viernes, 10 de febrero de 2012

UNA REFORMA LABORAL SECTARIA Y DOGMÁTICA


Joaquim González Muntadas
Secretario General de FITEQA CCOO

Decía Giuseppe Federico Manzini  que el principio ordenador de las sociedades libres y la condición de su desarrollo, es el conflicto. En las relaciones de trabajo el conflicto se produce entre quien tiene información  y decide, y quien no la tiene y no decide, entre el propietario de los medios de producción y quien vende su fuerza de trabajo y sus conocimientos. Mancini añadía  y << Sin embargo, hay que estar atentos, porque el conflicto carente de reglas y de procedimientos es barbarie, provoca en el mundo escasez y angustia >>.  En las sociedades modernas y democráticas quien ha de evitar el abuso de poder, la escasez y la angustia que provoca el inevitable desequilibrio de fuerzas entre el empresario y el trabajador individual, es el Derecho del Trabajo.

Como ha escrito Soledad Gallego en su excelente artículo en El País del pasado 19 de febrero con referencia a la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno del PP y CiU, titulado ¿Nada que hacer ? dice: " lo que llama la atención del Decreto Ley es que entregue la única llave al empresario y que haga casi desaparecer las reglas que, con grandes luchas y sufrimientos, han ido ordenando las relaciones laborales, como si los empleados y trabajadores fueran un elemento extraño al mundo de la empresa, algo irracional, que hay que disciplinar, y no un elemento fundamental dotado igualmente de intereses dignos de defender y, sobre todo, de raciocinio.".

Precisamente ahí se encuentra el elemento más agresivo hacia los derechos básicos de la Reforma Laboral: su nada disimulada intención de romper el equilibrio de la acción sindical y la capacidad de la negociación colectiva para regular las condiciones de trabajo mínimas y necesarias. 

Más allá de los cambios que provoca la Reforma en el mercado de trabajo para abaratar y dar mayor facilidad al despido  individual y colectivo, la novedad más significativa, la esencia misma de esta reforma, reside en que modifica el -comparado con los países de nuestro entorno- débil equilibrio entre las partes que conviven en la empresa. Equilibrio que distingue a las sociedades avanzadas y ricas de las atrasadas y pobres; que hace de la empresa y del mundo del trabajo un espacio para convivir y no para sobrevivir;  equilibrio que aunque no siempre ha determinado la línea de derecha e izquierda política, ha generado leyes y normas que conjugan derechos y competitividad, participación y cogestión con mejora de la productividad de las empresas y de la economía.

La música que inspira y acompaña la letra de la reforma es la que considera que el empresario es el amo y dueño y, de la misma forma que lo es de la maquinaria y del mobiliario, es propietario de la fuerza de trabajo. Y así, toda regulación que pretenda reducir el desequilibrio entre las partes, se entiende como un estorbo para la buena gestión de la empresa, y por ende, y ahí empieza el silogismo cargado de ideología, un supuesto estorbo para la competitividad, la generación de riqueza y el empleo.

Al margen de la opinión que le merezca a cada cual, la idea del Derecho del Trabajo y las organizaciones sindicales como estorbos para el progreso, no es nueva en la historia de España ni, por supuesto, en el mundo. En algunos casos, se añade incluso a las organizaciones  patronales como elementos distorsionadores de las relaciones del empresario con sus trabajadores en la empresa. Desde esa lógica, y al margen de su contenido e historia, se valoran los convenios colectivos sectoriales como corsés despegados de la realidad de las empresas, y a sus negociadores como cúpulas burocráticas ajenas a los intereses de los empresarios y de los trabajadores. Y por tanto, prescindibles. Porque ahí está el Partido Popular, el partido de los trabajadores, como han afirmado algunos de sus dirigentes, y por supuesto también el de los empresarios, como demuestra esta reforma.

Los demócratas deberíamos sentir decepción ante el sectarismo de algunos argumentos. Tristeza al leer indocumentadas comparaciones con la realidad del conjunto del sistema de relaciones laborales y protección social de países como Alemania, Francia, Holanda o Dinamarca. Y preocupación, mucha preocupación, porque algunos argumentos que acompañan la defensa de la reforma hacen que la música sea peor que su letra.

Identificar el paro con el Derecho del Trabajo y responsabilizar cínicamente a los sindicatos de la crisis y de los cinco millones y medio de parados, significa indultar de un plumazo a nuestro débil sistema productivo y al muy débil tejido empresarial español, con mucha pequeña empresa poco internacionalizada y con escasa reinversión de beneficios, a nuestros bajísimos niveles de I+D+i, al deteriorado sistema financiero, y eliminar las responsabilidades políticas que lleva aparejado. Ahí están las explicaciones de nuestra particular crisis, no en el mercado de trabajo y las relaciones laborales que son reflejo y consecuencia de esta realidad y no su causa. 

Estos poco edificantes argumentos dificultan un debate constructivo, especialmente cuando se descalifica el desacuerdo de los sindicatos argumentando que defienden intereses particulares y espúreos, intereses que contrastan con las nobles razones de quienes defienden que estas medidas son buenas para todo y para todos, porque las han decidido ellos, los buenos.

Esta posición sectaria y dogmática (el mercado siempre cumple con sus funciones) explica que el argumento de mayor fuerza tenga que sustentarse en un acto de fe. El que afirma  que, como la reforma laboral aprobada hace menos de un año por el anterior Gobierno no ha creado empleo -y ahí están las cifras que evidencian su fracaso- este Gobierno hace otra. Una reforma que, de antemano advierten, tampoco creará empleo en un año, pero que, realizando un triple salto mortal, aseguran que ésta sí es necesaria para crear empleo en el futuro. Sólo desde ese sectarismo ideológico, tan perjudicial en nuestra historia, se pueden resolver las dudas de un plumazo, como las resuelve ese hombre de la metáfora que les cuenta a sus amigos que su rabino es un santo porque habla todos los días con Dios. Los amigos, escépticos,  le preguntan: ¿y tú como lo sabes? porque me lo ha dicho él mismo, responde.  ¿Y cómo sabes que no te engaña? ¿Como me iba a engañar un hombre que habla todos los días con Dios?.

Desde los actos de fe no afrontaremos los grandes retos a los que debe responder nuestra economía, ni tampoco, como hace la Reforma, dinamitando, los débiles puentes del diálogo social, tan costosamente construidos en torno a objetivos comunes reflejados en el último AENC. Un Acuerdo que, si le dejaran, podría demostrar su capacidad y utilidad para moderar las rentas y bajar la inflación, mejorar la productividad y la estabilidad del empleo. Un pacto que aspira a cumplir sus objetivos reforzando la negociación colectiva pero al que, incomprensiblemente, la Reforma aprobada impide desarrollar los capítulos relacionados con la eficacia del convenio sectorial y su articulación en la empresa, una eficacia compatible con la posibilidad prevista de la inaplicación de su contenido en la empresa cuando se dan concretas circunstancias que lo justifican. Si no se corrige el contenido de la reforma en estas materias se está cuestionando de plano el valor y sentido mismo del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva,  convirtiéndolo en una oportunidad perdida para configurar unas relaciones laborales modernas que permitan trabajar por una mayor cohesión social tan necesaria en momentos de crisis, y evitar que perdamos el gran activo y ventaja competitiva  que hasta hoy ha sido, la paz social que sorprendentemente reprochan a los sindicatos los dirigentes del Partido Popular.

Pero volvamos a la acusación que ha derivado en el argumento central de defensa de la Reforma por parte de las más altas instancias del gobierno: el supuesto miedo de los sindicatos a perder privilegios. Más exacto sería afirmar que no se trata tanto de privilegios como de “cuotas de poder”, como acertadamente señala el amigo José Luis López Bulla cuando escribe en un reciente artículo: “No vayamos con zarandajas nosotros: pues claro que el problema central es una lucha de poderes. Como ha sido siempre, faltaría más. De poderes: derechos e instrumentos”.. Porque efectivamente de esto se trata. Y hemos de plantearlo abiertamente, sin miedo a las palabras, explicándolo a la opinión pública, a las trabajadoras y trabajadores en primer lugar.

Por ello, el movimiento sindical español no debería tener ningún complejo en asumir el reto de esta supuesta denuncia del miedo a la pérdidas de derechos sindicales, y afirmar con claridad, en primer lugar ante los trabajadores y trabajadoras, que sí, que quieren cercenar nuestros “privilegios”, es decir el privilegio de defender los derechos e intereses de cada uno y cada una de las personas que realizan un trabajo a cambio de un salario, de los “privilegios” necesarios para la defensa de la dignidad de su condición de trabajador porque en la empresa no deben estar ausentes los derechos fundamentales, ni se puede amparar la arbitrariedad que resulte del  autoritarismo y de la imposición sobre las personas que trabajan.

Quizás, y como efecto ciertamente no querido por sus autores, la reforma laboral se convierta en un estímulo para asumir que, ante las nuevas y mayores posibilidades objetivas del empresario, la mejor y casi única defensa que tenemos es organizarnos en el sindicato, como lo están la mayoría de nuestros compañeros y compañeras de los países que miramos como referencia de derechos y cohesión.

jueves, 2 de febrero de 2012

ANEC II: nos dimos la mano, no cojan el brazo


Joaquim González Muntadas,  Secretario general de Fiteqa-CC.00.  
El reciente acuerdo AENC II firmado por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas supone una importante apuesta para contribuir al mantenimiento y creación de empleo. Así lo hemos valorado los sindicatos firmantes y lo explicamos como un acuerdo útil y necesario para detener la acelerada y constante destrucción de empleo, mejorar la productividad de nuestra economía y nuestras empresas, y contribuir al control de precios.  

