RSC Y "pantalones: de 2 a 20 euros"

Tras el brutal accidente industrial de Bangladesh del pasado 24 de abril en el que murieron 1.127 personas y provocó más de 2.500 heridos, se ha demostrado que la Responsabilidad Social no es una cuestión de segundo orden en el debate social. Esta tragedia ha traído a la actualidad muchas preguntas en relación con las responsabilidades empresariales y el papel que cada colectivo puede jugar en este campo: empresas y organizaciones empresariales, sindicatos, consumidores, ONGs, Instituciones Internacionales y Gobiernos,

Los 1.127 muertos han colocado en el centro de la RSC al empleo y la calidad del trabajo, y han gritado a los consumidores de todo el mundo algo que ya deberían saber cuando se trata de un sector de consumo como es el de la Moda, un sector donde la fuerza del trabajo es determinante del precio del producto, y explica que se fabrique en países en los que los costes laborales son infinitamente menores que si se fabricara en la esquina de su casa.

Cuando el consumidor compra tres pares de calcetines a 1 euro, dos pantalones a 20 euros, una camisa a 10  euros y unos zapatos a 25 euros, por poner algunos ejemplos, tanto si los compra en un mercadillo, en la tienda de la esquina de su barrio o en la céntrica tienda de una marca mundial, debería saber que a ese precio ninguna de estas prendas ha sido fabricada por trabajadores y trabajadoras europeos, sino que se habrán producido en Turquía, en el Norte de África o en Asia.

Esta ha sido la realidad de la globalización de los mercados y de la producción, para bien y para mal.  

La industria manufacturera se ha desplazado de nuestro país presionada por la bajada de los precios, unos precios que nuestros costes salariales y sociales no pueden soportar. Así lo demuestran los miles de cierres de empresas y las decenas de miles de empleos perdidos en el sector del textil y de la confección en los últimos 12 años en España. Lo que demuestra que los consumidores no están dispuestos a pagar por un pantalón el coste de ser fabricado con los salarios del Convenio del Textil Confección español, con telas producidas en telares de Sabadell y confeccionadas en un taller de Toledo, como se hacía hace ya 25 años ya a un precio superior a los actuales 10 euros.

La exigencia en el precio ha desplazado de forma acelerada y definitiva la producción fuera de Europa y de España y a perder miles de empleos industriales, quedando sólo aquellas empresas que han sabido y podido pasar de fabricar a diseñar, distribuir y vender el producto acabado en un mercado global. Aunque también, todo hay que decirlo y reconocerlo, creando miles de nuevos empleos en diseño, administración, logística y servicios, que desde nuestro país atienden a todo al mercado mundial.

Por esto lo determinante en relación a la RSC no debería ser en dónde se produce porque no volverán a Europa y a España la mayoría de esas fabricaciones. Y por ello la garantía de responsabilidad social no se deberían identificar con el lugar donde se fabrica, sino esencialmente, en cómo se produce, porque es posible y ahí está el verdadero mérito y esfuerzo de aquellas realidades, que las hay y lo demuestran, fabricar en Marruecos, Turquía, Asia, también en Bangladesh, con responsabilidad social, con salarios dignos, seguridad y respeto a los derechos humanos.

Es el momento de aprovechar la especial sensibilidad social, esperemos que también empresarial, y el mayor activismo social y sindical que vivimos tras el accidente de Bangladesh, para exigir a las empresas el cumplimiento estricto del respeto de los derechos humanos y fundamentales del trabajo, estableciendo los mecanismos de control necesarios y de intervención sindical, y garantizar los derechos sindicales, en especial el derecho a la  libertad sindical y a la negociación colectiva, así como que las retribuciones respeten el concepto de “mínimo vital”.

Conscientes de que si bien el consumidor  no cambiará sus pautas de consumo y que mayoritariamente seguirá buscando el pantalón a 10 euros, ello jamás debería significar la complicidad de admitir que el precio del producto justifica el trabajo precario y sin derechos, ni en nuestro país,  ni en cualquier parte del mundo. Por esto,  los consumidores no pueden darle entender  al fabricante que admiten que  comprar su moda low cost están aceptando que las prendas no han sido fabricadas con trabajo decente y respetando la ley. Los consumidores no pueden  aceptarlo de la misma forma que no lo aceptan cuando embarcan en un vuelo low cost  y exigen todas las medidas de seguridad contempladas en la ley que regula la seguridad en la aviación y que el bajo precio no exime a la  compañía aérea  de respetarlas.