corregir el camino andado, el del miedo en las empresas, el tiempo de la desconfianza, el de los previsibles abusos, el del enfrentamiento y la conflictividad laboral y social, inevitables si se sigue sin corrección en el camino ahora emprendido.
La gravedad de la situación exige el compromiso de todos los sectores de nuestra sociedad, políticos, económicos, sociales. Precisamos de menos altanería, menos sectarismo, menos verdades inmutables; en una palabra, menos autosuficiencia. Porque las soluciones vendrán de la suma de esfuerzos, de una mayor credibilidad, de una  sincera y real explicación de las causas de la crisis, y para ello necesitamos más generosidad, modestia y humildad, virtudes poco comunes en nuestro quehacer político como país, pero bases imprescindibles hoy para generar el necesario clima de confianza social. Es lo que con contundencia demandó el pasado 29M, en el cierre de la multitudinaria manifestación en la Puerta del Sol de Madrid, el Secretario General de CC.OO. Ignacio Fernández Toxo con su propuesta al Gobierno, a la CEOE y a los grupos políticos del Parlamento, de un PACTO GLOBAL POR EL EMPLEO Y LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
No haría bien el Gobierno manteniendo actitudes que pretenden expresar autoridad y en el fondo esconden debilidad,-la de ser valiente con los débiles y sumiso con los fuertes- si no negocia y corrige la Reforma Laboral y la reorienta hacia la suma de voluntades y al Pacto Social; porque de ésta crisis no saldremos sin altas dosis de humildad y de dialogo.

martes, 20 de marzo de 2012

REFORMA LABORAL, LOS RIESGOS DEL PAPANATISMO


La Real Academia Española define ‘papanatas’ como: persona simple y crédula o demasiado cándida y fácil de engañar. Ingenuidad y candidez se desprenden, encubriendo probablemente mala intención, de algunas de las medidas contempladas en la Reforma Laboral, especialmente las que se refieren a la facilidad, sin control administrativo, bajo coste y difusas razones, para el despido objetivo y los ERES en unos momentos en los que se desarrolla un fuerte proceso de reestructuración de la industria europea por exceso de capacidad. Cambios legales que se defienden con argumentos para la pequeña empresa, pero cuyos efectos pueden ser letales también en la lucha diaria para el futuro de muchos centros de trabajo de las grandes empresas y grupos multinacionales con sedes en España. 

 Es sorprendente escuchar, cuando se argumentan algunas de las medidas contempladas en la Reforma Laboral, las comparaciones con otros países. Todos los profesionales del área de Recursos Humanos de las empresas o grupos multinacionales saben que, en el coste total de la reestructuración al afrontar el cierre de una empresa o realizar despidos colectivos, además de la indemnización, hay que contar con planes sociales. Planes sociales que respondan a exigidos criterios de responsabilidad social, y que incluyan desde la rigurosa justificación y verificación estricta de las razones hasta la obligación de compensar y regenerar con nuevas inversiones los efectos sociales del cierre empresarial en el territorio, incluyendo recolocaciones, empleos alternativos en la multinacional, o indemnizaciones adaptadas según edad, formación y previsibles dificultades futuras para un nuevo empleo. Todo ello, integrado en el "EL PLAN SOCIAL" minimiza, y en algunos casos hasta ridiculiza, nuestra discusión sobre el numero de días año de la indemnización a pagar por las multinacionales si lo relacionamos con el coste que éstas asumen en otros países. 