El avance de estos apartados constituye, a corto plazo, el único instrumento a nuestro alcance para combatir el gravísimo problema del desempleo, mientras intentamos transitar hacia un tejido productivo más denso, más grande y con mayor valor añadido: incrementar la productividad, mejorar la competitividad y controlar los precios, con la mejora de las relaciones laborales. Y con la negociación colectiva como el mejor instrumento para alcanzar estos objetivos desde la cooperación, la suma de voluntades y el reparto equitativo de esfuerzos y sacrificios. 

A estos objetivos responde el AENC II, y a ello responde la moderación de precios y rentas. Pero no sólo moderación de los salarios, sino también de los beneficios distribuidos en esta situación excepcional, de modo que la mayor parte del excedente empresarial se dirija a inversiones en instalaciones y mejora de la gestión. 
Con esta voluntad y con la esperanza de su eficacia, los sindicatos hemos asumido en este Acuerdo la incorporación de cambios muy notables en las normas que regulan las relaciones laborales e industriales, conscientes de que para muchas empresas y sectores representan cambios bruscos. Unos cambios que aspiran a influir de lleno en la organización del trabajo, en la distribución de la jornada, en la clasificación profesional. 
Hemos apostado por regular y extender mecanismos que potencien la flexibilidad interna como alternativa real a la desregulación laboral, al trabajo precario, al despido fácil, a la eventualidad abusiva. Hemos apostado porque la flexibilidad sea regulada y participada, porque esta potente herramienta facilite la adaptación competitiva de las empresas, favoreciendo con ello una mayor estabilidad en el empleo. Y hemos apostado por potenciar los cauces de participación, información y cooperación en la empresa como alternativa al autoritarismo, a la ausencia de reglas y a la precariedad, que tanto daño han hecho y siguen haciendo a nuestra economía. 

Por todo ello, el AENC II incorpora propuestas que deben ser desarrolladas y pactadas en los convenios, dirigidas a facilitar la atención a  las razones de aquellas empresas que consideren imposible la plena aplicación del convenio colectivo. Al mismo tiempo, se ha querido reforzar el valor del propio convenio colectivo y, en especial, la competencia de los agentes sociales para definir la estructura, las reglas de articulación y vertebración de los sectores y las empresas según sus particularidades. El convenio de sector y la negociación de su aplicación y adaptación a la empresa son dos ámbitos complementarios no sólo en situaciones de crisis, sino también en las situaciones de crecimiento y beneficios. 

En este nuevo marco que abre el AENC II, adquieren especial importancia muchas materias hasta hoy ausentes en la mayoría de los convenios colectivos, como son la regulación de la subcontratación, la externalización productiva y la subrogación de actividades, del empleo y las condiciones de trabajo, de los derechos de información, consulta y participación, materias que deberían estar presentes en las mesas negociadoras con fuerza. 

Más aún, en este nuevo marco deben incorporarse acuerdos formales en relación al destino de los excedentes y beneficios. Y para ello habrá que informar con detalle a los representantes de los trabajadores de sus cuantías, estableciendo a través de la negociación su reinversión expresamente orientada a mejorar la tecnología, la organización del trabajo y la gestión, así como una formación  profesional que permita a las trabajadoras y trabajadores adaptarse al presente y al futuro.  

Acorde con la moderación de rentas, es preciso concretar la fijación de criterios de reparto de los dividendos en las sociedades anónimas, lo cual, concretado en el convenio, debe contar además con los instrumentos adecuados para la verificación sindical. 
En este nuevo marco, es asimismo preciso un cambio radical en lo que hasta hoy representa la nula política de información del conjunto de los salarios pagados por las empresas, en especial los que están fuera de convenio (incluidas las retribuciones del personal directivo). No siendo imprescindible la especificación individual, sí lo es concretar la cuantía global y establecer el criterio de su evolución, de modo que las cifras se puedan cotejar y verificar con las cuentas de explotación de los últimos y próximos años. 
Todos estos aspectos deberían estar presentes en las negociaciones, como a buen seguro estarán la jornada laboral, las condiciones para la inaplicación salarial y otras condiciones laborales, el 0,5% de subida salarial, los nuevos criterios para la cláusula de garantía salarial o el salario variable. 
He titulado este artículo “nos dimos la mano, no cojan el brazo”, porque los documentos de criterios que CEOE y diversas patronales han editado para orientar a sus asociados y a las empresas en la aplicación del AENC II expresan, cuando menos, una lectura muy parcial del Acuerdo. Así lo indican también las decisiones precipitadas de no pocas patronales y empresas que han querido entender que lo que debe hacerse en la negociación de sus convenios es sólo un escaso incremento de las tablas salariales, al margen de que éstas no alcancen en muchos casos el 60% del coste salarial real. Constituye una grave distorsión de la realidad que no se distinga el incremento sobre tablas salariales de la masa salarial efectiva, diferencia necesaria incluso en convenios colectivos con cláusulas de absorción y compensación.  

Defiendo que se ha firmado un cambio radical no solo de moderación salarial, sino de política de rentas, ya que se han incorporando nuevos criterios y referencias para la evolución de los salarios. Por ello nosotros, los sindicatos, hemos de incorporar nuevos criterios salariales que atiendan a la realidad, y a la estructura retributiva efectiva de las empresas. Y cuando hablemos de flexibilidad salarial o de jornada, hagámoslo con iniciativa y reforcemos los derechos de información, participación y transparencia, y desde ellos de negociación, que deben acompañar las nuevas políticas salariales.  
No hemos firmado solamente el 0,5 % de subida salarial, ni el duro capitulo de flexibilidad, ni tampoco la nueva fórmula de revisión o la aplicación del descuelgue, y no vamos a abordar la negociación desde el AENC II sin incorporar las materias que más arriba he apuntado. Y afirmamos que es necesario considerar los cambios y modificaciones que se incorporan en la organización del trabajo y en la jornada para mejorar, como apunta también el AENC II, la conciliación de la vida familiar y laboral. 

El acuerdo es de carácter “obligacional”, “no normativo”, es decir que no es de aplicación directa, sino que requiere que en las negociaciones, las partes - sindicales y empresariales- se ajusten a sus contenidos. Pero el acuerdo obliga a cada una de las organizaciones firmantes a su cumplimiento, como expresión de coherencia y, en definitiva, de fuerza de los agentes sociales. Es necesario que desde la mano con que los sindicatos hemos estrechado la de la patronal no se nos pretenda coger el brazo en los convenios. Porque de hacerlo arruinaríamos lo que entiendo que es la mejor herramienta para mejorar la productividad, la competitividad y con ellas, combatir el desempleo. 

El éxito o el fracaso del AENC II se medirá tanto por los datos objetivos de inflación y de empleo -quebrando la tendencia destructora actual y creando nuevos puestos de trabajo- como por el rigor en su plena aplicación, abordando todas las cuestiones, muchas novedosas, en él planteadas.
 

.

jueves, 12 de enero de 2012

LA FLEXIBILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA INDUSTRIA


Joaquím González Muntadas.

Agradezco sinceramente a los organizadores de este ciclo de conferencias la posibilidad de participar en ellas, ya que pretenden -y sinceramente creo que lo consiguen-, situar la defensa de nuestro tejido industrial en el centro de atención y preocupación de la sociedad y de la acción política (1). 

Una vez más parece que sólo se aprecia lo que se ha perdido, y quizás sea lo que le está sucediendo a nuestra sociedad de nuevos ricos: el humo de las fábricas y la grasa de las máquinas ha provocado grima, y ahora, con sorpresa infantil, nos preguntamos con preocupante ingenuidad ¿qué ha pasado con nuestro tejido industrial?, ¿dónde queda nuestra tradición industrial?, ¿donde está nuestra industria, la que fue el motor de nuestro progreso social?... 

Y la respuesta no es otra que nuestra industria está donde la hemos dejado con la complicidad de todos, de los gobiernos municipales, que han puesto dificultades una tras otra para liberar terreno industrial y destinarlo al uso de servicios o residencial. Comprenderán que desde mi actividad de responsable de una Federación Sindical de Industria tengo anécdotas que nos deberían hacer enrojecer, casos de administraciones de todos los colores expulsando a centros fabriles con futuro porque eran notas disonantes respecto al modelo de ciudad al que aspiraban, disonantes en una ciudad de alta tecnología, de industria limpia y de servicios de alta cualificación, pero nadie se preguntaba a quién prestarán los servicios si cerrábamos la principal receptora de estos servicios, que lógicamente emigran siguiendo a la industria. He vivido movimientos ciudadanos y vecinales que han empujado al cierre de empresas con futuro porque no eran propias del barrio residencial al que habían ido a vivir hacía un año mientras la fábrica estaba allí cien años atrás.  

