jueves, 29 de diciembre de 2011

NO HAY POLÍTICA INDUSTRIAL SIN INNOVACIÓN ÚTIL



Joaquim González Muntadas, Secretario General de Fiteqa-CC.00.


Imaginemos un país en el que la debilidad de la demanda interna no permite impulsar las inversiones privadas;  en el que el déficit de las cuentas públicas es tan elevado que impide la realización de un plan de inversiones públicas capaz de activar el crecimiento económico; un país muy heterogéneo en cuanto a la competitividad de sus empresas,  la calidad de los servicios,  los niveles de rentas y necesidades sociales. 

Supongamos que nos preguntamos acerca de cómo provocar, en este supuesto país,  un crecimiento competitivo basado en la difusión de la innovación. Podríamos pensar en facilitar el acceso de los sectores productivos a la tecnología, al conocimiento y  a las competencias, confiando en que una mayor disponibilidad de estos recursos facilitará su mas provechosa utilización. Sin embargo, poner en marcha esta política precisa una programación nacional e importantes apoyos presupuestarios públicos y  no podríamos hacerlo  puesto que, este imaginario país, ni dispone de recursos públicos, ni su sistema productivo – posicionado en bienes de bajo valor añadido, con una dimensión empresarial baja -  está en condiciones de absorber eficaz y eficientemente esos nuevos recursos innovadores.

Si por el contrario, tuviésemos la fortuna de vivir en un país en el que ya hay conocimiento (a pesar de los desequilibrios estructurales y la escasez de recursos públicos), las competencias y la innovación tecnológica ya existen y están disponibles (prueba de ello son los indicadores de la exportación de algunos segmentos y de los recursos humanos), pero no se utilizan porque el sistema productivo tiene dificultad para relanzarse, sería más fácil imaginar “políticas industriales” de utilización y difusión de la innovación. En este caso ,resultarían más eficaces actuaciones desde el lado de la oferta productiva,  con posibilidad de identificar las innovaciones y difundirlas.

Sin duda en España coexisten los rasgos de cada uno de estos países. Pongamos el ejemplo de un sector central en nuestra economía, la construcción. Existen tecnologías y conocimiento  en materia de construcción sostenible e ingeniería punteras en algunas de sus prestaciones. Sin embargo, la construcción residencial y de servicios, no está proyectada para ahorrar energía ni tampoco para producirla, no tiene una relación estable con la demanda de vivienda. Seguramente impulsar una gran programación de cambio en el sector es una opción bastante más eficiente que una deducción en el IPRF, que para lo único que sirve es para sostener artificialmente las compras. Pero también lo es, y puede ser más eficaz,  impulsar pequeños cambios en los puntos con mayor proyección de futuro haciendo que las normativas,  en todos los ámbitos, vinculen una parte de las nuevas construcciones con los requisitos de futuro: calidad y ahorro de energía. Esta es una opción que además de ser económicamente sostenible para las  administraciones  públicas, es inmediatamente aplicable, y favorece una transformación cualitativa del sector,  actuando desde el lado de la demanda.

Se pueden identificar en muchos campos ejemplos análogos de saltos potenciales de innovación, suscitados por actos administrativos no onerosos: ciclo de los residuos y desechos, textiles técnicos, transportes locales, redes intangibles, seguridad alimentaria, química  farmacéutica, asistencia social, seguridad vial, contaminación atmosférica, etc. En todos estos campos, y seguro que en muchos más, si se piensa en profundidad en el asunto, la demanda de innovación puede ser un acicate determinante para la innovación de las empresas.  Esto es lo que nos enseñan los países más avanzados.

La evolución de la inversión en I+D+i en las dos últimas décadas muestra que la mayor distancia española con la Unión Europea no está en el componente público sino en el privado. Las empresas españolas invierten poco en investigación, desarrollo e innovación, siendo obvio que progresarían mucho más si lo hicieran, puesto que ganarían competitividad con terceros. La tesis, en consecuencia, consiste en reconocer de un lado, la urgente necesidad de superar nuestra historia, llena de tópicos y grandilocuentes definiciones genéricas, muchas veces vacías cuando de la  política industrial y la innovación se trata y , de otro,  sostener que el crecimiento competitivo se puede activar con políticas que impulsen una demanda cualificada que facilite “encontrar” y transferir conocimiento e innovación y actuar sobre la dinámica general del mercado y la demanda del producto. Es decir, analizar con detalle las deficiencias para intentar cubrirlas con medidas concretas y cercanas.

Lógicamente estas medidas pueden acompañarse de recursos públicos cuando no hay financiación suficiente, pero lo importante no es su acepción de gasto sino las facilidades que deben tener  las empresas para incorporar  estos planes y ser capaces  de atender a sus requerimientos. La innovación estaría, pues,  acompañada de instrumentos de apoyo de naturaleza fiscal y crediticia: fondos de garantía (capital riesgo) para reducir el riesgo bancario y facilitar el crédito a las empresas, sobre todo pequeñas que intenten asociarse, para afrontar el salto tecnológico impuesto por el mercado, y de conciertos, con financiación pública, entre las empresas (pequeñas y medianas) con la universidad y los centros de investigación.

El proceso de la política industrial desde abajo, con  identificación de las necesidades y la difusión de la innovación que hemos ilustrado, presupone que hoy padecemos de escasez de demanda y no de innovación y,  lo más  importante: que debe existir un compromiso claro por la innovación de los gobiernos central, autonómicos y locales y también una disponibilidad sindical para situar la innovación y la formación permanentes en el centro de sus políticas, en todos y cada uno de los ámbitos en los que interviene, empezando en las empresas y los sectores, siguiendo en los observatorios industriales, en la negociación colectiva, en el dialogo social, en la concertación local, autonómica y estatal. Ello implica que debemos impulsar  la innovación en todas y cada una de las plataformas de dialogo: patronales, sindicales y administraciones ; crear  instrumentos que impulsen y faciliten la alianza de las pequeñas y medianas empresas  a fin de  mejorar su  tamaño, y tener como objetivo la cooperación innovadora, porque son condiciones hoy todavía posibles pero no de duración indeterminada.