 Para tomar conciencia de la dimensión e importancia del problema y con él de la necesidad de examinar con atención los instrumentos legales para hacerle frente, el impacto de algunas de las medidas que se nos avecinan sobre nuestro empleo y tejido industrial, basta detenernos en el sector del automóvil, por poner un ejemplo entre otros muchos sectores de nuestra economía. En éste, de persistir el actual exceso de su capacidad productiva, la que expresa la diferencia entre la capacidad de ensamblar 25 millones de vehículos en los 241 centros europeos y los solo 20 millones fabricados el pasado año, pueden producirse repercusiones traumáticas en sus plantas europeas y, con ellas, una inmediata traducción en todo su sector auxiliar y de componentes, que incluye miles de empleos de empresas, muchas de ellas también multinacionales, del plástico, vidrio, caucho, pintura, metalúrgico, textil, ingeniería, etc. etc. Las tensiones que se avecinan por la adaptación estratégica de las multinacionales, no solo en el sector del automóvil y su industria auxiliar, también en la química, bienes de equipo, ferroviario, farmacéutico, etc., no serán para resolver en qué país de Europa se ubican sus inmediatas inversiones, sino más bien todo lo contrario. 

Las tensiones vendrán de la decisión sobre los centros y países que se eligen para producir el ajuste. Y tenemos un primer ejemplo: la multinacional UNILEVER, que ya ha decidido y anunciado, unas semanas después de la aprobación de la reforma laboral, que el centro de producción a cerrar es el España para afrontar la adaptación de su capacidad instalada a la demanda en Europa. Es por ello que quienes hayan vivido la dureza de las negociaciones en una multinacional para decidir qué planta y en qué país se aplica el ajuste, dureza también en el ámbito sindical, conocen el peso que tienen las obligaciones legales exigidas en cada país en la toma de decisiones. Y así, los líderes de esos país europeos que mandan, mientras refuerzan día a día la defensa de su tejido productivo y su empleo y ejercen fuertes presiones políticas cuando las reestructuraciones afectan a sus propios países, nos han exigido interesadamente mayores facilidades legales para los despidos en España. Es ahí precisamente donde la Reforma Laboral puede convertir a nuestro país en el mejor candidato para los ajustes de empleo y cierres de plantas. 

 Por ello debemos preguntarnos acerca de la razón que explica la desaparición de la autorización administrativa en los despidos colectivos, y si esa razón no será también un intento de escurrir el bulto por parte de los gobiernos central y autonómicos, para evitar así el desgaste político ante las reestructuraciones que se avecinan y endosar la responsabilidad a los jueces. Pero lo que es seguro, si no se corrige la Reforma Laboral, es que gracias a nuestro papanatismo, contribuiremos a nuevas pérdidas de empleo en nuestro país y aportaremos una nueva ventaja para la defensa de su tejido industrial en otros países, así como para los sindicatos de éstos, en las futuras negociaciones. 

 Joaquim González Muntadas Secretario General de FITEQA CCOO

miércoles, 14 de marzo de 2012

Una opinión sindical sobre REPSOL, sobre YPF y sobre el conflicto planteado por el Gobierno argentino