La industria, nuestra industria, está donde la hemos querido llevar con la escasa potenciación de la formación técnica universitaria y, no sé cómo calificarla, nula, escasa o deficiente y devaluada política de formación profesional. 
Tenemos la industria que ha querido apoyar nuestro sector financiero, la que se ha querido grabar con unos precios del terreno industrial que doblaban los del sur de Francia, por poner un ejemplo cercano. Tenemos la industria que ha soportado el lastre de una política deficiente en infraestructuras de puerto y ferrocarril que encarece el transporte de nuestros productos. Y tenemos la industria que hemos castigado con un coste energético más caro y de peor calidad que la de nuestros competidores. Esta es la industria que tenemos. Parece que está cambiando la sensibilidad social y política, parece que hemos entendido que no hay riqueza sin industria, aprovechamos la ocasión. 
Pero yo he venido aquí a hablar de una de las materias centrales de las relaciones laborales en las empresas y sectores, la Organización del Trabajo, en unas fechas de máxima expectación porque estamos en la recta final de las negociaciones de la concertación social y que, en mi opinión, las futuras medidas que puedan salir de esta reforma, sean con acuerdo o sin él, una vez más corren el peligro de las exageradas expectativas que se espera de ellas. 
  
El peligro y  el error que representa entender que la explicación principal de nuestros males económicos y del paro está en nuestras normas y leyes, y sinceramente creo que no es así. Podríamos coincidir en que quizás representan las medidas más fáciles y más cómodas de tomar, pero oí una vez a un médico que explicaba que peor que no encontrar la enfermedad era que te trataran de una equivocada. Nuestra enfermedad no está en el mercado de trabajo -a pesar de precisar urgentes reformas-, la fiebre de nuestra economía refleja una grave infección motivada por la baja productividad, la falta de financiación, la escasa innovación y los débiles esfuerzos en  la formación.  

Pero el título de la mesa es LA FLEXIBILIDAD LOS RRHH EN LA INDUSTRIA, y para ayudarme a entrar en materia, permítanme que use el truco de los malos oradores y lo haga ayudado de una pregunta retórica: ¿Para qué industria? o mejor dicho ¿para qué empresa industrial queremos hablar de flexibilidad de los RR HH? Y si me apuran  ¿para qué empresario? 

Para ese empresario de la Revolución Industrial de principios del siglo XX y finales del XIX, que describe el profesor Guillermo de la Dehesa (El Empresario del Siglo XXI) como un perfecto "Homo economicus", es decir “hedonista en el consumo, egoísta en la riqueza, individualista en la gestión y estajanovista en su trabajo”?. O hablamos del empresario del Siglo XXI que el mismo profesor define como quien “se adapta a un nuevo entorno económico más abierto, global y complejo, donde los valores del egoísmo comienzan a dar paso al altruismo, a quien su flexibilidad, capacidad creativa y de innovación sustituyen a la rigidez y el trabajo en equipo, un empresario que ya no vive aislado, tiene responsabilidades sociales respecto a sus empleados, los clientes, los suministradores, y un entorno cada vez más competitivo, que le exige una excelencia que sobrepasa sus tradicionales dotes de mando”.? 

Y si hablamos de la empresa, lo hacemos de la empresa taylorista que define el propio Frederick Winslow Taylor como aquella en la que “el trabajo consiste principalmente es una serie de tareas sencillas y no especialmente interesantes y la única manera de conseguir que la gente lo haga es darle incentivos con el perfil apropiado y controlarlos cuidadosamente”?. Para resumir, con palabras del propio Taylor, el promotor de la organización científica del trabajo, cuyas  bases, lamentablemente, están todavía vigentes en muchas de nuestras empresas, cuando define el perfil del trabajador como: "el hombre es un ser tonto que se motiva a través de un interés económico". 
Para esta empresa que existe y para el empresario descrito por Guillermo de la Dehesa del pasado Siglo, donde la base de su organización del trabajo es rígida, autoritaria o no, pero donde encaja mal la iniciativa y la participación de los trabajadores y de sus representantes?. 
  
Para esta empresa que responde a trabajos rutinarios, poco estimulantes, demandantes de poca formación, que responde a trabajos ALGORÍTMICOS, entendiendo éstos como que para resolver un problema difícil, se divide en partes más simples tantas veces como sea necesario, hasta que la resolución se haga obvia?.  

Para esta empresa los instrumentos de flexibilidad que demanda son los que le proporciona la Flexibilidad Externa, la que proporciona al empresario la capacidad para aumentar o disminuir el empleo sin incurrir en grandes costes o sin grandes obstáculos de tipo normativo. Nos estamos refiriendo a empresas asociadas a bajo desarrollo profesional y también bajos esfuerzos en materia de capacitación y de formación específica, como consecuencia de la constante rotación  interna de los trabajadores.  

Una empresa que, descrita así, se nos representa antipática o, como mínimo, poco atractiva para trabajar en ella, es para la que responde en gran medida, por desgracia,  nuestro actual cuerpo normativo y contractual, es decir, nuestras leyes y la mayoría de nuestros convenios colectivos, pensados ​​para la empresa de ayer, pensados para trabajos de bajo valor añadido, de poca formación, y por ello, para trabajadores fáciles de sustituir. Pensados para una industria que podría resolver la flexibilidad que le exige su mercado por la vía de la contratación eventual, a tiempo parcial, y con despido rápido y, a poder ser, barato. Así es como se ha resuelto una parte muy importante de nuestro crecimiento,  basado en sectores como la construcción y sus derivados, con cuotas de eventualidad del 50, 60 ó el 70% en muchas empresas.  

Pero para el empresario del Siglo XXI y para la empresa donde el trabajo requiere de formación permanente, versatilidad, iniciativa de todas las personas que en ella trabajan más allá de su responsabilidad, la empresa de hoy, con jerarquías difusas y organigramas planos, la empresa donde su trabajo es Heurístico porque no hay manual de instrucciones, porque tiene relativos niveles de autonomía y responsabilidad, que necesita formación permanente e implicación y compromiso con la marcha de la empresa, para esta empresa cada vez más compleja, más dinámica y que sobrevive sólo a través de su capacidad de innovación, de reacción y de flexibilidad, para esa empresa nuestro actual mercado de trabajo ha representado su perdición, ya que le ha facilitado, cuando no empujado y viciado, a la flexibilidad cómoda, la flexibilidad externa, la que proporciona poder disponer del 40 y 60% de eventualidad, pero que lleva acompañado que los niveles de compromiso del trabajador con el proyecto de la empresa sean mínimos por no decir nulos. 

Este entorno normativo no ha favorecido la resolución de las necesidades de nuestras industrias, que necesitan flexibilidad interna, entendida como la posibilidad de que los trabajadores puedan realizar unas u otras tareas dentro de la empresa, adaptándose a las necesidades de las nuevas técnicas productivas o a las cambiantes exigencias de los mercados de productos. 

Una flexibilidad basada en el mercado de trabajo interno donde las cualificaciones requeridas de la mano de obra se obtienen fundamentalmente por el reciclaje del personal y la formación permanente, porque la redefinición de las tareas y la reconversión de los trabajadores también es permanente. 

Para esta flexibilidad interna los instrumentos son más complejos, como lo es la propia organización del trabajo, porque son cambios en el tiempo de trabajo, en la rotación de personal en diferentes lugares y tareas, en la polivalencia de actividades, el uso de horas extras, los trabajos en turnos, en fines de semana,  las pausas en la jornada diaria y las semanas de trabajo comprimidas, la redistribución de los permisos anuales (permisos sabáticos, por maternidad y aquellas necesidades de conciliación y privadas que la flexibilidad también debe permitir atender), el teletrabajo, y un largo etcétera, que no se logra con la imposición de las normas y sí con el diálogo y la cooperación en la empresa, que representa el más serio déficit cuando hablamos de las relaciones laborales de nuestro país. 

Solo hay que mirar en el interior de muchas empresas para ver nuestras debilidades, que unidas a nuestro agotado y débil modelo productivo (lo que producimos, cómo lo producimos y a qué precio lo producimos), explican unas relaciones laborales llenas de desconfianza o de confrontación entre empresario y trabajador. Si el objetivo es construir un nuevo modelo que represente una fortaleza para la permanente mejora de la competitividad de nuestras empresas, no hay otro eje que la implicación y la participación de los trabajadores y trabajadoras y de sus sindicatos. 

Detectado el principal escollo, el de la desconfianza mutua, es hora de preguntarnos cómo se articula un modelo que permita a la empresa establecer la adecuada relación entre los costes laborales y la situación de ésta y que, al mismo tiempo, genere confianza en el trabajador y eleve su nivel de compromiso con la mejora de la productividad. Pero eso sí, conscientes de que la productividad es un mix de esfuerzo del trabajador, mejora formativa, aplicación de tecnología, reinversión de excedentes y eficaz gestión, lo que exige compromiso por ambas partes. Y cuando las cosas vayan bien, los beneficios deben ser para todos. 

Necesitamos nuevos convenios colectivos que incorporen, en justa correspondencia a sus instrumentos de flexibilidad, los necesarios derechos de participación e información de los trabajadores y sus representantes, sobre los resultados, los proyectos y la marcha de la empresa. Sólo estos convenios pueden ser la base del cambio de modelo de relaciones laborales, basado en la cooperación y el esfuerzo común. El ejemplo lo tenemos en estos países a los que envidiamos su capacidad de adaptación y su positiva combinación de flexibilidad y seguridad. Pero demasiadas veces se mira sólo una cara de la moneda y se oculta que éstos son también los países con mayor equilibrio, protección social, empleo estable, sindicalización y derechos de formación, de información y participación. 

Dos caras de la misma moneda de las relaciones laborales cooperativas. En una, la necesaria flexibilidad, adaptación permanente e implicación y, en la otra, seguridad, transparencia, información y participación. 

