Joaquím González Muntadas
Director de Etica Organizaciones SL
Cuando desde el año 2007 llevamos destruidos más de la
cuarta parte de nuestro tejido industrial, ya no hay institución política
económica, social o científica que no reclame con urgencia la necesidad de
potenciar nuestra industria, más de lo que hemos hecho en décadas pasadas. Que
no entienda que la posibilidad de afrontar o no la salida sana y robusta a la
grave crisis que padecemos, dependerá del éxito o del fracaso que tengamos en
la necesaria reindustrialización y en el cambio del modelo productivo.
Ante esta necesaria recuperación del sector industrial es
de mucho interés analizar la Industria Química Española para resaltar su ejemplo, por
la capacidad de respuesta que ha demostrado. Se ha convertido en un sector
determinante de nuestra economía y por ello un sector industrial a cuidar,
mimar y potenciar. Y a imitar en muchos de sus comportamientos, tanto en el
terreno de la innovación, la internacionalización y la creación de alianzas,
como en sus esfuerzos por la sostenibilidad. También por su sólido y
avanzado sistema de relaciones laborales sustentado en el Convenio General de la Industria Química ,
renovado el pasado mes de julio.
Las cifras de la evolución de la Industria Química Española hablan por sí solas: 56.400
millones de euros de negocio en 2014, lo que ha representado un incremento del
13% en su contribución al producto industrial bruto; es el segundo sector
industrial con mayor valor añadido tras la Industria de la Alimentación ,
y ha realizado unas ventas al mercado exterior de 32.000 millones de euros.
Una industria cuya continuidad y mejora dependerá, en
primer lugar, de las propias empresas y grupos industriales químicos,
nacionales y multinacionales. Pero también dependerá de otros muchos factores
sobre los que tienen mucho que decir y hacer los poderes públicos, autonómicos,
nacionales y europeos, porque de su gestión y de sus políticas depende la
necesaria mejora de las infraestructuras, del transporte y la logística. De los
poderes públicos depende la regulación de la gestión de los residuos y que los
marcos regulatorios sean o no previsibles y estables. De manera muy particular,
de la política de los gobiernos depende la posibilidad de remover o no los
obstáculos que pueden dificultar la consecución de unos costes energéticos que
permitan mejorar la competitividad de nuestra industria en general, y, de forma
muy particular, de aquellas industrias de gran consumo energético.
Mucho depende de la política del gobierno, de su voluntad
de atender y cuidar, o no, las actuales dificultades que padecen algunas
empresas industriales que tienen su futuro seriamente comprometido por los
costes energéticos. Un caso especialmente ejemplificador, por su dimensión y
posibles graves consecuencias, será su intervención en relación con la urgencia
que se plantea para resolver los problemas que está padeciendo hoy
Inovyn-Solvay en Martorell, una empresa de referencia en la industria química
española.
Solvay es una fábrica con más de 40 años de actividad que
hoy tiene su futuro gravemente comprometido por una cuestión meramente
administrativa. Sin que de su gestión se haya derivado perjuicio alguno, ni
para el sistema eléctrico, ni para la administración, ni para los ciudadanos,
incomprensiblemente la Resolución del Secretario de Estado de Energía la
excluye de la interrumpibilidad en 2015 y en 2016.
¿Qué es la interrumpibilidad eléctrica para las industrias
grandes consumidoras de electricidad de este país? Pues es un sistema por el
cual, a cambio de estar sujeto a la posibilidad de dejar de consumir grandes
cantidades de energía de forma inmediata, se recibe un descuento importante en
la factura eléctrica. Con ello se posibilita a las industrias que son grandes
consumidoras de energía tener un coste eléctrico más competitivo, aunque resulte
todavía superior al de los principales países europeos (Alemania, Francia,…).
Ahora, más allá de circulares administrativas, la
pregunta es muy clara. Y la respuesta urgente que se precisa, como
reclaman los trabajadores de Solvay, debería ser todavía más clara si cabe,
¿Cómo va a evitar ahora el Ministro de Industria que una empresa, sólida y
líder del sector químico, se cierre? Y con ello, ¿cómo va a evitar la pérdida
de 500 puestos de trabajo directos y los más de 2.000 empleos indirectos? Éste
es el grave riesgo que denuncian con contundencia los representantes sindicales
de una plantilla acostumbrada a la lucha diaria y a grandes esfuerzos, que ha
sido un ejemplo en el sindicalismo europeo por maduro e innovador desde 2007
para conseguir mantener su empleo y la fábrica operativa en los perores
momentos de la grave crisis económica que hemos vivido.
Y aún más grave si cabe. ¿Cómo vamos a atraer nuevas
inversiones a nuestro país, con más de un 22% de tasa de paro y tan necesitado
enla Industria en general y particularmente en la Química ,
con precedentes como el que puede padecer Solvay?
La otra pregunta que deberíamos hacer a los máximos
responsables del Ministerio de Industria es si, más allá de las continuas
declaraciones de apoyo a la industria, entienden que Política Industrial es la
acción política dirigida a apoyar que las empresas y los sectores se doten de
capacidades y recursos que les permitan competir y afrontar la evolución de los
mercados. Porque si así fuera, es de esperar que con urgencia éstos sean
capaces de encontrar una solución que evite el cierre de una industria con un
sólido presente y un futuro prometedor.
Inténtelo por favor Señor Ministro, el esfuerzo merece la
pena.