Joaquim González Muntadas | Secretario General de FITEQA CCOO

Los acontecimientos que están sucediendo estos días en Argentina con las iniciativas, o amagos, de nacionalización de YPF REPSOL, abren algunos interesantes, importantes y no solamente teóricos, interrogantes sobre cuál debería ser la posición de un sindicato de clase frente a una tal iniciativa que, sin meditar demasiado las consecuencias, podría calificarse de medida de izquierdas y progresista, ya que estamos hablando de la nacionalización de una empresa. Si aplicáramos el manual clásico, parece que debería provocar el aplauso, mucho más si estamos hablando de una empresa del sector del petróleo, con todas sus connotaciones económicas, sociales, políticas, y casi ideológicas como tienen las petroleras. En todo caso ésta sería, parece, la inercia pseudoideológica. Pero quizás las cosas no sean tan sencillas y conviene preguntarse y analizar qué intereses están en juego, y, también, cuáles son los intereses que organizamos y representamos desde el sindicalismo, y en nuestro caso, desde FITEQA-CCOO; cuáles son los intereses de los trabajadores españoles de Repsol en particular y los de los trabajadores de la industria, más en general, cuál es el interés de la economía del país, de España y también de Argentina. Cuáles son desde la perspectiva de una empresa cada día más “global”, en el marco de una acción sindical también cada día más global, desde la propia Red Sindical creada a precisamente iniciativa sindical española hace ya algunos años.
La siguiente pregunta que entiendo nos deberíamos hacer es cuales son las causas que motivan esta acción política, con las conocidas “amenazas” de nacionalización. Las causas alegadas son confusas, improvisadas, contradictorias incluso con la política del Gobierno Argentino en los últimos años, también en los últimos meses. Unos dicen que responden a impulsos nacionalistas, otros a juegos de disimulo de problemas más profundos. Es evidente que la gestión pública por sí misma no garantiza lo mejor para los ciudadanos en general o para los trabajadores en particular, como hemos podido comprobar cuando la corrupción, el nepotismo o el despotismo, han sido un elemento determinante en esta política pública, para lo que no es necesario marcharse a Corea del Norte, al Túnez de Ben Ali o al Egipto de Mubarak. Desde aquí no nos corresponde especular sobre ello porque no conocemos suficientemente la realidad Argentina para opinar, pero si conocemos que las inversiones realizadas en los últimos años por Repsol, el destino de los beneficios obtenidos, desmienten las razones que se esgrimen para la nacionalización como son las aducidas faltas de compromiso y de inversión de Repsol en Argentina.
La pregunta necesaria es cómo se sitúa el sindicalismo, en este caso español, cuando el bien que supuestamente se pretende expropiar afecta de forma clara al proyecto y al futuro industrial, y con ello también a los trabajadores. Interés de los trabajadores e interés de la economía nacional a la que de manera tan directa puede afectar una empresa energética como es Repsol.
Nos referimos a trabajadores españoles, y también a no españoles, del petróleo. Ésta es la perspectiva en la que entiendo nos deberíamos situar CCOO como sindicato mayoritario que representa los intereses de los cerca de 20.000  trabajadores de Repsol en España y, más allá,  formamos parte de una estructura sindical supranacional en el ámbito de Repsol en América Latina.
FITEQA-CCOO hemos impulsado la Red Sindical Internacional en el marco de esta empresa ya global, estamos avanzando en la definición de intereses sindicales supranacionales y seguimos con mucho interés la actitud de los trabajadores y los sindicatos de YPF, los que en el momento actual argentino están precisamente adoptando las posturas más prudentes en relación con este tema y planteando como prioridad el desarrollo industrial eficaz en la explotación de los recursos naturales de su país.
Los trabajadores de Repsol España tienen conciencia de que son parte de un Grupo Industrial Global y que las tensiones a muchos kilómetros de su puesto de trabajo también afectan de forma directa a sus condiciones de trabajo, tanto presentes como futuras. Así lo vivieron los trabajadores de Repsol en España, con una congelación salarial pactada en su momento por CCOO y UGT para hacer frente a las consecuencias negativas de la crisis económica (el “corralito”) de Argentina. En aquellos momentos difíciles Repsol, con el apoyo de los Sindicatos españoles, lejos de abandonar sus inversiones, cuando posiblemente era la solución más cómoda y como hicieron muchas otras empresas, saneó la estructura financiera de YPF hasta dejarla sin deuda alguna, mantuvo todos los puestos de trabajo y desarrolló una importante política de inversiones que hasta hace bien poco ha sido bendecida por las instituciones públicas argentinas, gobierno central y regionales.
Pero hoy una, quizás la principal, de las razones, de imposible disimulo, que explica el cambio de actitud del gobierno argentino hacia YPF y es el valor extraordinario de la explotación y del futuro desarrollo del descubrimiento realizado por Repsol en Vaca Muerta, que representa un cambio radical para los activos energéticos  de Argentina
La explotación de Vaca Muerta exige enormes inversiones, lo que obliga a Repsol a la búsqueda  de socios e inversores internacionales de primer nivel. Pero la opción de mérito está en que el esfuerzo no debe situarse sólo en el desarrollo y la explotación de los recursos, sino que la gran oportunidad para Argentina consiste en conseguir (y por los instrumentos de información presentes en la relaciones industriales y laborales de este grupo industrial que garantizan un alto nivel de seguimiento de la política de la empresa, me consta que Repsol está comprometida en ello) la creación y desarrollo de una industria auxiliar con altos niveles de innovación, construyendo así un nuevo sector industrial estratégico de la economía argentina, lo que por supuesto es también interés de Repsol YPF.
Otra podría ser la perspectiva si se asumiera la opción que por ejemplo proclaman en un reciente artículo “Ecologistas en acción”, que afirman: “la expropiación sería una buena noticia ya que un Gobierno en un país con una democracia parlamentaria es más susceptible de avanzar hacia el desmantelamiento de empresas públicas contaminantes”. Desde luego nuestra perspectiva, y nos atrevemos a afirmar que lo es asimismo del sindicalismo español y supranacional, también de los trabajadores argentinos de YPF, no es el desmantelamiento de las empresas de la energía, sino una defensa del medioambiente compatible con el desarrollo industrial. 
Por eso creo que Argentina se equivoca por no aprovechar al máximo la voluntad inversora de Repsol, su demostrada capacidad tecnológica, lo que le ha hecho líder mundial en el descubrimiento de nuevos yacimientos y su capacidad para generar alianzas para ese colosal proyecto que es la explotación de Vaca Muerta.
Por otra parte, mas allá de las decisiones políticas que pueda tomar el Gobierno Argentino, están las reglas y leyes internacionales que deben garantizar que cualquier decisión sea negociada en el marco de colaboración que ha presidido las relaciones de Repsol con la República Argentina a lo largo de más de 12 años.
Los actuales acontecimientos y el conflicto provocado por la actitud del Gobierno Argentino entiendo que sobrepasan la dimensión empresarial de Repsol y constituyen una muy mala noticia para la necesaria estabilidad y seguridad de las empresas españolas en la zona, lo que puede derivar en negativas consecuencias económicas para ambas partes. Por todo ello no deberíamos disimular  nuestro apoyo a las gestiones y esfuerzos que el Gobierno Español esta realizando, uniéndolos al llamamiento a la necesidad de huir de formas estridentes o de una sobreactuación teatral que puedan herir sentimientos o alimentar bajas pasiones de nacionalismos, porque no está el horno para bollos, por eso una vez más el camino es diálogo y diplomacia, mucha diplomacia y por supuesto legalidad.