Un modelo de relaciones laborales de cooperación y de flexibilidad interna que precisa más diálogo y de soluciones negociadas desde el necesario equilibrio entre los interlocutores. 

A través de la negociación colectiva se pueden abordar con claridad y valentía los problemas clave de la flexibilidad, tanto en relación con la ordenación del tiempo de trabajo, como los sistemas de contratación y retribución, afirmando la necesidad de tener en cuenta la evolución económica de las empresas y los sectores, la situación de los mercados, la inflación, la productividad, la variación de costes, las inversiones y la modernización tecnológica, etc., así como la relación entre retribuciones variables y objetivos de la empresa. 

Es posible y necesario que los convenios no sólo posibiliten, también estimulen la relación con la formación, la movilidad funcional, el absentismo, la política de igualdad, la apuesta reforzada de solución extrajudicial de conflictos etc. Y todo ello en el marco de una activa y transparente interlocución de las empresas con los representantes de los trabajadores. Y tenemos algunas experiencias no sólo de sectores, también de empresas, grandes y pequeñas. 

Avanzar en esta línea exige a los empresarios confiar en ellos mismos y en su capacidad de negociación y acuerdo, no esperando todo de las reformas legislativas por muy bien que les suene la música que se avecina, porque para que sea eficaz, la letra debe estar escrita conjuntamente por los que después tendrán que llevarla a la práctica. Y a nosotros, los sindicatos, también nos exige tomar clara conciencia de que no estamos jugando en campo contrario cuando hablamos de mejorar la eficiencia del trabajo, ni cuando hablamos de mejorar la productividad y la competitividad de la empresa. 

Pero si queremos avanzar hacia un marco de relaciones laborales que sea una fortaleza para nuestra economía y nuestras empresas, es imprescindible superar la vagancia negociadora de los empresarios, patronales, trabajadores y sindicatos, y de aquellos que siempre han esperado que sean las reformas legislativas las que muevan los obstáculos de un terreno donde prima por definición la autonomía de las partes, de donde han salido y saldrán las mejores prácticas. 
  
Y lo preocupante y criticable que nos debería hacer reflexionar a los agentes sociales es el  hecho, digamos paradójico, de que no haya sido durante el largo periodo de crecimiento, con más y mejores instrumentos, los que dan los beneficios empresariales y, por ello también, la mejor correlación de fuerzas sindical, cuando hayamos acometido la verdadera y útil reforma de la negociación colectiva, de su estructura y de sus contenidos y tengamos que afrontarlo en plena crisis cuando se nos amontonan los problemas. 

Pero como suele suceder muchas veces en la vida y en la historia de las comunidades, lo difícil lo hacemos en los momentos, precisamente, más difíciles. Esperamos que sean estas dificultades un acicate y no una barrera para la modernización de nuestras relaciones laborales. 

Muchas gracias por su atención. 

Joaquim González Muntadas
Secretario general de Fiteqa – CC.OO.


(1) Conferencia organizada por la Fundació Privada del Gremi de Fabricants de Sabadell. 10 de Enero de 2012

jueves, 29 de diciembre de 2011

NO HAY POLÍTICA INDUSTRIAL SIN INNOVACIÓN ÚTIL



Joaquim González Muntadas, Secretario General de Fiteqa-CC.00.


Imaginemos un país en el que la debilidad de la demanda interna no permite impulsar las inversiones privadas;  en el que el déficit de las cuentas públicas es tan elevado que impide la realización de un plan de inversiones públicas capaz de activar el crecimiento económico; un país muy heterogéneo en cuanto a la competitividad de sus empresas,  la calidad de los servicios,  los niveles de rentas y necesidades sociales. 

Supongamos que nos preguntamos acerca de cómo provocar, en este supuesto país,  un crecimiento competitivo basado en la difusión de la innovación. Podríamos pensar en facilitar el acceso de los sectores productivos a la tecnología, al conocimiento y  a las competencias, confiando en que una mayor disponibilidad de estos recursos facilitará su mas provechosa utilización. Sin embargo, poner en marcha esta política precisa una programación nacional e importantes apoyos presupuestarios públicos y  no podríamos hacerlo  puesto que, este imaginario país, ni dispone de recursos públicos, ni su sistema productivo – posicionado en bienes de bajo valor añadido, con una dimensión empresarial baja -  está en condiciones de absorber eficaz y eficientemente esos nuevos recursos innovadores.

Si por el contrario, tuviésemos la fortuna de vivir en un país en el que ya hay conocimiento (a pesar de los desequilibrios estructurales y la escasez de recursos públicos), las competencias y la innovación tecnológica ya existen y están disponibles (prueba de ello son los indicadores de la exportación de algunos segmentos y de los recursos humanos), pero no se utilizan porque el sistema productivo tiene dificultad para relanzarse, sería más fácil imaginar “políticas industriales” de utilización y difusión de la innovación. En este caso ,resultarían más eficaces actuaciones desde el lado de la oferta productiva,  con posibilidad de identificar las innovaciones y difundirlas.

Sin duda en España coexisten los rasgos de cada uno de estos países. Pongamos el ejemplo de un sector central en nuestra economía, la construcción. Existen tecnologías y conocimiento  en materia de construcción sostenible e ingeniería punteras en algunas de sus prestaciones. Sin embargo, la construcción residencial y de servicios, no está proyectada para ahorrar energía ni tampoco para producirla, no tiene una relación estable con la demanda de vivienda. Seguramente impulsar una gran programación de cambio en el sector es una opción bastante más eficiente que una deducción en el IPRF, que para lo único que sirve es para sostener artificialmente las compras. Pero también lo es, y puede ser más eficaz,  impulsar pequeños cambios en los puntos con mayor proyección de futuro haciendo que las normativas,  en todos los ámbitos, vinculen una parte de las nuevas construcciones con los requisitos de futuro: calidad y ahorro de energía. Esta es una opción que además de ser económicamente sostenible para las  administraciones  públicas, es inmediatamente aplicable, y favorece una transformación cualitativa del sector,  actuando desde el lado de la demanda.

Se pueden identificar en muchos campos ejemplos análogos de saltos potenciales de innovación, suscitados por actos administrativos no onerosos: ciclo de los residuos y desechos, textiles técnicos, transportes locales, redes intangibles, seguridad alimentaria, química  farmacéutica, asistencia social, seguridad vial, contaminación atmosférica, etc. En todos estos campos, y seguro que en muchos más, si se piensa en profundidad en el asunto, la demanda de innovación puede ser un acicate determinante para la innovación de las empresas.  Esto es lo que nos enseñan los países más avanzados.

La evolución de la inversión en I+D+i en las dos últimas décadas muestra que la mayor distancia española con la Unión Europea no está en el componente público sino en el privado. Las empresas españolas invierten poco en investigación, desarrollo e innovación, siendo obvio que progresarían mucho más si lo hicieran, puesto que ganarían competitividad con terceros. La tesis, en consecuencia, consiste en reconocer de un lado, la urgente necesidad de superar nuestra historia, llena de tópicos y grandilocuentes definiciones genéricas, muchas veces vacías cuando de la  política industrial y la innovación se trata y , de otro,  sostener que el crecimiento competitivo se puede activar con políticas que impulsen una demanda cualificada que facilite “encontrar” y transferir conocimiento e innovación y actuar sobre la dinámica general del mercado y la demanda del producto. Es decir, analizar con detalle las deficiencias para intentar cubrirlas con medidas concretas y cercanas.

Lógicamente estas medidas pueden acompañarse de recursos públicos cuando no hay financiación suficiente, pero lo importante no es su acepción de gasto sino las facilidades que deben tener  las empresas para incorporar  estos planes y ser capaces  de atender a sus requerimientos. La innovación estaría, pues,  acompañada de instrumentos de apoyo de naturaleza fiscal y crediticia: fondos de garantía (capital riesgo) para reducir el riesgo bancario y facilitar el crédito a las empresas, sobre todo pequeñas que intenten asociarse, para afrontar el salto tecnológico impuesto por el mercado, y de conciertos, con financiación pública, entre las empresas (pequeñas y medianas) con la universidad y los centros de investigación.

El proceso de la política industrial desde abajo, con  identificación de las necesidades y la difusión de la innovación que hemos ilustrado, presupone que hoy padecemos de escasez de demanda y no de innovación y,  lo más  importante: que debe existir un compromiso claro por la innovación de los gobiernos central, autonómicos y locales y también una disponibilidad sindical para situar la innovación y la formación permanentes en el centro de sus políticas, en todos y cada uno de los ámbitos en los que interviene, empezando en las empresas y los sectores, siguiendo en los observatorios industriales, en la negociación colectiva, en el dialogo social, en la concertación local, autonómica y estatal. Ello implica que debemos impulsar  la innovación en todas y cada una de las plataformas de dialogo: patronales, sindicales y administraciones ; crear  instrumentos que impulsen y faciliten la alianza de las pequeñas y medianas empresas  a fin de  mejorar su  tamaño, y tener como objetivo la cooperación innovadora, porque son condiciones hoy todavía posibles pero no de duración indeterminada.

lunes, 7 de noviembre de 2011

LA NEGOCIACIÓN COLECTIIVA. NO SON LAS NORMAS ES EL FONDO


Joaquim González Muntadas*
En estos días de presentación de Programas Electorales y de propuestas para enderezar la grave situación de paro y destrucción de empleo que padecemos volvemos, una vez más, a oír propuestas de “reforma de la estructura y contenidos de la negociación”, dando a entender que nuestro problema, hoy, de las relaciones laborales es de normas y no de fondo; que el supuesto problema de las dificultades de relacionar los costes salariales con la marcha de la empresa y la abusiva flexibilidad externa, (eventualidad y despidos) frente a la interna ( jornada irregular, polivalencias…) es un problema de normas.


Sin embargo, recordemos que se han hecho 4 reformas en tres años y podríamos hacer 101 y seguir con una negociación colectiva pobre, incapaz de ser un instrumento útil y eficiente. Y así, año tras año, actuamos como ese mal entrenador del fútbol, cuyo equipo no gana un solo partido y explica su fracaso por la existencia de la norma del fuera de juego, sin atender a que su problema real es de fondo y que no lo resolvería ni cambiando el reglamento entero.


Antes de encontrar soluciones fáciles, como el cambio cada seis meses de las normas, sería mejor que analizáramos con rigor aquello que debemos mejorar. Para ello sólo debemos mirar, sin sectarismo, en el interior de muchas empresas y ahí podremos ver muchas de nuestras debilidades, que unidas a nuestro agotado y débil modelo productivo (lo que producimos, cómo lo producimos y a qué precio lo producimos), explican unas relaciones laborales llenas de desconfianza o de confrontación entre empresario y trabajador que necesitamos superar si el objetivo es construir un nuevo modelo que represente una fortaleza para la permanente mejora de la competitividad de nuestras empresas. Y no hay otro eje que la implicación y la participación de los trabajadores y trabajadoras y de sus sindicatos.


Las soluciones a nuestros graves problemas las tendremos que buscar en analizar cómo avanzamos en la permanente interlocución entre empresa y trabajadores; en cómo avanzamos en ese modelo al que tantos apelan y envidian: el alemán, el danés o el holandés, los cuales, por cierto, son los más regulados y participativos de Europa. Las soluciones deberemos buscarlas justo en sentido contrario al que parecen pretender tantos predicadores cuyas recetas suponen seguir ahondando en el desequilibrio entre empresario y trabajador, en el autoritarismo empresarial, pues éste es el objetivo real de muchas de las propuestas que se presentan como novedosas, a pesar de ser más antiguas que el hilo negro. Esas propuestas se sostienen en el axioma de que las normas democráticas, legislativas y sindicales dirigidas a la tutela del empleo son nuestro principal obstáculo para generar empleo, y por ello se consideran, un vez más, las normas como la causa principal de nuestros graves males económicos. Una fácil y falsa explicación de nuestros males.


Detectado el principal escollo, el de la desconfianza mutua, es hora de preguntarnos cómo se articula un modelo que permita en la empresa establecer la adecuada relación entre los costes laborales y la situación de la misma, y que al mismo tiempo genere confianza en el trabajador y eleve su nivel de compromiso con la mejora de la productividad. Pero eso sí, conscientes de que la productividad es un mix de esfuerzo del trabajador, mejora formativa, aplicación de tecnología, reinversión de excedentes y eficaz gestión, lo que exige compromiso por ambas partes. Y cuando las cosas vayan bien, los beneficios deben ser para todos.


Necesitamos nuevos convenios colectivos que incorporen, en justa correspondencia, a sus instrumentos de flexibilidad, los necesarios derechos de participación e información de los trabajadores y sus representantes sobre los resultados, los proyectos y la marcha de la empresa. Sólo estos convenios pueden ser la base del cambio de modelo de relaciones laborales, basado en la cooperación y el esfuerzo común. El ejemplo lo tenemos en esos países a los que envidiamos su capacidad de adaptación y su positiva combinación de flexibilidad y seguridad. Pero demasiadas veces se mira solamente una cara de la moneda y se oculta que éstos son también los países con mayor equilibrio, protección social, empleo estable, sindicalización y derechos de formación, de información y participación.


Dos caras de la misma moneda de las relaciones laborales cooperativas. En una cara, la necesaria flexibilidad, adaptación permanente e implicación, y en la otra seguridad, transparencia, información y participación.


Un modelo de cooperación que no se impondrá por ley y menos aún, profundizando el desequilibrio entre derechos y obligaciones, ni desde un mercado de trabajo desregulado, ni con empleo precario. Recordemos ese viejo refrán sueco “quién le paga a sus trabajadores con cacahuetes solo tendrá monos”.


El tránsito a ese modelo cooperativo no será fácil, y a veces incluso podría parecer imposible, si no cambia el talante de amplios sectores empresariales. Es significativa, negativamente significativa, la airada reacción de amplios sectores empresariales ante la reflexión de Joan Rosell, en el Comité Ejecutivo de CEOE del pasado mes de Octubre, cuando relacionó las demandas empresariales de cambios con la posible presencia de representantes sindicales en los Consejos de Administración de las Empresas, que por cierto, no es ni la reivindicación más extendida, ni es hoy la más urgente para el movimiento sindical español, pero nos sirve de ejemplo y reflejo de las fuertes resistencias que todavía hoy existen a modernizar nuestras las relaciones laborales ganando el compromiso e implicación de los trabajadores con el proyecto de empresa desde la transparencia, la información e implicación.


El cambio hacia un modelo de relaciones laborales de cooperación y de flexibilidad interna precisa de más diálogo y de soluciones negociadas desde el necesario equilibrio entre los interlocutores. De lo contrario, la búsqueda de la flexibilidad se convierte en el arma de los fuertes contra los débiles y provoca el debilitamiento de la solidaridad social y graves riesgos para los trabajadores más vulnerables, y es precisamente por ello que precisamos que los convenios colectivos actualicen su contenido y adapten sus ámbitos a las necesidades de los sectores si quieren pervivir como pieza importante de las relaciones laborales.


En esta dirección camina y orienta el Preacuerdo del “Acord Interprofessional de Catalunya 2011-2014” firmado el día 3 de noviembre por los Agente Sociales, que representa una apuesta firme y decidida para poner al día nuestras relaciones laborales desde las reglas colectivas que son los convenios colectivos, la negociación (1). El Preacuerdo de AIC aborda con claridad y valentía la necesidad de abordar a través de la negociación colectiva los problemas clave de la flexibilidad, tanto en relación con la ordenación del tiempo de trabajo, como de los sistemas de contratación y retribución, afirmando en relación con éstos la necesidad de tener en cuenta la evolución económica de las empresas y de los sectores, la situación de los mercados, la inflación, la productividad, la variación de costes, las inversiones y la modernización tecnológica, etc., así como la relación entre retribuciones variables y objetivos de la empresa. Señala asimismo los elementos esenciales a tener en cuenta en relación con la formación, la movilidad funcional, el absentismo, la política de igualdad, la apuesta reforzada de solución extrajudicial de conflictos etc. Y todo ello en el marco de una activa y transparente interlocución de las empresas con los representantes de los trabajadores.


Ahora falta traducir estas directrices en letra de convenio colectivo, adaptado a cada realidad sectorial y de empresa. En esta dirección también ha caminado el XVI Convenio General de la Industria Química firmado el pasado día 19 de octubre. Primero reforzando su estructura y sus cimientos para subrayar de forma expresa su voluntad de seguir siendo un referente claro para el conjuntos de las más de 3.300 empresas y los cerca de 200.000 trabajadores de todo el Sector Químico del estado español, un referente tanto para los que trabajan en los grandes grupos industriales, como en las medianas y pequeñas empresas.


El Convenio Químico ha querido mejorar y adaptar la flexibilidad interna reforzando a la vez la estabilidad del empleo, manteniendo los limites al encadenamiento de la contratación temporal. Ha querido profundizar en los derechos de información y participación y, en esta lógica, incorporar un novedosa apuesta por la formación continua como parte vital del interés e implicación de los representantes de los trabajadores en la empresa. Con incrementos moderados que mantienen el poder adquisitivo de los salarios, pero con reglas claras que permiten la adaptación del coste salarial a la realidad particular de aquella empresa en situación excepcional de crisis o de beneficios. Un convenio que contempla partes del salario en concepto variable, pero con fuerte participación de los representantes de los trabajadores a la hora de fijar los objetivos a alcanzar, si estos son colectivos, u objetiva información si son individuales.


Un convenio que ha renovado sus propios instrumentos de mediación y arbitraje como acicates a la cooperación en la empresa y en el sector, como ha demostrado durante años en los múltiples ámbitos de interlocución que Patronal y Sindicatos han impulsado en medio ambiente, innovación, dialogo europeo, y promoviendo el Foro Permanente Química Sociedad junto al resto de los sectores, universitarios, científicos, profesionales, periodísticos, implicados con la Química.


A estos dos referentes podríamos añadir decenas de Convenios Sectoriales y de Empresa que el Movimiento Sindical deberíamos popularizar, estudiar y compartir por sus aportaciones e innovaciones que nos aportan experiencias que refuerzan el valor de la negociación colectiva, y entre ellos el Acuerdo Marco del Grupo Repsol firmado el 4 de noviembre en el que se ha pactado una garantía de estabilidad en el empleo a la vez que se ha establecido una nueva lógica en la política salarial, relacionando una parte del incremento salarial con el IPC, con los resultados del Grupo en su conjunto (que se aplica tanto a las estaciones de servicio, como a los centros de investigación o a las refinerías) y con la mejora de productividad dede objetivos compartidos, profundizando también los instrumentos de información, interlocución y transparencia.