viernes, 10 de febrero de 2012

UNA REFORMA LABORAL SECTARIA Y DOGMÁTICA


Joaquim González Muntadas
Secretario General de FITEQA CCOO

Decía Giuseppe Federico Manzini  que el principio ordenador de las sociedades libres y la condición de su desarrollo, es el conflicto. En las relaciones de trabajo el conflicto se produce entre quien tiene información  y decide, y quien no la tiene y no decide, entre el propietario de los medios de producción y quien vende su fuerza de trabajo y sus conocimientos. Mancini añadía  y << Sin embargo, hay que estar atentos, porque el conflicto carente de reglas y de procedimientos es barbarie, provoca en el mundo escasez y angustia >>.  En las sociedades modernas y democráticas quien ha de evitar el abuso de poder, la escasez y la angustia que provoca el inevitable desequilibrio de fuerzas entre el empresario y el trabajador individual, es el Derecho del Trabajo.

Como ha escrito Soledad Gallego en su excelente artículo en El País del pasado 19 de febrero con referencia a la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno del PP y CiU, titulado ¿Nada que hacer ? dice: " lo que llama la atención del Decreto Ley es que entregue la única llave al empresario y que haga casi desaparecer las reglas que, con grandes luchas y sufrimientos, han ido ordenando las relaciones laborales, como si los empleados y trabajadores fueran un elemento extraño al mundo de la empresa, algo irracional, que hay que disciplinar, y no un elemento fundamental dotado igualmente de intereses dignos de defender y, sobre todo, de raciocinio.".