En estas fecha de programas electorales y de anuncio de reformas, la firma del Convenio General de la Industria Química por CCOO y la patronal química FEIQUE, del preacuerdo del AI de Catalunya firmado por Foment, UGT y CCOO, constituyen, entre otros, referencias para la competitividad de las empresas y la garantía de los derechos de las personas, un peldaño más en las relaciones laborales cooperativas.


Avanzar en esta línea exige a los empresarios confiar en ellos mismos, en su capacidad de negociación y acuerdo, no esperando todo de las reformas legislativas por muy bien que les suene la música que se acerca, porque la letra para que sea eficaz ha de estar escrita conjuntamente por los que luego tendrán que llevarla a la práctica. Y a nosotros, los sindicatos, también nos exige tomar clara conciencia de que no estamos jugando en campo contrario cuando hablamos de mejorar la eficiencia del trabajo, ni cuando hablamos de mejorar la productividad y la competitividad de la empresa.


Es imprescindible superar la vagancia negociadora de aquellos que siempre han esperado que sean las reformas legislativas las que resuelvan el complejo mundo del trabajo y que les resuelva su déficit de cultura de negociación y precisamente el fondo solo lo resolveremos si somos capaces de plasmar en los convenios colectivos, por ejemplo, muchas de las inteligentes propuestas contenidas en el AI de Catalunya, ósea reforzando la cultura de negociación.



(1) La renovación del acuerdo interprofesional de Cataluña
* Secretario General de FITEQA CCOO

sábado, 6 de noviembre de 2010

DESPUÉS DE LA HUELGA DEL 29

INTERVENCIÓN PARA LAS CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ FEDERAL DE FITEQA-CC.OO. REALIZADA LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE 2010.


Hoy seguramente a pocos días del 29 de septiembre todavía no estamos en condiciones de percibir en toda su amplitud el alcance, la dimensión, y las consecuencias de esta movilización. Menos aún sí -como es el caso- pretendemos no ceñirnos a valorar el seguimiento más o menos masivo, importante, débil o mínimo, en las empresas, sectores o colectivos.


Lo primero que hoy queremos hacer es valorar el trabajo realizado por cada una de las organizaciones en la preparación de la Huelga General. Sin duda ninguna, podemos afirmar que el resultado global es muy positivo; también lo es en nuestra Federación. No estoy seguro de que todas las organizaciones confederales puedan presentar este mismo balance.


Las lecciones las adquiriremos del detalle, del resultado de pegar bien la oreja estructura a estructura sindical, centro de trabajo a centro de trabajo. Hoy, la fotografía es panorámica, y podemos afirmar, con rotundidad, que lo que vemos es verde, es positivo; podemos y debemos estar satisfechos del resultado de la huelga y mucho más si consideramos las enormes dificultades que hemos tenido que superar: la propia crisis y, derivados de ella, los temores lógicos a la pérdida del puesto de trabajo, el que fuera dirigida contra un gobierno socialista, y también el feroz y antidemocrático ataque a los sindicatos y a sus líderes realizado por parte de algunos medios de comunicación alineados en la más rancia derecha.


Ahora bien, sin minusvalorar el trabajo y el resultado alcanzado, no podemos quedarnos en la fotografía panorámica; no podemos quedarnos en el campo verde, no podemos quedarnos en la satisfacción general del seguimiento de la huelga, ni en el éxito de la masiva asistencia a las manifestaciones realizadas el pasado 29 de septiembre. Cuando la fotografía deja de ser panorámica y acercamos el objetivo percibimos mejor los detalles, vemos, que hay flores hermosas y flores perfumadas de muchos colores, pero también cardos que estamos obligados a analizar. Sin duda, la respuesta a la movilización no ha sido igual en todos los sectores de la economía, ni en todos los territorios.


Pasada la huelga, es tiempo de debate y de preguntas. Yo tengo un saco de interrogantes, a pesar de que como todos sabemos los interrogantes son caros y las certezas son baratas, aunque no siempre más útiles.


Nuestra Federación tuvo dudas de que fuera acertada la convocatoria de la huelga de funcionarios, pero ninguna duda acerca de la autonomía que tienen las Federaciones afectadas para tomar esta decisión. No compartimos la adhesión a la convocatoria de huelga realizada en Euskadi por los sindicatos ELA y LAB y así lo expresó, en absoluta soledad, nuestra Federación de Euskadi en la reunión del Consejo Confederal de Euskadi en la que se acordó esta convocatoria.


Tengo interrogantes sobre lo que hoy supone la huelga general. Tengo dudas sobre que los sindicatos podamos llamar con éxito a la movilización a sectores sociales que ni representamos ni organizamos, tengo dudas de que la vara de medir el éxito o el fracaso de la huelga sea que las calles estén más o menos vacías, tal y como nos exigimos, y nos exigen mal intencionadamente los medios de comunicación. Para ser más claro, creo que la huelga general se mide en los centros de trabajo, se mide con las empresas vacías y no con las calles vacías


Continúo con los interrogantes. Ya dije en el Comité Confederal que tenía la duda de que acertáramos en el slogan de cierre: rectificación, que el grado de éxito o fracaso de la huelga lo diera el cuanto de la rectificación, la rectificación de la Ley 35/2010. Lo dije allí, y lo repito, este mensaje puede ser una llave de judo que nos hagamos a nosotros mismos, una llave que nos deje bloqueados y, a partir de la cual nos quede tan solo, más de lo mismo: recogida de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular que cambie la Ley de Reforma Laboral, otra manifestación en diciembre y otra Huelga General en febrero. Creo que hay muchas materias, pendientes de desarrollar y negociar, que pueden recoger el capital de la movilización; y creo firmemente que, a la vez, es más que necesario, situar nuevos frentes de trabajo que minimicen los efectos negativos de la reforma laboral, especialmente en aquellos aspectos que se relacionan con la Negociación Colectiva, esta es la tarea que mañana tenemos en el orden del día de esta reunión.


También tengo dudas de sí el conjunto confederal, de si todos nosotros y nosotras, somos conscientes del desgarro, del deterioro - ya sé que va por barrios- que ha tenido la imagen del sindicato, el prestigio de este oficio noble, al que dedicamos nuestros mejores esfuerzos. Me pregunto, si somos conscientes del arañazo que han recibido nuestros liberados sindicales en las empresas, si somos conscientes que, como casi siempre, acaban pagando justos por pecadores, si somos concientes del efecto que tiene la injusticia de aparecer como aprovechados y privilegiados en relación al resto de nuestros compañeros de trabajo de la empresa. Una injusticia que definió muy bien hace ya bastantes años Luciano Lama Secretario General de la CGIL, cuando dijo, en unos momentos de especial dificultad para el sindicalismo italiano: “Cuando el sindicato es fuerte la sociedad y los trabajadores le dan la razón aunque no la tenga, pero cuando es débil, le consideran culpable aunque tenga la razón”


Ante ello, la transparencia en la gestión de los recursos sindicales es nuestra mejor fortaleza; FITEQA-CC.OO, hace varios años que incluimos estos derechos como un activo más de nuestros presupuestos, cuantificando en euros el valor de estas horas de trabajo, dando a estos derechos un tratamiento similar al que damos a las cuotas sindicales; también aprobamos nuestro propio Código de Utilización de los Derechos Sindicales; un Código que ha contribuido a la sindicalización de estos derechos, a su uso más racional y, en definitiva a que fueran percibidos como un derecho colectivo y no individual de la persona que los disfruta.


Pero la verdadera garantía, el verdadero seguro a todo riesgo ante las infamias, no es otra cosa sino la permanente presencia en los centros de trabajo, ser útiles para los compañeros en la empresa, ser capaces de contribuir a mejorar las condiciones de vida y trabajo de las personas que representamos. La consolidación del Sindicato en la empresa es esencial; nuestra práctica diaria, nuestros planes de trabajo (PYMES, Sec. Sindicales, etc.) tienen esa vocación final: más sindicato en la empresa. Hacemos serios esfuerzos en esta dirección, las 300 secciones sindicales constituidas en las empresas que representan el 25% de nuestra afiliación y el 20% del empleo sectorial es un dato de ello, como lo son la media de 2,3 visitas realizadas, en estos nueve primeros meses, a cada uno de los centros de trabajo con menos de 50 personas empleadas incluidos en los objetivos anuales, y -si me apuráis- la mejor expresión de este compromiso es el esfuerzo, económico, humano y material que representa, nuestra firme convicción de que es ahí donde avanzaremos o retrocederemos como sindicato porque ahí es donde más nos necesitan los trabajadores y las trabajadoras.


Pero el análisis no puede quedar sólo en relación al proceso de movilización, CC.OO y el Movimiento Sindical, más pronto que tarde, estamos obligados a analizar lo sucedido en los últimos meses; sobre todo en las últimas semanas, y la repercusión que estos hechos tienen para el sindicalismo español.


Sinceramente, no creo que seamos conscientes de la gravedad que tiene la situación económica, de las dificultades reales que existen en las empresas, que siete de cada diez parados generados en Europa durante el pasado año, lo han sido en España, que en los sectores que FITEQA organizamos hayan perdido 70.000 empleos en 20 meses. Naturalmente que hablamos de estas cosas en nuestros discursos, en nuestros documentos, pero ¿realmente las incorporamos a nuestro trabajo como un factor determinante a la hora de definir nuestra acción?


No voy a resaltar aquí cifras de paro, expedientes de crisis, déficits de formación, pérdida de productividad, desplazamientos de producciones curiosamente -al menos en algunos de nuestros sectores- a una Alemania que ha mejorado su competitividad en términos no ya de calidad sino de coste unitario; algunos de estos datos están incorporados en el documento que mañana debatiremos referido a la negociación colectiva. Poner fin a esta sangría implica abordar y modificar las causas que la producen.


El diagnóstico que hemos realizado acerca del contexto global no ha puesto, o no lo ha hecho suficientemente, en primera línea la penosa situación de las cuentas públicas con un fuerte desequilibrio entre ingresos y gastos, con una estructura, puesta en marcha en época de bonanza, de dudosa eficacia económica y redistributiva


Sabemos que el ajuste del presupuesto no va a crear empleo. Por el contrario, a corto plazo ralentizará el crecimiento de la actividad económica, pero aún así somos conscientes que es inevitable avanzar en el equilibrio presupuestario y la reducción del déficit para el futuro económico de España, y esto tenemos que decirlo. Tenemos que decir -como ya decimos- que los ingresos fiscales son insuficientes, pero también hemos de decir que no todos los gastos públicos son positivos para la economía de un país, que tenemos una estructura del gasto público de dudosa eficacia para la defensa de los intereses de la mayoría de la población, que el dinero público no es inacabable, y lo es menos cuando este Gobierno, y los que le han precedido, han destruido las bases fiscales sobre las que se asientan los ingresos, han desarrollado una política económica incapaz de abordar el agotamiento de un modelo productivo que todos consideraban desequilibrado pero sobre el cual, todos, renunciaron a intervenir.


Sin lugar a dudas, de nuestros males económicos el de mayor calado es la debilidad e insuficiencia de nuestro aparato productivo y es, precisamente, este déficit él que debiéramos incluir con mayor fuerza en el diagnóstico de la crisis. Obligándonos con ello a que todas nuestras propuestas de acción sindical, de política reivindicativa, se concentren en este problema, buscando que, en una primera etapa, la referida al necesario ajuste, la destrucción de empleo, sea la menor posible, para de la manera más rápida posible, a partir de las nuevas bases industriales y productivas, podamos crear empleo.


Durante la última década el motor del crecimiento económico y del empleo ha sido el aumento constante y sostenido del consumo, pero hoy, el motor de crecimiento y por ello del empleo está en el aumento de la productividad de nuestra economía y de nuestras empresas, en el aumento de la competitividad de nuestros productos. Dicho de otra manera -igual poco ortodoxa- no hay Presupuestos Generales del Estado ni políticas de gobierno que por sí solas levanten esta situación, para crear empleo es necesario reactivar la economía real: producir en España o más bienes y servicios, o bienes y servicios de más valor; y para ello se han de mejorar calidad y precio. Mejorar el valor añadido de los productos es un proceso lento y difícil al que no podemos renunciar para el futuro y que se debe impulsar con todo el esfuerzo posible; mejorar la productividad requiere avances en la formación profesional de los trabajadores y en la cultura de la empresas, en la estabilidad en el empleo; pero, a corto plazo, no se pueden esperar milagros en esa dirección, para reactivar la economía productiva a corto plazo es necesario competir en precios y ahí, el papel del sindicato, sus políticas y sus iniciativas en la empresa y en los sectores es vital.


Y, en coherencia con esta línea, deberíamos interrogarnos acerca de sí, hasta hoy, en las empresas, a la hora de abordar la crisis nuestra práctica ha sido la más acertada; en muchas ocasiones hemos afrontado el ajuste de plantilla, casi de forma automática y por oficio, suprimiendo, primero las ETT, y luego los empleos de los eventuales, hemos presentado este ajuste como si se tratará de “medidas no traumáticas”, y, con ello, hemos evidenciado -queriendo o no- que estos colectivos de trabajadores -en numerosas ocasiones formados por personas jóvenes que desempeñaban su primer empleo y para las cuales se trataba de su primer contacto con la acción sindical- no forman parte de nuestro proyecto sindical en la empresa. En muchas empresas hemos sido más radicales, dudo que con acierto, a la hora de denunciar las dobles escalas salariales que en la defensa del empleo de estos colectivos. Hemos dado con ello, la sensación de que el sindicato se siente más representante de los intereses de unos colectivos que de otros.


Esta situación, ¿es así siempre y en todos los ámbitos? no, por supuesto que no. Con gran satisfacción lo pudimos comprobar en nuestra Conferencia Programa de Tarragona, analizando experiencias novedosas y muy positivas que han sabido reflejar el compromiso sindical a la hora de garantizar y defender el empleo. Eso sí, sobre la base de repartir los esfuerzos y de entender la necesidad de los sacrificios para mantener el empleo frente otras salidas, seguramente más sencillas y más fáciles, tales como las descritas anteriormente.


Reconozco que el entorno general no ayuda. No ayuda la actitud de toda nuestra clase dirigente, sea esta política, social o económica; ejerza de gobierno o de oposición, que se presenta ante los ciudadanos como titanes caídos del cielo capaces de resolver todos sus problemas y de satisfacer todas sus necesidades en un plis plas, que se dirigen a la gente como si fueran niños, dando soluciones fáciles a problemas difíciles. Esto, sin lugar a dudas hace más compleja, sino imposible a veces, una política sindical realista y coherente; una política que nace de nuestro contacto con la realidad, pura y dura, que viven las empresas y los sectores; una realidad que admite pocas filosofías y eslóganes, que precisa de alternativas y propuestas sindicales, no pocas veces, llenas de sacrificios pero que, en el fondo, vuelvo a insistir, estas alternativas son las que nos hacen útiles a los trabajadores y trabajadoras que representamos.


Tampoco la posición que frente a la crisis mantiene la Confederación Europea de Sindicatos nos es de gran ayuda. Y menos con el eslogan con el que arropa su oposición a las medidas de ajuste y presenta las movilizaciones europeas: “Contra la austeridad”; es un slogan que lleva, en el mejor de los casos, a la confusión, cuando no al equívoco sobre cuales son las alternativas del movimiento sindical para afrontar la crisis; unas alternativas que, por supuesto, nada tienen que ver con el despilfarro y, si mucho con la austeridad, la equidad en los sacrificios, la solidaridad y el trabajo bien hecho; son estos conceptos desde los cuales la mayoría de los trabajadores y trabajadoras entienden que podemos superar la crisis. Tampoco ayuda presentar como mandatos de Europa, las medidas duras e injustas que adoptan los gobiernos nacionales, con ello, en la práctica no hacemos sino alimentar un sentimiento antieuropeo que se contradice con el repetido lema de la CES: “más Europa”.


Es la ausencia de un adecuado diagnóstico inicial de la crisis, lo que nos está suponiendo una dificultad real para percibir y asumir la realidad que se vive en las empresas y con ello que la prioridad y preocupaciones de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras no es otra sino el empleo y la lucha contra el paro. Esta dificultad la expresan -en parte- los objetivos de política salarial que situamos para el 2009. Unos objetivos que no hacían mas que seguir la errática política salarial para los empleados públicos puesta en marcha, no sólo por el Gobierno Central, sino por todas las Administraciones Públicas sin excepción. Establecimos unos objetivos salariales que confrontaban con las previsiones reales del crecimiento negativo de nuestra economía, y con la expectativa de un IPC muy bajo; la consecuencia fue que la mayoría de los convenios colectivos quedaron bloqueados hasta el último trimestre del año para que luego, en octubre, con una inflación real por debajo del 1%, se desbloquearan -en la mayoría de los casos- considerando el 0,8% como la referencia de inflación más extendida. Es cierto que nuestra Federación no vivió el bloqueo de la revisión de nuestros convenios pero cabe recordar que este hecho se explica, en una parte muy importante por las cláusulas de revisión salarial contempladas en muchos de ellos, sean de Grupo Industrial o de Sector; se trata de cláusulas que atienden, tanto la posibilidad de que el IPC de final de año sea superior como inferior al incremento salarial inicialmente establecido; cabe decir que no sólo no se ha extendido suficientemente esta filosofía de cláusula de revisión como hemos podido comprobar este año en el Convenio del Vidrio y Cerámica, en el cual UGT propone fijar el incremento salarial en relación a la inflación pasada y, consecuentemente, renunciar a cualquier tipo de cláusula de revisión salarial. Se trata de un cambio que no se sí debemos , o no, realizar, pero de lo que sí estoy seguro es de que la decisión tiene mucha enjundia y repercusión, y que por ello, merece un reflexión que no sea el resultado de una posición coyuntural cuya única pretensión es evitar el debate riguroso y valiente de una cláusula de revisión salarial capaz de garantizar, de verdad, lo pactado; esta situación del Convenio del Vidrio y Cerámica se ha producido ya antes en decenas de convenios y se han firmado renunciando a este tipo de reflexión.


Volviendo a la política salarial; debemos significar que ésta no puede desdibujar, lo que debe ser nuestro objetivo principal: la defensa del empleo. Y por ello nos deberíamos reafirmar en la validez –y la necesidad- de una política salarial que impulse propuestas de reparto del sacrificio a favor del empleo en aquellos sectores y empresas en los que la realidad ha sido –está siendo- muy dura en estos dos últimos años. Una política sobre la cual reflexionamos en la Conferencia Programa de nuestra Federación celebrada el pasado enero en Tarragona, cuyo contenido recomiendo volver a leer en estas fechas en las que vamos a iniciar la elaboración de los criterios de negociación colectiva para 2011.