Precisamente ahí se encuentra el elemento más agresivo hacia los derechos básicos de la Reforma Laboral: su nada disimulada intención de romper el equilibrio de la acción sindical y la capacidad de la negociación colectiva para regular las condiciones de trabajo mínimas y necesarias. 

Más allá de los cambios que provoca la Reforma en el mercado de trabajo para abaratar y dar mayor facilidad al despido  individual y colectivo, la novedad más significativa, la esencia misma de esta reforma, reside en que modifica el -comparado con los países de nuestro entorno- débil equilibrio entre las partes que conviven en la empresa. Equilibrio que distingue a las sociedades avanzadas y ricas de las atrasadas y pobres; que hace de la empresa y del mundo del trabajo un espacio para convivir y no para sobrevivir;  equilibrio que aunque no siempre ha determinado la línea de derecha e izquierda política, ha generado leyes y normas que conjugan derechos y competitividad, participación y cogestión con mejora de la productividad de las empresas y de la economía.

La música que inspira y acompaña la letra de la reforma es la que considera que el empresario es el amo y dueño y, de la misma forma que lo es de la maquinaria y del mobiliario, es propietario de la fuerza de trabajo. Y así, toda regulación que pretenda reducir el desequilibrio entre las partes, se entiende como un estorbo para la buena gestión de la empresa, y por ende, y ahí empieza el silogismo cargado de ideología, un supuesto estorbo para la competitividad, la generación de riqueza y el empleo.

Al margen de la opinión que le merezca a cada cual, la idea del Derecho del Trabajo y las organizaciones sindicales como estorbos para el progreso, no es nueva en la historia de España ni, por supuesto, en el mundo. En algunos casos, se añade incluso a las organizaciones  patronales como elementos distorsionadores de las relaciones del empresario con sus trabajadores en la empresa. Desde esa lógica, y al margen de su contenido e historia, se valoran los convenios colectivos sectoriales como corsés despegados de la realidad de las empresas, y a sus negociadores como cúpulas burocráticas ajenas a los intereses de los empresarios y de los trabajadores. Y por tanto, prescindibles. Porque ahí está el Partido Popular, el partido de los trabajadores, como han afirmado algunos de sus dirigentes, y por supuesto también el de los empresarios, como demuestra esta reforma.

Los demócratas deberíamos sentir decepción ante el sectarismo de algunos argumentos. Tristeza al leer indocumentadas comparaciones con la realidad del conjunto del sistema de relaciones laborales y protección social de países como Alemania, Francia, Holanda o Dinamarca. Y preocupación, mucha preocupación, porque algunos argumentos que acompañan la defensa de la reforma hacen que la música sea peor que su letra.

Identificar el paro con el Derecho del Trabajo y responsabilizar cínicamente a los sindicatos de la crisis y de los cinco millones y medio de parados, significa indultar de un plumazo a nuestro débil sistema productivo y al muy débil tejido empresarial español, con mucha pequeña empresa poco internacionalizada y con escasa reinversión de beneficios, a nuestros bajísimos niveles de I+D+i, al deteriorado sistema financiero, y eliminar las responsabilidades políticas que lleva aparejado. Ahí están las explicaciones de nuestra particular crisis, no en el mercado de trabajo y las relaciones laborales que son reflejo y consecuencia de esta realidad y no su causa. 

Estos poco edificantes argumentos dificultan un debate constructivo, especialmente cuando se descalifica el desacuerdo de los sindicatos argumentando que defienden intereses particulares y espúreos, intereses que contrastan con las nobles razones de quienes defienden que estas medidas son buenas para todo y para todos, porque las han decidido ellos, los buenos.