Seguramente queríamos responder a estas cuestiones en el pasado AINC cuando decíamos, aunque con poco éxito, que los esfuerzos en los apartados de salarios y beneficios reforzarían el valor de la negociación colectiva y deberían ser compensados a largo plazo con un mayor desarrollo de los sistemas de protección social. Pero no hemos tenido suerte, se nos han mezclado discursos contradictorios, planos de negociación diferentes, se han atropellado políticas y cambios de dirección por parte del Gobierno y este discurso ha quedado en un segundo plano.


Durante estos dos años CC.OO. y UGT nos sentamos en la(s) mesa(s) de negociación convencidos de que teníamos un aliado poderosísimo: el Gobierno. Sin embargo, el Gobierno, pasó de sus promesas de reforzar los instrumentos de interlocución entre los agentes sociales como la base necesaria para la mejora de la competitividad y la productividad de nuestras empresas, a poner en práctica reformas unilaterales de desregulación y facilitación del despido ya sea éste individual o colectivo.


Sabemos que la reforma del mercado de trabajo no generará empleo, entre otras cosas porque no deja de ser un batiburrillo de medidas carentes de un plan de objetivos identificables. Más que buscar soluciones a problemas concretos, parece querer contentar a muchas partes. La temporalidad seguirá existiendo, las facilidades para el despido aumentan sin contrapartidas de intervención sindical en los proyectos empresariales. El incentivo a los malos empresarios, a la gestión empresarial de corto alcance y al autoritarismo se fortalece. En conjunto un error estratégico llamado a tener gravísimas consecuencias para el mundo del trabajo, para las personas que representamos.


Este fracaso de la negociación se produce en unas circunstancias que toda la sociedad -y los trabajadores y las trabajadoras más que nadie- percibe como de emergencia; porque emergencia es el insostenible incremento del desempleo, que la tasa de paro femenina sobrepase ya el 20%, que el paro juvenil alcance unos niveles que empiezan a romper la ley de la resistencia y elasticidad social; una ley, coincidente con la de elasticidad de los materiales: el material se rompe por haber perdido su cohesión interna; pues eso es lo que nos puede acabar sucediendo que se produzca la ruptura social y generacional.


Es imposible analizar el fracaso de la concertación social sin tener en cuenta que la Patronal ha cambiando la piel. Precisamente en este delicado período, ha pasado de una CEOE potente, dura pero muy autónoma y con fuerte liderazgo, con Cuevas de Presidente, a otra que ha cambiado constantemente de discurso, que respira aires de conspiración, y que aparece debilitada en el liderazgo y diluido su poder y capacidad de decisión y todo ello, en una permanente sensación de provisionalidad que deberá resolver, ojala así sea, en su próximo proceso de renovación.


El resultado, es que se ha quebrado una línea maestra de nuestra política: el diálogo social; pero, al menos es bueno que recordemos, o aprendamos, alguna lección. La primera es que se puede morir de anemia o de empacho y creo que el gobierno casi nos mata de empacho negociador en decenas de mesas en las que, sin embargo nunca termina por alcanzarse un resultado final, ya sea la ley de educación, la de economía sostenible, la política industrial o la reforma de las cajas de ahorro; como ejemplo veamos lo ocurrido en este último caso, después de kilos de papel, seminarios y conferencias, la Ley de Cajas se resuelve con la llamada, un domingo por la tarde, del Presidente del Banco Santander y él de la Caixa al Presidente del Gobierno y al Jefe de la Oposición; el lunes siguiente, reúnen Zapatero y Rajoy y el viernes se aprueba la ley, y algo parecido está ocurriendo con el Pacto Energético, que están negociando PP y PSOE.


Aprendamos de la experiencia vivida y pongamos orden a nuestras prioridades. A veces parece que todo gira entorno a la concertación, parece que no hay más vida sindical que las relaciones con el Gobierno Central y con los Autonómicos; o eso puede parecer si observamos y medimos los tiempos y esfuerzos que ponemos a disposición de este trabajo en comparación con la acción sindical en la empresa y en los sectores.


Pongamos en su sitio nuestras posibilidades reales de influencia en la política general, tengamos la modestia de aceptar que somos un Sindicato y que no queremos ser más que un Sindicato porque no queremos correr el riesgo de dejar de serlo. Aunque nos digan desde dentro y desde fuera, de forma bien intencionada que somos la última trinchera de defensa ante el neoliberalismo, no nos podemos, ni nos pueden pedir, que sustituyamos la debilidad de la política.


Aunque obvio, creo que debemos seguir recordando que nuestro déficit, y así está ya debatido y aprobado en los últimos Congresos Confederales, no está en nuestra actividad socio-política -por llamarla de alguna forma- está en la empresa, está en nuestra capacidad de representar e influir en el como se trabaja, en qué se trabaja, dónde se trabaja y quién trabaja. Nuestro déficit está en como influimos en la humanización de las condiciones de trabajo, en la seguridad del puesto de trabajo, en la cualificación y la organización del trabajo, en como somos parte activa y principal de la transformación que viven las empresas centralizando funciones, descentralizando decisiones, etc… Nuestro déficit esta en arañar derechos colectivos e individuales para los trabajadores y trabajadoras, en avanzar en la participación de éstos y de sus sindicatos en la marcha de la empresa: es en estos aspectos en los que tenemos, sin duda, muchos más déficits de propuesta, iniciativa, debate y reflexión sindical, que en los relativos a las políticas públicas. En este último campo tenemos propuestas para todos los frentes y, con ellas, nos dirigimos a todos los gobiernos ya sean autonómicos, central, europeo o mundial; sin lugar a dudas estas iniciativas son necesarias, pero al ocupar la mayor parte de nuestra de la actividad de CC.OO nos deberían hacer pensar en como equilibramos nuestros escasos medios y esfuerzos para mejor avanzar en nuestros intereses sindicales.


Jamás habíamos tenido tanta presencia pública, como en este período, tanto protagonismo político, por llamarle de alguna forma, un protagonismo que es todavía mayor si lo comparamos con el papel del sindicalismo en la mayoría de los países de nuestro entorno. Demasiadas veces el Movimiento Sindical olvidamos que la política, mejor dicho los partidos y gobiernos, tienen sus reglas y que no soportan bien a los sindicatos, los toleran, los usan, los temen y tan pronto como pueden los debilitan. El fracaso de la negociación vivida en este año largo supone, que por el momento, han triunfado los argumentos de aquellos que reclaman para las cámaras legislativas toda su capacidad legisladora, que buscan la cancelación de un modelo de concertación social, capaz de condicionar de manera fuerte el proceso de elaboración de la legislación que afecta a los trabajadores. Si esto se consolida, los sindicatos saldremos malparados en el necesario equilibrio que debe de existir entre los papeles que han de desempeñar los partidos y los sindicatos en la vida política y en los mecanismos de representatividad de la sociedad.


El Gobierno ha anunciado que va a hacer el estirón del vago y que piensa aprobar con nota el examen del ECOFIN y del FMI; quiere exculpar los pecados de su errática política económica, para ello ha encontrado, ya, una mayoría parlamentaria en la que sustentar los presupuestos y sus reformas: política de gasto social, reforma laboral, reforma de las pensiones y ante ello, no tengo la menor duda, nosotros hemos de tocar con todas las manos tanto las teclas de la movilización como las de la negociación, hemos de sostener la tensión y la movilización, claro que sí, pero con el objetivo de abrir los necesarios canales de negociación en materias muy importantes: pensiones, reforma de la negociación colectiva, políticas activas (particularmente la formación para el empleo), y, naturalmente todos los desarrollos reglamentarios de la ley de reforma.


Ahora se nos ha llamado a la negociación para la sostenibilidad de los sistemas de protección social; ni podemos ni debemos negar la evidencia de que es necesario ajustar el sistema a las nuevas realidades demográficas para garantizar con ello la viabilidad de un sistema de reparto que facilita la cohesión social. CC.OO estamos seguros, en este frente nadie nos ha ganado ni en propuesta, ni en rigor a la hora de proponer y acordar, y, no tengo duda que así seguirá siendo, por nuestro bien y el de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.


Hemos vivido dos años durísimos; nosotros sabemos, más que nadie, que, en contra de lo que se nos ha dicho, la crisis no dura dos meses y, luego, de manera milagrosa, se produce la recuperación, por eso necesitamos acercar nuestras propuestas hacia aquello que las personas consideran como su principal problema: el paro. Necesitamos redefinir nuestra política, nuestro programa de acción; es preciso actualizar lo aprobado por el último Congreso Confederal que estaba pensado para una realidad de crecimiento económico y creación de empleo y no para abordar una situación de crisis y 4 millones de parados.


Por eso es muy oportuna la insistencia con la que la Confederación de CC.OO llama a la suma de esfuerzos en todos los ámbitos políticos, sociales y económicos. Expresando con ello que la mayor empresa colectiva de los españoles hoy consiste en no perder, en perder lo menos posible. Se necesita hacer más con menos, preservando los elementos básicos del estado del bienestar, aunque para ello sea necesario ajustar sus prestaciones. Este ha de ser un objetivo de país, y el lugar de encuentro de todos. Pongámonos a ello y afinemos, también CCOO, nuestra política y propuestas para alcanzar este objetivo porque este Sindicato quiere y además puede.



Joaquim González Muntadas.
FITEQA CCOO