Esta posición sectaria y dogmática (el mercado siempre cumple con sus funciones) explica que el argumento de mayor fuerza tenga que sustentarse en un acto de fe. El que afirma  que, como la reforma laboral aprobada hace menos de un año por el anterior Gobierno no ha creado empleo -y ahí están las cifras que evidencian su fracaso- este Gobierno hace otra. Una reforma que, de antemano advierten, tampoco creará empleo en un año, pero que, realizando un triple salto mortal, aseguran que ésta sí es necesaria para crear empleo en el futuro. Sólo desde ese sectarismo ideológico, tan perjudicial en nuestra historia, se pueden resolver las dudas de un plumazo, como las resuelve ese hombre de la metáfora que les cuenta a sus amigos que su rabino es un santo porque habla todos los días con Dios. Los amigos, escépticos,  le preguntan: ¿y tú como lo sabes? porque me lo ha dicho él mismo, responde.  ¿Y cómo sabes que no te engaña? ¿Como me iba a engañar un hombre que habla todos los días con Dios?.

Desde los actos de fe no afrontaremos los grandes retos a los que debe responder nuestra economía, ni tampoco, como hace la Reforma, dinamitando, los débiles puentes del diálogo social, tan costosamente construidos en torno a objetivos comunes reflejados en el último AENC. Un Acuerdo que, si le dejaran, podría demostrar su capacidad y utilidad para moderar las rentas y bajar la inflación, mejorar la productividad y la estabilidad del empleo. Un pacto que aspira a cumplir sus objetivos reforzando la negociación colectiva pero al que, incomprensiblemente, la Reforma aprobada impide desarrollar los capítulos relacionados con la eficacia del convenio sectorial y su articulación en la empresa, una eficacia compatible con la posibilidad prevista de la inaplicación de su contenido en la empresa cuando se dan concretas circunstancias que lo justifican. Si no se corrige el contenido de la reforma en estas materias se está cuestionando de plano el valor y sentido mismo del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva,  convirtiéndolo en una oportunidad perdida para configurar unas relaciones laborales modernas que permitan trabajar por una mayor cohesión social tan necesaria en momentos de crisis, y evitar que perdamos el gran activo y ventaja competitiva  que hasta hoy ha sido, la paz social que sorprendentemente reprochan a los sindicatos los dirigentes del Partido Popular.

Pero volvamos a la acusación que ha derivado en el argumento central de defensa de la Reforma por parte de las más altas instancias del gobierno: el supuesto miedo de los sindicatos a perder privilegios. Más exacto sería afirmar que no se trata tanto de privilegios como de “cuotas de poder”, como acertadamente señala el amigo José Luis López Bulla cuando escribe en un reciente artículo: “No vayamos con zarandajas nosotros: pues claro que el problema central es una lucha de poderes. Como ha sido siempre, faltaría más. De poderes: derechos e instrumentos”.. Porque efectivamente de esto se trata. Y hemos de plantearlo abiertamente, sin miedo a las palabras, explicándolo a la opinión pública, a las trabajadoras y trabajadores en primer lugar.

Por ello, el movimiento sindical español no debería tener ningún complejo en asumir el reto de esta supuesta denuncia del miedo a la pérdidas de derechos sindicales, y afirmar con claridad, en primer lugar ante los trabajadores y trabajadoras, que sí, que quieren cercenar nuestros “privilegios”, es decir el privilegio de defender los derechos e intereses de cada uno y cada una de las personas que realizan un trabajo a cambio de un salario, de los “privilegios” necesarios para la defensa de la dignidad de su condición de trabajador porque en la empresa no deben estar ausentes los derechos fundamentales, ni se puede amparar la arbitrariedad que resulte del  autoritarismo y de la imposición sobre las personas que trabajan.

Quizás, y como efecto ciertamente no querido por sus autores, la reforma laboral se convierta en un estímulo para asumir que, ante las nuevas y mayores posibilidades objetivas del empresario, la mejor y casi única defensa que tenemos es organizarnos en el sindicato, como lo están la mayoría de nuestros compañeros y compañeras de los países que miramos como referencia de derechos y cohesión.